DERECHO DE ACCESO AL CONTRATO SOCIAL Y A SUS REFORMAS POR ASOCIADOS Y TERCEROS

Oficio 220-023092 Del 05 de Marzo de 2013

 

ASUNTO: Derecho de acceso al contrato social y a sus reformas por parte de los asociados y terceros.

 

Me refiero a su escrito radicado en esta superintendencia con el número 2013-02-001420, mediante el cual consulta si un miembro de junta directiva de una sociedad por acciones simplificada, quien a su vez es accionista de la misma, tiene derecho a solicitar y a que le sean entregados los estatutos de la compañía.

 

R/. Sobre el particular, le informo que la manifestación individual de un miembro de junta directiva no resulta suficiente para solicitar documentos de la sociedad y que le sea entregada copia de los mismos, porque se hace necesario que el requerimiento sea efectuado por el órgano con las mayorías exigidas para tomar la decisión; no obstante, independientemente del tipo societario que se trate, tanto la escritura pública de constitución y sus reformas posteriores, en el caso de las sociedades contempladas en el Código de Comercio, como el documento privado de constitución de una sociedad por acciones simplificada, deben ser inscritos en el Registro Mercantil con el fin de resultar oponible su contenido (Arts. 111 del Código de Comercio y 7º de la Ley 1258 de 2008, respectivamente) y dado el carácter público del registro mercantil (Art. 26 Código de Comercio), éstos resultan de libre acceso, tanto para asociados, como para terceros.

 

Así las cosas, bajo el precepto de publicidad que acompaña los estatutos sociales de una compañía, no existe impedimento alguno para que los asociados de una compañía, cualquiera sea su tipo, puedan acceder, en cualquier momento, a los estatutos sociales de la misma, ya sea a través del examen que de ellos permitan efectuar los administradores sociales, o con ocasión del conocimiento que de ellos pueda obtenerse a través de la cámara de comercio donde se encuentre inscrita la compañía.

 

En los anteriores términos se ha dado respuesta a su consulta, los cuales tienen el alcance a que alude el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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