SUSPENSION DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS - REUNION DE SEGUNDA CONVOCATORIA - PAGO DIVIDENDOS

Oficio SUPERSOCIEDADES 220-000012 Del 02 de Enero de 2013

 

ASUNTO: Suspensión de una asamblea general de accionistas – Reunión de segunda convocatoria –Pago de dividendos.

 

Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número 2012-01-365701, por medio de la cual realiza la siguiente consulta:

 

“Un Representante Legal suspende la Asamblea de accionistas, dizque por falta de garantías, para una segunda convocatoria que plazos deben tenerse en cuenta si en la primera no hubo elección de presidente ni secretario de la misma, ni se aprobó el orden del día?

 

El Representante Legal no ha pagado los dividendos de los socios de los años 201º y 2011 argumentando que no hay dinero, pero él si se pagó como accionista. Que se debe hacer al respecto?”.

 

Sobre el particular, partiendo de la base que estamos frente a una sociedad anónima, me permito manifestarle que es preciso distinguir entre la suspensión de una sesión del máximo órgano social y la de una reunión de segunda convocatoria. La primera debe estarse a lo consagrado en el artículo 430 del Código de Comercio y la segunda a lo dispuesto en el artículo 429 de la misma obra.

 

La suspensión de una asamblea una vez instalada, es porque hubo quórum para deliberar, y al respecto el citado artículo 430 expresa que “Las deliberaciones de la asamblea podrán suspenderse para reanudarse luego, cuantas veces lo decida cualquier número plural de asistentes que representen el cincuenta y uno por ciento, por lo menos, de las acciones representadas en la reunión. Pero las

deliberaciones no podrán prolongarse por más de tres días, si no está representada la totalidad de las acciones suscritas.

 

Sin embargo, las reformas estatutarias y la creación de acciones privilegiadas requerirán el quórum previsto en la ley o en los estatutos”.

 

En relación con la reunión de segunda convocatoria, el artículo 429 consagra que “Si se convoca a la asamblea y esta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de socios cualquiera sea la cantidad de acciones que esté representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera reunión”.

 

“(……..)”.

 

Ubicados en los escenarios anteriores, tenemos como habiéndose instalado una sesión del máximo órgano social, independientemente de que no haya ocurrido la elección de presidente y secretario de la reunión, es nítido afirmar que existió quórum para deliberar, lo cual de entrada anula la posibilidad de que con base en la citada sesión pueda pretenderse dar nacimiento a una reunión de segunda convocatoria, pues el origen de esta última es que no haya existido quórum para deliberar, lo cual no ocurrió en este caso. Si así se actúo debe revisarse ese proceder y actuar de conformidad.

 

De otro lado, al afirmar en su comunicación que el representante legal no ha pagado los dividendos de los años 2010 y 2011, es preciso tener en cuenta que conforme el artículo 156 del estatuto mercantil, “Las sumas debidas a los asociados por concepto de utilidades formaran parte del pasivo externo de la sociedad, y podrán exigirse judicialmente. Prestarán mérito ejecutivo el balance y la copia auténtica de las actas en que consten los acuerdos validamente aprobados por la asamblea o junta de socios.

 

Las utilidades que se repartan se pagarán en dinero efectivo dentro del año siguiente a la fecha en que se decreten, y se compensarán con las sumas exigibles que los socios deban a la sociedad”.

 

En este orden, tenemos que en el evento en que la administración de la sociedad objeto de su interés, no haya pagado a los accionistas los dividendos en los plazos previamente acordados, es claro que la norma anterior señala el camino a seguir

 

En los anteriores términos se ha dado contestación a su consulta, no sin antes anotarle que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo.
 
 

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