APORTACION DE PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE UN CREDITO DENTRO DE UN PROCESO DE REORGANIZACION O LIQUIDACION JUDICIAL

Oficio 220-011063 Del 04 de Febrero de 2013

 

ASUNTO: APORTACION DE PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE UN CREDITO DENTRO DE UN PROCESO DE REORGANIZACION O LIQUIDACION JUDICIAL- LEY 1116 DE 2006

 

Me refiero a su escrito radicado en esta Entidad con el número 2013- 01- 003349, mediante el cual formula una consulta relacionada con la forma como se debe acreditar la existencia de un crédito dentro de un proceso de reorganización o de liquidación judicial, en los siguientes términos:

 

1. En qué casos o eventos es necesario que los acreedores aporten a los procesos de reorganización o liquidación judicial, copia autenticadas de los documentos que soportan la existencia de las acreencias a cargo del deudor, cuando no es viable aportar los originales de dichos documentos, con el fin de que sean reconocidos dentro de dicho procesos?

 

2. Cuando los originales de los documentos que acreditan la existencia de las obligaciones a cargo de un deudor que se encuentra en un proceso de reorganización o de liquidación, tales como pagarés y contratos de Leasing, obran dentro de un expediente de un proceso judicial y no es posible obtener una certificación en tal sentido de parte del Juez de Conocimiento del proceso judicial, ¿es posible que el acreedor sea reconocido dentro del proceso concursal aportando a éste copias simples de los citados documentos haciendo la salvedad que los originales obran dentro de un proceso judicial? ¿En estos eventos se daría aplicación al artículo 11 de la Ley 1395 de 2010?

 

3. En el caso de que no exista un pagaré con qué acreditar la existencia de una operación de crédito, con qué otro documento se puede probar en un proceso de reorganización o de liquidación la existencia de una obligación de esa naturaleza.

 

Al respecto, me permito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 del Código Contencioso Administrativo, es función de la Superintendencia de Sociedades la de absolver las consultas de carácter general y abstractas que se le formulen sobre temas de derecho estrictamente societario regulado por la legislación mercantil, y no sobre temas jurisdiccionales o procedimentales.

 

No obstante lo anterior, este Despacho se permite, a título meramente informativo hacer las siguientes precisiones de orden legal, a la luz de la Ley 1116 de 2006, por la cual se expide el régimen de insolvencia en la República de Colombia:

 

a.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1116 de 2006, y en torno a un proceso de reorganización, “Los créditos a cargo del deudor deben ser relacionados precisando quienes son los acreedores titulares y su lugar de notificación, discriminando cuál es la cuantía del capital y cuáles son las tasas de interés, expresadas en términos efectivos anuales, correspondientes a todas las acreencias causadas u originadas con anterioridad a la fecha de inicio del proceso.

 

Los créditos litigiosos y las acreencias condicionales, quedarán sujetos a los términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma clase y prelación legal, así como a las resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el entretanto, el deudor constituirá una provisión contable para atender su pago.

 

Los fallos de cualquier naturaleza proferidos con posterioridad a la firma del acuerdo, por motivo de obligaciones objeto del proceso de reorganización, no constituyen gastos de administración y serán pagados en los términos previstos en el mismo para los de su misma clase y prelación legal. En el evento de estar cancelados los de su categoría, procederá su pago, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del fallo”. (El llamado es nuestro)

 

b) Del estudio de la norma en mención, se desprende que la misma regula tres aspectos importantes relacionados con los créditos a favor de los acreedores saber:

 

i) Que la relación de acreedores presentada por el deudor concursado, implica un reconocimiento de las obligaciones a su cargo, y por ende, los titulares de los mismos no necesitan hacerse parte dentro del aludido proceso concursal, ni mucho menos presentar prueba de la existencia, naturaleza y cuantía de sus créditos. Sin embargo, es de advertir que en el evento de que algún crédito no aparezca allí relacionado o sea reconocido por un menor valor, el acreedor podrá objetar el proyecto de calificación y graduación de créditos, aportando las pruebas documentales a que hubiera lugar (artículo 29 ibídem, modificado por el artículo 36 de la Ley 1429 de 2010).

 

ii) Que los créditos litigiosos y obligaciones condicionales quedarán sujetos a los términos previstos en el cuerdo de reorganización para los acreedores de su misma clase. No obstante, se precisa que tales obligaciones mientras no sean ciertas no podrán graduarse por falta de certeza, la que una vez se obtenida deberán graduarse dentro de las cinco clases de créditos consagradas en el Código Civil, es decir, que una obligación litigiosa laboral será de primera clase una vez que la sentencia que reconozca la obligación al trabajador se encuentre debidamente ejecutoriada, y su pago se hará en las mismas condiciones para los demás acreedores de su clase, sin que pueda pretenderse un pago inmediato o preferente, pues, se reitera, el mismo queda sujeto a los términos del acuerdo de reorganización que se llegare a celebrar entre la sociedad deudora y sus acreedores.

 

iii) Que los fallos judiciales de cualquier naturaleza proferidos con posterioridad a la fecha de iniciación del proceso de reorganización y que correspondan a obligaciones anteriores, no tienen el carácter de gastos de administración, y por consiguiente, no pueden pretender un pago preferente, quedando sujetos al acuerdo de reorganización, con las consecuencias jurídicas que comporta el no haber solicitado oportunamente su inclusión.

 

iv) Luego, el criterio de la ley en cuanto a la forma de hacer valer el derecho de crédito, es el que los acreedores no tienen la carga de comparecer al proceso de reorganización en un término previamente establecido, como tampoco la de aportar prueba siquiera sumaria de su acreencia, pues se sustituyen estas dos cargas con la relación hecha por el deudor. Sin perjuicio de ello, en el evento de que un acreedor considere que su crédito es superior al monto reconocido por el deudor, o considere que tiene una preferencia que no fue reconocida, deberá presentar al promotor las pruebas que sean del caso y formular la objeción al correspondiente proyecto de calificación y graduación de créditos, la cual será decidida por el juez concursal. En este sentido, los acreedores deberán estar atentos tanto a la relación del deudor como a la determinación que haga el promotor, de manera que puedan cuestionarlas si tiene inconformidad.

 

c.- Ahora bien, tratándose de un proceso de liquidación judicial, el numeral 5 del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, preceptúa que la providencia de apertura del proceso de liquidación judicial dispondrá “Un plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación judicial, para que los acreedores presenten su crédito al liquidador, allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo. Cuando el proceso de liquidación judicial sea iniciado como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de reorganización, de liquidación judicial, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración, los acreedores reconocidos y admitidos en ellos, se entenderán presentados en tiempo al liquidador, en el proceso de liquidación judicial. Los créditos no calificados y graduados en el acuerdo de reorganización y los derivados de gastos de administración, deberán ser presentados al liquidador”. (El llamado es nuestro).

 

d.- Del análisis de la norma antes transcrita, se colige que la misma consagra el trámite para la presentación de créditos en el proceso de liquidación judicial, así:

 

i) Término: Los créditos deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la desfijación del aviso que informe sobre la apertura del proceso. Lo anterior, no obsta para que las acreencias presentadas antes de dicho plazo sean tenidas como oportunas y en esta medida deben ser calificadas y graduadas con la prelación y privilegios que les corresponda.

 

ii) Ante quien deben presentarse las reclamaciones crediticias: Todos los acreedores del deudor, sin excepción alguna, deberán presentar sus respectivos créditos al liquidador designado por el juez concursal.

 

Para tal efecto, en el aviso que informe acerca del inicio del proceso, se deberá indicar el nombre del liquidador, el lugar donde los acreedores pueden presentar sus créditos y el término que tienen para ello (numeral 4 del artículo 48 ejusdem).

 

iii) Por su parte, el mencionado auxiliar de la justicia deberá informar a los acreedores el horario de recepción de los créditos, para cuyo efecto podrá designar alguno o algunos colaboradores que estarán bajo su dirección y a quienes les impartirá las instrucciones del caso para que los créditos sean recibidos en debida forma.

 

iv) En el evento que algunas acreencias hubieran sido radicadas ante el juez concursal, este deberá enviarlas en forma inmediata al liquidador, para lo de su competencia, es decir, para que sean calificadas y graduadas con la prelación establecida en la ley, si a ello hubiere lugar. Sin embargo, tratándose de procesos de ejecución contra el deudor, los mismos deberán ser remitidos hasta antes de la audiencia de decisión de objeciones para su incorporación al proceso de liquidación judicial, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y graduación de créditos y derechos de voto.

 

v) Prueba de la acreencia: Todos los acreedores de un deudor sujeto a un proceso concursal en la modalidad de liquidación judicial, deben presentar directamente al liquidador, sus créditos, dentro de la oportunidad legal para ello, aportando prueba siquiera sumaria de la existencia, naturaleza, clase y cuantía de la obligación que reclama, advirtiéndose que el acreedor que no presente su crédito no es parte del proceso, razón por la cual no podría ser calificado y graduado.

 

vi) Acreedores reconocidos dentro de uno de los mecanismos de recuperación: Al respecto, el inciso primero del numeral 5 del artículo 48 ibídem, dispone que cuando el proceso de liquidación judicial sea iniciado como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración, los acreedores reconocidos en ellos, se entenderán presentados en tiempo al liquidador, en el proceso de liquidación judicial. Los créditos no calificados y graduados en el acuerdo de reorganización y los derivados de gastos de administración, deberán ser presentados al liquidador.

 

e.- En resumen se tiene, que tratándose de un proceso de reorganización los acreedores que aparezcan incluidos en la relación de créditos presentada por el deudor, no necesitan hacerse parte dentro del mismo, ni mucho menos presentar prueba sumaria de la existencia de su crédito, salvo que aquellos se encuentren en alguna de las circunstancias anteriormente descritas, es decir, que no aparezcan relacionados o su crédito haya sido reconocido por un menor valor; o en el caso de un proceso de liquidación judicial, deben presentar al liquidador designado por el juez concursal prueba sumaria de la existencia, naturaleza y cuantía de su crédito.

 

f. La exigencia de la prueba de los créditos, tiene asidero en lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, para cuyo efecto los documentos deberán aportarse al proceso en original o en copia autenticada y tendrán la fuerza probatoria que les otorga la ley. El documento público se presume auténtico, mientras no se pruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. El documento privado es auténtico en los casos señalados en la ley (artículo 252 ibídem).

 

Lo anterior significa que las partes deben aportar el original de los documentos que se encuentren en su poder, pero podrán aportarse en copia, conforme a la ley en los siguientes casos:

 

1. Los documentos que hayan sido protocolizados.

 

2. Los que formen parte de otro proceso del que no pueden ser desglosados, siempre que la copia se expida por orden del juez.

 

3. Aquellos cuyo original no se encuentren en poder de quien los aporta, pero en este caso. Para que la copia preste mérito probatorio es necesario que su autenticidad haya sido certificada por notario o secretario de oficina judicial, o que haya sido reconocida expresamente por la parte contraria o demostrada mediante cotejo (artículo 268 ejusdem). Esto último, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que prevé que “En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva”. (Se subraya).

 

Finalmente, es de anotar que la ley exige ciertos requisitos formales o sustanciales para cierta clase de documentos, sin los cuales no prestan mérito probatorio, tales como es el caso de los títulos valores o de la escritura de constitución de hipoteca, respecto del primero, solamente han de allegarse al proceso en original, pues de acuerdo con el artículo 624 del Código de Comercio “El ejercicio del derecho consignado en un título valor requiere la exhibición del mismo”., en tanto que del segundo, la primera copia de la escritura de constitución de hipoteca es la que presta mérito ejecutivo, salvo que tales documentos se encuentren formando parte de un proceso judicial del cual no podrán ser desglosados, en cuyo caso deberá procederse en la forma prevista en el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, o aportar una certificación expedida por el juez del conocimiento, en la cual conste dicha circunstancia, y ante la negativa de su expedición podrá solicitarse al juez concursal que requiera la misma para los efectos legales a que haya lugar.

 

Sin embargo, puede suceder que el titulo valor o la escritura se encuentren extraviados, en cuyo caso deberá procederse a iniciar el respectivo proceso de reposición de títulos o de sustitución de escritura, en la forma prevista en la ley, lo cual deberá acreditarse ante el juez concursal o ante el promotor o liquidador. Según el caso, para los efectos legales pertinentes.
 
 

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