PROCESO DE REORGANIZACION : BENEFICIERIO DE TITULO VALOR FRENTE A CODEUDORES

Oficio SUPERSOCIEDADES 220-022077 Del 04 de Marzo de 2013

 

Ref.: Radicación 2013- 01- 003348

Opciones que otorga la Ley 1116 de 2006 al beneficiario de un titulo valor frente a los codeudores o garantes dentro del proceso de reorganización. Situación de los contratos de leasing.

 

Aviso recibo del escrito en referencia, a través del cual formula las siguientes preguntas relacionadas con el proceso de reorganización contemplado en la Ley 1116 de 2006, a saber:

 

“1. El codeudor de un pagaré es considerado como una garantía personal, para los efectos previstos en la Ley 1116 de 2006.

 

2. ¿Existe algún plazo para que el acreedor pueda iniciar un proceso ejecutivo en contra de los garantes o codeudores, en el evento establecido en el parágrafo de la cláusula 70 de la Ley 1116 de 2006? ¿El acreedor puede iniciar el proceso ejecutivo en contra de los garantes o codeudores y qué condiciones existen para ello, después de suscrito el Acuerdo que establece las nuevas condiciones de pago de las obligaciones del deudor que se acogió al régimen de insolvencia?

 

3. ¿En qué estado quedan las obligaciones frente a los codeudores y garantes después de la firma de un Acuerdo? ¿Se puede demandar ejecutivamente a estos por el no pago de las obligaciones en las condiciones inicialmente pactadas con el acreedor y que fueron modificadas en el Acuerdo? ¿Las obligaciones del deudor que se acogió al proceso de reorganización quedarían con condiciones distintas, unas para éste, las cuales quedan establecidas en el Acuerdo, y otras para los codeudores y garantes, que corresponden a las inicialmente pactadas con el acreedor?

 

4. ¿Los acreedores que votaron positivamente la firma de un Acuerdo de Reorganización o un Acuerdo Extrajudicial de Reorganización que fueron confirmados y se encuentran en desarrollo, pueden (i) continuar con los procesos ejecutivos que estaban en curso en contra de los codeudores o garantes al momento de iniciarse el proceso de reorganización por el no pago de las obligaciones en las condiciones inicialmente pactadas con el acreedor y que fueron modificadas en el Acuerdo o (ii) iniciar procesos ejecutivos en contra de los codeudores o garantes por el no pago de las obligaciones en las condiciones inicialmente pactadas y que fueron modificadas en el Acuerdo? Si no es viable, los que votaron negativamente el Acuerdo lo podrían hacer?

 

5. Cuando en un contrato de Ieasing existen varios locatarios (colocatarios) y uno de ellos entra en un proceso de reorganización, ¿es posible solicitar la restitución del activo que hace parte del leasing a los otros locatarios que no se encuentran en el proceso de reorganización por la mora en el pago de los cánones? ¿Se puede exigir el pago de los cánones que se encontraban en mora a los demás locatarios en las condiciones establecidas en el contrato de leasing, antes de la admisión al proceso de reorganización? ¿En qué se podría hacer y en cuáles no?”.

 

Para responder los interrogantes planteados, previamente se le advierte que en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la facultad de la Superintendencia de Sociedades para absolver consultas vía administrativa se circunscribe a emitir una opinión de carácter general y en abstracto sobre asuntos societarios regulados en la Legislación Mercantil por lo que asuntos contractuales y/o jurisdiccionales escapan al ejercicio de tal atribución como se pretende; igualmente se le pone de presente que los efectos del presente pronunciamiento son los señalados en la mencionada disposición.

 

Efectuada la anterior precisión, con relación al PUNTO 1º bastan algunos apartes del Oficio 220- 26144 publicado en Internet el 30 de junio de 2001, cuando tratando el tema del crédito hipotecario la Entidad expresó:

“(….)

2- De las garantías y del pago con subrogación en la legislación civil.

Por regla general en la legislación nacional la garantía constituye una modalidad contractual que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella, y en ese sentido siempre tendrá carácter de accesoria.

 

Tiene sentido su existencia en la medida en que la prenda común o general a favor de los acreedores de un deudor pueda menguarse o estar comprometida en términos tales que no resulte suficiente para cumplir las obligaciones contraídas o que solo puedan atenderse parcialmente. De allí que los acreedores puedan exigir a sus deudores la constitución y otorgamiento de garantías para cubrirse de las eventualidades que lleguen a afectar la capacidad de pago de éstos ya sea que provengan de su voluntad o de circunstancias ajenas a ella, como por ejemplo la mala fe, la impericia, la fuerza mayor o el caso fortuito, etc. incluso se ha ocupado el legislador de establecer la obligatoriedad de constituir garantías idóneas y suficientes para el cubrimiento de ciertas obligaciones que suponen la tutela de un interés general como el ahorro público, cuando las entidades bancarias realizan operaciones activas de crédito.

 

La doctrina tradicional ha clasificado las garantías en dos grandes grupos: las personales y las reales. Dicha clasificación obedece a la naturaleza de los derechos que surgen de su constitución, según se trate de derechos de crédito o frente a determinadas personas o, de derechos sobre los bienes objeto del contrato de garantía. Ejemplo típico de garantía personal es la fianza y de garantías reales la prenda y la hipoteca. Todas ellas constituyen seguridades adicionales a la solvencia del deudor y, por regla general, tienen vocación de hacerse exigibles ante el incumplimiento del deudor y se extinguen paralelamente con la obligación principal garantizada.

(….)”. (Negrilla nuestra).

 

Consecuentes con lo expuesto, dada la naturaleza el pagaré se clasifica dentro del denominado grupo de garantías personales que puede otorgar el deudor (Sociedad) para asegurar el cumplimiento de la obligación por ella adquirida. Pero, aunque la pregunta es confusa, si de lo que se trata es preguntar por la situación de las personas que firman conjuntamente el título valor en su condición de deudor solidario o sin determinarla o simplemente ante el silencio de ello, se ha entendido que se obligan solidariamente, tal como lo dispone el artículo 632 del Código de Comercio Colombiano que expresa: “Cuando dos o más personas suscriban un título-valor, en un mismo grado, como giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes, avalistas, se obligará solidariamente. El pago del título por uno de los signatarios solidarios, no confiere a quien paga, respecto de los demás coobligados, sino los derechos y acciones que competen al deudor solidario contra éstos, sin perjuicio de las acciones cambiarias contra las otras partes” (Resaltado fuera del texto), es decir, cuando el empresario deudor suscribe un título-valor, un pagaré, la persona o personas que aparecen suscribiéndolo conjuntamente se obligan solidariamente en el pago de la obligación, entonces habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 1116 de 2006, que describe las distintas alternativas por las que puede optar el beneficiario del título, como así lo ha señalado la Entidad a través de diversos pronunciamientos, uno de ellos el Oficio 220- 072487 de 12 de mayo de 2009, oportunidad en que la Entidad lo expresa de la siguiente manera:

 

“(….)

a). El artículo 70 de la Ley 1116 de 2006, preceptúa que “En los procesos de ejecución en que sean demandados el deudor y los garantes o deudores solidarios, o cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, el juez de la ejecución, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación que le informe del inicio del proceso del insolvencia, mediante auto pondrá tal circunstancia en conocimiento del demandante, a fin de que en el término de ejecutoria, manifieste si prescinde de cobrar su crédito al garante o deudor solidario. Si guarda silencio, continuará la ejecución contra las garantes o deudores solidarios”.

(…)

Satisfecha la acreencia total o parcialmente, quien efectúe el pago deberá denunciar dicha circunstancia al promotor o liquidador y al juez del concurso para que sea tenida en cuenta en la calificación y graduación de créditos”- (El llamado es nuestro).

 

b). Del estudio de la norma antes transcrita, se desprende que en el evento de que el acreedor de una sociedad que se encuentre adelantando un proceso de insolvencia, haya iniciado un proceso ejecutivo contra los codeudores solidarios, dentro del mismo se pueden presentar las siguientes hipótesis:

 

i) Que el acreedor manifieste que prescinde de hacer valer su crédito contra los codeudores: en cuyo caso el proceso ejecutivo termina frente a los codeudores y frente al deudor concursado, pero deberá ser remitido al juez concursal, para su incorporación dentro del respectivo proceso de insolvencia, previo el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes de propiedad de aquellos.

 

ii) Que el acreedor manifieste que continúa la ejecución contra los codeudores: En este caso, el proceso ejecutivo continuará únicamente frente a los codeudores y no contra el deudor concursado, dado el carácter preferente del trámite concursal, y las medidas cautelares que se hayan decretado y practicado en relación con este último quedarán a disposición del juez del concurso.

iii) Que el acreedor guarde silencio: lo cual no altera los derechos del acreedor, y por consiguiente, el juez que conoce del proceso ejecutivo deberá continuar la ejecución contra los garantes o deudores solidarios, y poner a disposición del juez concursal las medidas cautelares practicadas sobre bienes del deudor principal.

 

iv) Que el codeudor o codeudores solidarios hayan satisfecho totalmente la obligación a cargo del deudor principal: en cuyo caso aquellos deberá informar tal circunstancia al promotor o liquidador y al juez concursal para que sea tenida en cuenta en la calificación y graduación de créditos, posibilidad que puede darse durante el trámite del proceso de reorganización o durante la ejecución del acuerdo.

 

c). La apertura de un proceso de reorganización o de liquidación judicial de uno de los codeudores solidarios no impide al acreedor iniciar proceso ejecutivo contra los restantes codeudores o continuar con el mismo si ya lo hubiere iniciado al momento de la apertura del trámite concursal, lo que significa que éste no rompe la solidaridad, y por contera, los derechos del acreedor permanecen incólumes. Luego, la posibilidad de cobrar a los deudores solidarios en el proceso ejecutivo y hacer valer la acreencia dentro del proceso de insolvencia, no corresponde a un doble pago de una misma obligación, sino un doble cobro, es decir, el ejercicio de los derechos derivados de la solidaridad.

 

d). De otra parte, se tiene que el acuerdo de reorganización es un acto plurilateral, en el que participan tanto el deudor como los acreedores, el cual debe ser aprobado con la mayoría prevista en la ley, y a partir de entonces es de obligatorio cumplimiento para los acreedores ausentes o disidentes.

 

Sin embargo, es de advertir, que en el referido acuerdo no es posible disponer de los derechos de los acreedores en relación con terceros, tales como garantes, fiadores, avalistas y codeudores del concursado, y por ende, su renuncia o modificación deberá provenir única y exclusivamente del acreedor y no de la decisión de las mayorías.

 

En tal virtud, lo decidido en el acuerdo de reorganización en cuanto a los términos y condiciones en que se pagarán las obligaciones a cargo del deudor, no pueden trasmitirse a los codeudores solidarios, pues se trata de dos procesos con objetivos y procedimientos diferentes; el primero, pretende a través de un acuerdo, preservar la empresa siempre y cuando sea viable, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante la reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos; el segundo, persigue que el juez libre mandamiento de pago, ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pretendida o en la que aquél considere legal, ni que se pueda predicar que si bien el acreedor puede iniciar proceso contra los codeudores solidarios, ésta facultad no puede superar los limites del acuerdo en torno a las obligaciones, pues, se repite, las condiciones allí establecidas no se pueden aplicar a éstos, por las razones ya aducidas.

 

e). Finalmente, se observa que cuando celebre un acuerdo de reorganización entre la sociedad deudora y sus acreedores, no significa que por este hecho el acreedor beneficiario de la solidaridad, no pueda perseguir el cobro de la obligación a los codeudores solidarios dentro de un proceso ejecutivo, ni mucho menos predicarse tal posibilidad en caso de fracaso del acuerdo, toda vez que la ley no previó tal circunstancia, amén de que ello rompería el principio de la solidaridad, y por consiguiente, el ejercicio de los derechos inherentes a la misma”.

 

Como puede observar la consultante, la argumentación expuesta producto del análisis del artículo 70 Cit., responde algunos de los interrogantes planteados de la siguiente manera:

 

En cuanto a los PUNTOS 2º y 3º. En el primero de ellos, la consultante se refiere expresamente al parágrafo del artículo citado que prevé “Si al inicio del proceso de insolvencia un acreedor no hubiere iniciado proceso ejecutivo en contra del deudor, ello no le impide hacer efectivo su derecho contra los garantes o codeudores”, de donde se colige que el proceso contra los garantes o codeudores puede iniciarse en cualquier momento luego de la apertura del proceso de insolvencia, sin que la celebración del acuerdo de reorganización dentro del mencionado proceso tenga la virtualidad de modificar los términos y condiciones inicialmente convenidos entre el acreedor y los deudores solidarios, garantes, fiadores o con cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, así lo concluye la Entidad en el literal d) transcrito cuando claramente expresa que lo decidido en el acuerdo de reorganización en cuanto a los términos y condiciones en que se pagarán las obligaciones a cargo del deudor, no pueden trasmitirse a los obligados solidarios quienes conservan frente al acreedor los términos y condiciones convenidos.

 

En otras palabras, así lo expresa la Entidad en su análisis, no es posible disponer de los derechos del acreedor frente a los codeudores solidarios pues cualquier modificación en los términos y condiciones inicialmente convenidas debe provenir de aquel y no de las mayorías que se requieren para la aprobación del acuerdo de reorganización.

 

También en el literal e) precedente se observa que de celebrarse el acuerdo de reorganización entre la sociedad deudora y sus acreedores, eso no significa que el acreedor beneficiario de la solidaridad no pueda perseguir el cobro de la obligación a los codeudores solidarios dentro de un proceso ejecutivo, como también frente a la eventualidad del fracaso del acuerdo, toda vez que la ley no previó esa circunstancia, en caso contrario se rompería el principio de la solidaridad y, por consiguiente, el ejercicio de los derechos inherentes a la misma.

 

De todas maneras resulta obvio que si producto del proceso de cobro contra los codeudores solidarios se obtiene el pago total o parcial de la obligación esa circunstancia debe ser informada al promotor y al Juez del concurso para que sea tenida en cuenta dentro del proceso de insolvencia.

 

PUNTO 4º. En esta oportunidad nuevamente se reitera lo antes expresado en el sentido de indicarle que en el literal b) trascrito la hipótesis es que la sociedad se encuentra adelantando un proceso de insolvencia, lo que no obsta para continuar con el proceso ejecutivo contra los codeudores o iniciarlo, si es del caso. También se reitera que los términos y condiciones acordados en el texto del acuerdo de reorganización no modifica ni altera lo convenido entre el acreedor y los deudores solidarios o garantes, tal como claramente quedó expuesto.

 

Responde el PUNTO 5º de su escrito el texto del artículo 22 de la Ley 1116 Cit. que con relación a los contratos de leasing expresa: “A partir de la apertura del proceso de reorganización no podrán iniciarse o continuarse procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing.

 

El incumplimiento en el pago de los cánones causados con posterioridad al inicio del proceso podrá dar lugar a la terminación de los contratos y facultará al acreedor para iniciar procesos ejecutivos y de restitución, procesos estos en los cuales no puede oponerse como excepción el hecho de estar tramitándose el proceso de reorganización”, texto del cual se infiere la imposibilidad para iniciar o continuar con el proceso de restitución de los bienes muebles o inmuebles destinados al desarrollo del objeto social de la sociedad en proceso de reorganización, siempre que la razón sea incumplimiento en el pago de los cánones convenidos, los cuales obviamente serán objeto del acuerdo de reorganización que deberá ser aprobado por los acreedores dentro del proceso de insolvencia, condiciones que como puede observar la consultante descartaría la posibilidad de iniciar un proceso de restitución contra los colocatarios o garantes pues la tenencia del bien esta en cabeza de la sociedad en proceso de reorganización que requiere para el desarrollo del objeto social.

 

Sobre el tema de los contratos de leasing y la imposibilidad de solicitar judicialmente la restitución de los bienes por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, ya la Entidad se había pronunciado a través del Oficio 155- 036543 del 29 de julio de 2002, que a su vez se refiere al Oficio 400- 30034 del 28 de abril de 2000, concepto que si bien fue proferido dentro del marco de la Ley 550 de 1999, su argumentación es aplicable a lo previsto sobre el particular en la Ley 1116 de 2006, pues allí se hace referencia al carácter declarativo del proceso de restitución que “procura la satisfacción de la obligación cuyo incumplimiento da lugar a su iniciación. En efecto, de conformidad con el numeral 2 del parágrafo segundo del artículo 424 del C. P. C., si la causal invocada se fundamenta en el no pago, el demandado no podrá ser oído dentro del proceso hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que tienen los cánones adeudados o acredite el pago previo. Esta medida se erige en un mecanismo de presión para el pago de las acreencias pues el demandado sólo podrá plantear una oposición válida en la medida que satisfaga sus acreencias o acredite su atención previa. Así mismo, mientras dura el proceso deberá consignar a órdenes del juzgado los cánones posteriores, sin lo cual tampoco podrá ser oído dentro del proceso.

 

De otra parte y a fin de asegurar el pago de los cánones adeudados e impagados, se establece en el numeral 3 del parágrafo primero del artículo 424 ibídem, la posibilidad de pedir el embargo y secuestro de los bienes con los cuales el demandado hubiere ocupado o habitado el inmueble, cautela que no tiene razón de ser en este proceso sino en relación con el proceso ejecutivo que se adelante para asegurar el pago de las acreencias”

 

En resumen, la argumentación expuesta permite colegir que a partir de la apertura del proceso de reorganización no pueden iniciarse ni continuarse procesos de restitución de tenencia contra la sociedad deudora, pues los cánones adeudados solo pueden cancelarse en los términos del acuerdo de reorganización que aprueben los acreedores, a menos que se incumpla con los cánones posteriores a la iniciación del proceso memento en que el acreedor queda facultado para iniciar el proceso de restitución correspondiente.

 

Para mayor información e ilustración sobre temas societarios, se sugiere consultar la página de Internet de la Entidad (www.supersociedades.gov.co) o examinar los libros de Doctrinas y Conceptos Jurídicos y Contables publicados por la Entidad.
 
 

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