CONTRATOS FIDUCIA EN GARANTÍA DENTRO DE UN PROCESO DE INSOLVENCIA- LEY 1116 DE 2006

Oficio SUPERSOCIEDADES 220-021057 Del 26 de Febrero de 2013

 

ASUNTO: SITUACION JURIDICA DE LOS CONTRATOS FIDUCIA EN GARANTÍA DENTRO DE UN PROCESO DE INSOLVENCIA- LEY 1116 DE 2006

 

Me refiero a su escrito radicado en esta Entidad con el número 2013-01-014768, mediante el cual, previa las consideraciones allí expuestas, formula una consulta sobre la situación jurídica de los contratos de fiducia dentro de un proceso de insolvencia, en los siguientes términos:

 

1. Teniendo en cuenta que se efectúo una cesión de derechos económicos al patrimonio autónomo, con el objeto de pagar un crédito otorgado al FIDEICOMITENTE, quien solicitó que su representada fuera admitida a un proceso de reorganización, se puede continuar pagando el crédito? O por el contrario, los pagos deben suspenderse?

 

2. En el entendido que los derechos económicos no hacen parte de los activos del FIDEICOMITENTE, ya que fueron cedidos al Patrimonio Autónomo es posible afirmar ¿estos ya no pueden ser tenidos en cuenta por el acuerdo de reorganización, y por lo tanto, su periódica materialización (pagos), se entregan al otorgante del crédito (acreedor beneficiario) en cumplimiento del objeto de contrato de Fiducia?

 

3. En caso que el contrato deba suspenderse y no se pueda continuar con su ejecución, y considerando que la Ley 1116 en su artículo 17 no hace mención exclusiva del deudor para solicitar la autorización al juez de concurso de continuar con la ejecución de los contratos de fiducia, ¿puede el acreedor o la sociedad fiduciaria solicitar al juez del concurso la autorización para continuar con la ejecución del mismo?

 

4. Por último, en caso que el contrato de fiducia deba terminarse por no ser confirmado el acuerdo de reorganización, ¿a quien deberá el fiduciario restituir los bienes cedidos al patrimonio autónomo, al Acreedor Beneficiario o al Fideicomitente, cuando la obligación a favor del beneficiario subsista?

 

Al respecto, es preciso advertir que esta Superintendencia con fundamento en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, profiere los conceptos de carácter general y en abstracto a que haya lugar con motivo de las consultas que le sean formuladas sobre las materias de su competencia, y no sobre temas contractuales, jurisdiccionales o procedimentales.

 

No obstante lo anterior, este Despacho se permite, a título meramente informativo hacer las siguientes precisiones de orden legal, a la luz de la Ley 1116 de 2006, por la cual se expide el régimen de insolvencia en la República de Colombia:

 

a.- De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 ejusdem, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, se prohíbe a los administradores la adopción de reformas estatutarias; la constitución y ejecución de garantías o cauciones que recaigan sobre bienes propios del deudor, incluyendo las fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan dicha finalidad; efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso; conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo; ni efectuar enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios del deudor o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido, salvo autorización previa, expresa y precisa del juez del concurso.

 

b.- Por su parte, el parágrafo 2. de la citada norma, prevé que a partir de la admisión al proceso de insolvencia, de realizarse cualquiera de los actos a que hace referencia la misma sin la respectiva autorización, será ineficaz de pleno derecho, sin perjuicio de las sanciones a los administradores señalas en el párrafo anterior.

 

c.- De otra parte, la mencionada disposición preceptúa que tratándose de la ejecución de fiducias mercantiles cuyos patrimonios autónomos estén constituidos por los bienes objeto de titularizaciones, colocadas a través del mercado público de valores, no requerirá la autorización a que se refiere este artículo. Tampoco se requerirá en el caso de que la operación en cuestión corresponda a la ejecución de una fiducia mercantil en garantía que haga parte de la estructuración de una emisión de títulos colocados a través del mercado público de valores.

 

d.- Del estudio de la mencionada disposición, se observa que la finalidad de la prohibición es proteger la universalidad objetiva y subjetiva e igualdad que debe darse en todo proceso de insolvencia, toda vez que el patrimonio deudor constituye la prenda general de todos los acreedores, y por ende, la capacidad dispositiva del deudor debe restringirse a aquellos actos necesarios para su funcionamiento y que no comprometan su patrimonio. Así mismo, determina, de una parte, que si los acreedores pierden el derecho de ejecución individual o separada y el proceso de insolvencia es el único escenario previsto para hacer valer sus créditos, no tiene razón de ser acudir a otros mecanismos para obtener el pago de los mismos, y de otra, que el principio de igualdad hace relación a que todas las obligaciones deberán ser atendidas dentro del proceso en las mismas condiciones para todos los acreedores.

 

e.- Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1116 de 2006, “Por el hecho del inicio del proceso de reorganización no podrá decretar el deudor la terminación unilateral de ningún contrato, incluidos los contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con fines diferentes a los de garantía.

 

Tampoco podrá decretarse la caducidad administrativa, a no ser que el proceso de declaratoria de dicha caducidad haya sido iniciado con anterioridad a esta fecha.

 

Los incumplimientos de obligaciones contractuales causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización, o las distintas al incumplimiento de obligaciones objeto de dicho trámite, podrán alegarse para exigir su terminación, independientemente de cuando hayan ocurrido dichas causales.

 

El deudor admitido a un trámite de reorganización podrá buscar la renegociación, de mutuo acuerdo, de los contratos de tracto sucesivo de que fuera parte.

 

Cuando no fuere posible la renegociación de mutuo acuerdo, el deudor podrá solicitar al juez la terminación del contrato respectivo, la cual se tramitará como incidente, observando para el efecto el procedimiento indicado en el artículo 8º de esta ley. La autorización podrá darse cuando el empresario acredite las siguientes circunstancias:

 

1. El contrato es uno de tracto sucesivo que aún se encuentra en proceso de ejecución.

 

2. Las prestaciones a cargo del deudor resultan excesivas, tomando en consideración el precio de las operaciones equivalentes o de reemplazo que el deudor podría obtener en el mercado al momento de la terminación…”. (El llamado es nuestro)

 

f.- Del análisis de la norma antes transcrita, se desprende que el legislador consagró cinco reglas fundamentales en relación con los contratos celebrados por una empresa que se encuentre adelantando el trámite de un proceso de reorganización empresarial, a saber: i) la imposibilidad de terminar unilateralmente cualquier contrato firmado antes de la fecha de apertura del proceso; ii) la prohibición de decretar la caducidad administrativa, a no ser que el proceso de declaratoria de dicha caducidad haya sido iniciado con anterioridad a esa fecha; iii) terminación de los contratos por el incumplimiento de obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización; iv) la posibilidad de renegociación, de muto acuerdo, de los contratos de trato sucesivo, entre los cuales se encuentran los de arrendamiento o de leasing; y v) si ello no fuere posible, solicitar al juez la terminación del contrato respectivo, previo el trámite incidental y el procedimiento allí previsto.

 

g.- Cosa distinta es cuando dentro de un proceso de reorganización empresarial, no se presente o confirme el acuerdo, en cuyo caso los efectos relacionados con los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, según el artículo 38 ibídem son los siguientes:1) La culminación de dichos contratos celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas, salvo autorización para continuar su ejecución, impartida por el juez del proceso; y 2) la finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones propias o ajenas con sus propios bienes. El juez del proceso ordenará la cancelación de los certificados de garantía y la restitución de los bienes que conforman el patrimonio autónomo.

 

Los acreedores beneficiarios serán tratados como acreedores con garantía prendaría e hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de los bienes fideicomitidos.

 

h.- En cambio tratándose de un proceso de liquidación judicial, los efectos de la apertura de dicho proceso entre otros, son a la luz del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, los siguientes: a) la terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los activos, así como los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas, salvo por aquellos contratos respecto de los cuales se hubiere obtenido autorización para continuar su ejecución impartida por el juez del concurso; y b) La finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones propias o ajenas con sus propios bienes. El juez del proceso ordenará la cancelación de los certificados de garantía y la restitución de los bienes que conforman el patrimonio autónomo.

 

Serán tenidas como obligaciones del fideicomitente las adquiridas por cuenta del patrimonio autónomo.

 

i.- Así las cosas, los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, reciben un tratamiento diferente dependiendo si trata de un proceso de reorganización empresarial o de una liquidación judicial, en el primer caso, los contratos continúan vigentes, pero no se podrán ejecutar sin autorización expresa del juez del concurso, salvo que se trate de fiducias mercantiles que tengan por objeto la emisión de títulos o titularizaciones colocadas a través del mercado público de valores; en el segundo evento, los contratos al igual de lo que sucede cuando no se presenta el acuerdo de reorganización o no se confirme éste, la apertura del proceso liquidatario implica por mandato legal, la terminación y finalización de los contrato de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, con las consecuencias jurídicas que ello comporta, cual es que los bienes objeto de los mismos deben ser restituidos al patrimonio a liquidar, inclusive los dineros que constituyan la fuente de pago de tales contratos, y los acreedores beneficiarios del patrimonio autónomo serán tratados, se repite, como acreedores con garantía prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de los bienes fideicomitidos, circunstancia esta que se aplica para los acreedores beneficiarios de un contrato de fiducia mercantil cuando respecto de la empresa se inicie un proceso de reorganización, cuyas obligaciones serán objeto del acuerdo que se llegare a celebrar entre la sociedad deudora y sus acreedores.
 
 

Super - Sociedades: