TRAMITE DE LIQUIDACION VOLUNTARIA

Oficio SUPERSOCIEDADES 220-019762 Del 19 de Febrero de 2013

 

ASUNTO: Tramite de liquidación voluntaria.- es viable iniciar el cobro por la vía ejecutiva de obligaciones de una sociedad en liquidación voluntaria.

 

Me refiero a su comunicación radicada con el número 2013-01-011836, mediante la cual manifiesta que actualmente hay una sociedad tipo S.A.S que está en liquidación y tiene una deuda con una sociedad en la cual soy el gerente, por un valor de 34.000.000 mcte. Con este escenario “…solicita que se le informe si puede hacerse parte como acreedor mediante la interposición de una demanda a través de proceso verbal sumario ante ustedes, y si es el caso el legitimado solo soy yo como representante legal, y si necesito o no hacerlo a través de abogado titulado, y si necesito algún requisito adicional.

 

Adicionalmente, solicita que se le informe si paralelo a esto debo interponer una demanda para dar apertura a un proceso civil ejecutivo en la jurisdicción ordinaria para el pago de lo debido a mi como acreedor dentro del proceso liquidación actual y cuanto tiempo tiene de caducidad esta acción ejecutiva, o si es del caso en la anterior cuando caduca?

 

Para responder las inquietudes propuestas, es del caso precisar lo siguiente:

 

1. El procedimiento liquidatorio está contenido en los artículos 225 y siguientes del Código de Comercio, éste trámite es obligatorio y debe cumplirse por cualquier sociedad que se encuentre disuelta. Para tal efecto, procederá en primer término a informar a los acreedores sociales, por medio de un aviso que deberá publicarse en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social, el que deberá fijarse en lugar visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad, tal y como lo dispone el artículo 232 ibídem.

 

Dentro del mes siguiente a la fecha en que la sociedad quede disuelta, el liquidador debe elaborar un estado financiero de inventario suscrito por un contador público cuando el liquidador no tenga tal condición, el que deberá incluir una relación pormenorizada de los distintos activos sociales, de todas las

obligaciones de la sociedad con la especificación de la prelación u orden legal de su pago, e inclusive de las que solo puedan afectar eventualmente su patrimonio, como las condicionales o litigiosas, las fianzas, los avales, etc.

 

Artículo 243 del Código de Comercio: “Cuando se trate de sociedades por cuotas o partes de interés y sean insuficientes los activos para atender al pago del pasivo externo de la sociedad, los liquidadores deberán recaudar de los socios el faltante, si la responsabilidad de los mismos es ilimitada, o la parte faltante que quepa dentro de los límites de la responsabilidad de los asociados, en caso contrario.

 

Para los efectos de este artículo los liquidadores tendrán acción ejecutiva contra los asociados y bastará como título ejecutivo la declaración jurada de los liquidadores. Los asociados podrán, no obstante, proponer como excepción la suficiencia de los activos o el hecho de no haberse destinado éstos al pago del pasivo externo de la sociedad por parte de los liquidadores.”

 

Artículo 245 ibídem: “cuando haya obligaciones condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, la que se distribuirá entre los asociados en caso contrario. La misma regla se aplicará en caso de obligaciones litigiosas, mientras termina el juicio respectivo.

 

En estos casos no se suspenderá la liquidación, sino que continuará en cuanto a los demás activos y pasivos. Terminada la liquidación sin que se haya hecho exigible la obligación condicional o litigiosa, la reserva se depositará en un establecimiento bancario.”

 

Finalmente, debe observarse que si la masa a liquidar es inferior a la que resulta de sumar las obligaciones a pagar por parte de la sociedad, las obligaciones a cancelar deben pagarse a prorrata del valor del patrimonio a liquidar, conforme a las reglas de prelación de los pagos establecida por los artículos 2495 y siguientes del Código Civil.

 

Por su parte, el artículo 247 ibídem, dispone que pagado el pasivo externo de la sociedad, se distribuirá el remanente de los activos sociales entre los asociados, conforme a lo estipulado en el contrato o a lo que acuerden entre ellos. La distribución se hará constar en un acta en que se exprese el nombre de los asociados, el valor de su correspondiente interés social y la suma de dinero o los bienes. Tal acta se deberá registrar en la Cámara de comercio del domicilio social de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 de la ley 1429 del 29 de diciembre de 2010.

 

Cabe observar que el liquidador es un administrador de la sociedad y como tal debe orientar su gestión conforme a los deberes previstos por el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, conforme a los parámetros de diligencia del buen hombre de negocios, toda vez que su responsabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, es solidaria e ilimitada por los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a la sociedad, a los socios o a los terceros.

 

2. Para resolver el punto relacionado con la posibilidad de iniciar un proceso ejecutivo a una sociedad en proceso de liquidación voluntaria, considero del caso transcribir algunos apartes del oficio 220- 62033 del 21 de septiembre de 2000, en el que este Despacho expresó lo siguiente:

 

“En efecto, para el caso particular y concreto que nos ocupa, el derecho de acción es consustancial y surge como consecuencia del derecho personal que se detente, ya que por definición “derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales”-

 

“Por consiguiente, la procedibilidad del derecho de acción, “público subjetivo que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión mediante un proceso” (López Blanco, Hernán Fabio, “Derecho Procesal Civil Colombiano”, Parte General Tomo l, séptima Edición, Dupré Editores, pág. 252), no podrá restringirse ni limitarse por el hecho de encontrarse el deudor demandado tramitando una liquidación voluntaria, como en efecto sucede cuando se trata de un proceso concursal (concordato o liquidación obligatoria) o de una toma de posesión para liquidar, o un acuerdo de reestructuración, en los términos de la Ley 222 de 1995, Decreto 663 de 1993 y Ley 550 de 1999, respectivamente, pues por tratarse todos ellos de trámites universales, preferentes y colectivos con fuero de atracción, no resulta procedente iniciar ejecuciones particulares en contra del sujeto concursado, intervenido o en reestructuración, ni continuar las ya iniciadas. Dicho de otra forma, sólo por ministerio de la ley podrá limitarse el ejercicio del derecho de acción en cabeza de los titulares de derechos personales o de crédito”.

 

“No obstante lo anterior, el hecho de que el pago de las obligaciones a cargo de una sociedad en trámite de una liquidación voluntaria se persiga por la vía ejecutiva, no otorga a los acreedores demandantes un mejor derecho respecto de otros de la misma clase o rango, en el sentido de obtener un valor superior al que les corresponde a prorrata o proporcionalmente con los otros, cuando quiera que los activos sociales existentes sean insuficientes para cancelarlos en su totalidad, pues, en tal evento, por encima del interés particular que le asiste al demandante estará el general del resto de acreedores que verían cercenado total o parcialmente su derecho si ello se permitiere”

 

……..

 

5.- Es así como el acreedor puede adelantar un proceso en el que se decrete el embargo de los bienes muebles del deudor, evento en el cual el liquidador de la sociedad debe proceder conforme la prelación de créditos a estimar el valor del mismo, incluyendo los intereses y ubicarlo en el lugar que le corresponda.

 

Tenemos como los artículos 2493 y siguientes del Código Civil, establecen las categorías de créditos, en donde encontramos que deben cancelarse inicialmente los créditos de primera, segunda, tercera y cuarta clase y posteriormente, si queda algún remanente, los de quinta clase, llamados quirografarios, que son aquellos que no gozan de preferencia alguna para realizar su pago.

 

6.- En este orden de ideas, con relación a sus inquietudes, esta Oficina reitera que dentro del proceso de liquidación voluntaria que adelante una sociedad, no es factible evitar el embargo de los bienes muebles de la misma y en consecuencia, de darse tal medida, es procedente a fin de avanzar en el proceso remitirse a las normas consagradas en el Código de Procedimiento Civil, en lo que guarda relación con el levantamiento de las medidas cautelares”. (Artículo 519 del Código de Procedimiento Civil). Libro de Doctrinas y Conceptos Jurídicos–Superintendencia de sociedades 200-2004).

 

3. Conclusión: salvo que el trámite de liquidación corresponda al de insolvencia previsto en la ley 1116 de 2006, caso en el cual para hacer efectiva la obligación estaría en el deber de hacerse parte dentro del proceso con todos los demás acreedores de la sociedad, dentro del correspondiente proceso de liquidación judicial que se surte en esta Superintendencia, la acción a seguir para hacer efectivo el pago de la obligación que le adeuda la sociedad en liquidación voluntaria, es una acción ejecutiva ante la justicia ordinaria; por lo que se sugiere consultar un abogado quien podría determinar los términos de caducidad de la acción, previa evaluación del título ejecutivo.

 

En los anteriores términos se ha dado respuesta a su solicitud, advirtiendo que el concepto expresado se sujeta a los alcances que señala el artículo 27 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.
 
 

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