HONORARIOS DEL PROMOTOR DENTRO DE UN PROCESO DE LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA

Oficio SUPERSOCIEDADES 220-020896 Del 25 de Febrero de 2013

 

ASUNTO: TRATAMIENTO DE LOS HONORARIOS DEL PROMOTOR DENTRO DE UN PROCESO DE LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA

 

Me refiero a su escrito radicado en esta Entidad con el número 2013-01- 022681, mediante el cual, previa las consideraciones allí expuestas, solicita se le expida una certificación y/o se emita concepto sobre el tratamiento de los honorarios del promotor dentro de un proceso de liquidación forzosa administrativa, en los siguientes términos:

 

“1.- Se sirva informar o certificar si dentro de la vinculación como promotora me asiste el derecho a obtener en el proceso de liquidación que se tramita ante la Alcaldía de Ibagué- Secretaria de Planeación Municipal - Director de Grupo de Trámites y Aplicación de Normas del Departamento Administrativo de Planeación, el pago de mis honorarios causados, reconocidos y de obligatoria atención económica, calidad de este rubro constitucionalizado con rango especial, por corresponder a la remuneración y compensación a mi trabajo, honorarios que fueron solicitados en el momento mismo en que se le corrió traslado al Municipio para que iniciara el proceso o si por el contrario puede aducir el liquidador que no los paga porque no se solicitaron dentro del termino que se dijo en el edicto emplazatorio.

 

2.- Se informe si le corresponde al liquidador teniendo en cuenta ya sea la ley 1116 de 2006 artículo 69, darle aplicación al numeral 5 y en consecuencia proceder a pagar o en virtud del decreto 2555 del 05-07-2010 darle aplicación al artículo 9.1.3.2.7 pasivo cierto no reclamado y en consecuencia habiendo pagado ya todas las acreencias proceder a pagarle a la promotora, máxime si se tiene en cuenta que la resolución de finiquito 0125 de julio 11 de 2012 no se publico, ni aún se ha registrado en la Cámara de comercio”.

 

Al respecto, me permito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es función de la Superintendencia de Sociedades la de absolver las consultas de carácter general y abstractas que se le formulen sobre temas de derecho estrictamente societario regulado por la legislación mercantil, y no sobre temas contractuales, procedimentales o jurisdiccionales, y que dicho sea de paso no asesora sobre hechos particulares como resulta ser el caso planteado.

 

De otra parte, al tenor de lo previsto en el artículo 116 del Código de Procedimiento Civil, solamente “Los jueces pueden expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, la ejecutoria de resoluciones judiciales, y sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones de que no haya constancia escrita; también en los demás casos autorizados por la ley”. (El llamado es nuestro), y no sobre lo solicitado, es decir, si a un liquidador le corresponde darle aplicación al numeral 5 del artículo 69 de la Ley 1116 de 2006, y por consiguiente, debe proceder a pagar los honorarios de la promotora, o en virtud de lo señalado en el Decreto 2555 de 2010, debe darle aplicación al artículo 9.1.3.2.7 que trata del pasivo cierto no reclamado, y en consecuencia, habiendo pagado ya todas las acreencias proceder a pagarle a la promotora, máxime que el proceso de liquidación a que alude la peticionaria se tramita ante la Alcaldía de Ibagué y no ante la Superintendencia de Sociedades.

 

En consecuencia, este Organismo se abstiene de acceder a su petición por falta de competencia para ello.

 

No obstante lo anterior, y a título meramente informativo, este Despacho se permite traer a colación el Oficio 220- 010564 del 2 de marzo de 2006, el cual se refiere a que la Superintendencia de Sociedades no tiene competencia para adelantar un proceso de liquidación forzosa administrativa, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

 

“Ref.: La Superintendencia de Sociedades no es competente en materia de liquidación forzosa administrativa de las sociedades constructoras.

 

Aviso recibo de sus escritos radicados con los números 2006- 01- 009290 y 2006- 01- 009473, mediante los cuales consulta “En el trámite de una liquidación forzosa de una sociedad constructora, a que (sic) clase de crédito corresponden las acreencias con los promitentes compradores de un proyecto de construcción en la calificación de créditos en los siguientes eventos; cuando no existe fiducia y cuando existe fiducia” (Resaltado del Despacho).

 

Sobre el particular, es pertinente manifestarle que la Constitución Política de 1991, en el artículo 313 numeral 7, le asignó a los Concejos Municipales las funciones de reglamentar los usos del suelo y vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, norma constitucional que fue desarrollada con la expedición de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, traslado de funciones que originó la pérdida de competencia de esta Superintendencia para conocer de los asuntos relacionados con esta materia.

 

Como puede observarse, la citada legislación asignó a los entes territoriales -artículo 187- las atribuciones antes mencionadas “...dentro de los límites señalados por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relacionadas con la actividad de vivienda”, de lo que se concluye que son éstos quienes actualmente conocen de manera privativa, entre otros, del tramite de liquidación forzosa administrativa o procesos de toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de las personas naturales o jurídicas que de manera irregular desarrollen tal actividad, de conformidad con los presupuestos establecidos en el artículo 12 de la Ley 66 de 1968.

 

Entonces, como la competencia en materia de vivienda radica en forma privativa en los entes territoriales, es claro que corresponde a éstos, a través de los agentes especiales designados, el trámite del proceso de toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de las personas naturales o jurídicas intervenidas, para administrar o liquidar, de acuerdo con la modalidad de intervención decretada, y dentro de la intervención para liquidar, la recepción y estudio de los créditos y reclamaciones presentadas, con el fin de que sean calificados y graduados de conformidad con la prelación de que trata el código civil en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2610 de 1979, por lo que para futuras oportunidades se le sugiere acudir al organismo u oficina del ente territorial que ejerce vigilancia y control sobre la misma para lo de su cargo.

 

Sin embargo le informamos que el citado artículo 10, en principio, resuelve la consulta por usted formulada al expresar que “En los casos de liquidación, las cuotas que hayan pagado los promitentes compradores o afiliados tendrán el carácter de créditos privilegiados de segunda clase en los términos del Numeral 3 del Artículo 2497 del Código Civil siempre que la promesa de contrato haya sido válidamente celebrada y el Superintendente o su agente liquidador tenga certeza de la fecha de su otorgamiento”, norma que, se advierte, era la vigente para la época en que esta Entidad vigilaba y controlaba la actividad

 

de vivienda, por lo que se desconoce si existe reglamentación posterior y especial al respecto (Destacado nuestro)”.
 
 

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