TITULOS EJECUTIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA - LIQUIDACION Y PAGO DE INTERESES

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2016).  

Radicación: 05001-23-31-000-2010-02280-01  [21515]

 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

(....)

 

Corresponde a la Sala determinar la legalidad de los actos administrativos demandados, mediante los cuales el municipio de Medellín rechazó las excepciones propuestas por la actora contra el mandamiento de pago proferido para el cobro del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, correspondiente a las vigencias fiscales 2003 a 2008.

 

Debe precisarse que el Tribunal declaró la nulidad parcial de los actos acusados, por cuanto consideró que la obligación del periodo gravable 2003, objeto de cobro estaba prescrita para el momento en que la demandada expidió el mandamiento de pago, decisión que no fue apelada por el municipio demandado, razón por la cual, el pronunciamiento de la Sala se contraerá a los argumentos expuestos por la demandante, única apelante.

 

La actora insiste en el recurso de apelación en la falta de claridad de la suma objeto de cobro, argumento que en la demanda estuvo sustentado en que el mandamiento de pago fue expedido por valor de $838.645.003, pero este monto no tiene soporte en un título ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa y exigible, pues dentro de esta suma se incluye el valor por concepto del impuesto de industria y comercio adeudado y los intereses de mora, cuando los intereses se deben calcular al momento de la fecha del pago.

 

Pues bien, como lo ha precisado la Sala, «la característica esencial de cualquier título ejecutivo es que en él conste una obligación clara, expresa y exigible, de modo que faltando alguno de estos requisitos, el título ejecutivo, no es idóneo para adelantar el cobro coactivo. Así, el artículo 68 del C.C.A. enumera los documentos que prestan mérito ejecutivo, “siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible” y señala en el numeral 3º a la liquidación privada del impuesto que haya quedado en firme»[1].

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 191 del Decreto 924 de 2009[2], en forma similar al artículo 828 E.T.N.[3], prevé lo siguiente:

 

Art. 191. Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:

 

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 

3. Los demás actos de la Administración Municipal debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco municipal. 

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor del Municipio de Medellín para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración Municipal que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas. 

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los tributos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra el Municipio de Medellín.

 

PAR. Para efectos de los numerales 1º y 2º del presente artículo, bastará con la certificación de la Subsecretaría de Rentas Municipal o su delegado, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales

 

Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario competente. (Negrillas fuera de texto)

 

 

Respecto de la certificación a que hace referencia el parágrafo de la norma transcrita, esta Sala ha señalado que «por sí sola no constituye título ejecutivo, ni tampoco se desprende que sea necesaria la expedición de la certificación para que se entienda bien constituido el Título.  La razón de esta certificación tiene que ver solamente para que conste que existe la liquidación privada o la oficial y su valor, los cuales legalmente, son los títulos ejecutivos. Tampoco puede considerarse que la certificación que expida el administrador sobre la existencia de los mencionados títulos ejecutivos, se equipare a un acto administrativo ejecutoriado a los que se refiere el numeral 3 del artículo 828, pues éste corresponde a la manifestación escrita de la voluntad de la Administración, fundamentada y en desarrollo de las competencias que taxativamente le otorga la ley para la determinación de los tributos e imposición de sanciones»[4]. (Negrillas fuera de texto)

 

De acuerdo con lo anterior, la certificación expedida por el funcionario competente no constituye el título ejecutivo que sirve de fundamento al proceso de cobro, los títulos ejecutivos son los señalados en el artículo 191 del Decreto 924 de 2009, en concordancia con el artículo 828 E.T.N.

 

Así pues, en el asunto sub examine, los títulos ejecutivos son las liquidaciones privadas del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros correspondientes a las vigencias 2003 a 2008 presentadas por la demandante que, según informó el ente demandado en la contestación de la demanda, no fueron pagadas, aspecto que no ha sido discutido ni en sede administrativa ni ante esta jurisdicción por la sociedad demandante.

 

En efecto, la demandada sostuvo en el escrito de oposición a la demanda, lo siguiente: «Las liquidaciones privadas que presentó la sociedad Laboratorios Lister S.A. en el impuesto de industria y comercio, a las cuales el Municipio de Medellín no hizo reparos quedaron en firme y son la base del certificado de administrador No. 273 de septiembre 11 de 2009 y posterior mandamiento de pago, (…)»[5].

 

Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes administrativos y, en especial, con el escrito de excepciones presentado por la actora[6], en el que se transcribe parcialmente la Certificación del Administrador No. 273 de septiembre 11 de 2009[7], el funcionario hizo referencia a cada una de las declaraciones de las vigencias objeto de cobro y a los valores liquidados por la demandante en las liquidaciones privadas, así como a los intereses de mora generados para cada uno de los periodos, así:

 

Vigencia

Industria y Comercio

Avisos y Tableros

Abonos

Retenciones

Sanciones

Intereses de Mora

Total

2003

52.892.527

7.933.879

34.642.314

93.017

27.985

109.912.269

136.031.329

2004

54.921.622

8.238.243

0

307.198

0

133.885.184

196.737.851

2005

48.785.000

7.318.000

0

0

0

94.288.276

150.391.276

2006

52.362.000

7.854.000

0

41.000

0

73.997.318

134.172.318

2007

60.596.000

9.089.000

0

51.000

0

56.569.646

126.203.646

2008

59.673.000

8.951.000

0

26.000

0

26.510.583

95.108.583

TOTAL

329.230.149

49.384.122

34.642.314

518.215

27.985

495.163.276

838.645.003

De acuerdo con lo anterior, se establece que la suma adeudada por la demandante por concepto de impuesto es de $343.481.727[8] y los intereses liquidados a la fecha de expedición de ese certificado [11/09/09], corresponden a $495.163.276, los cuales se continuarían generando hasta la fecha de pago efectivo de la obligación.

 

Ahora bien, en el mandamiento de pago enviado a la actora y en el que se afirma que se fundamenta en el acto 273 del 11 de septiembre de 2009, la demandada señaló:

 

«La Subsecretaría de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, profirió el acto número 273 de Septiembre 11 de 2009, mediante la cual certifica el debido cobrar correspondiente a las vigencias 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, al contribuyente LABORATORIOS LISTER LTDA, con identificación tributaria (…)

 

Por lo antes expuesto, el Subsecretario Tesorero de Rentas de la Secretaría de Hacienda Municipal, actuando de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 224 de Febrero 5 de 2007.

 

R E S U E L V E

 

 

1.   LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de LABORATORIOS LISTER LTDA., con identificación tributaria número (…) para que pague al Municipio de Medellín la suma de $838.645.003, más los intereses a la tasa legal vigente fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia, para los impuestos Municipales, desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se verifique el pago de la suma adeudada (…)»[9]. (Negrillas fuera de texto)

 

 

De lo anterior se advierte, como lo alegó el demandante, que por la forma en que está determinada la suma adeudada en el mandamiento de pago, en este caso concreto, se entiende que la demandante adeuda por concepto de impuesto de industria y comercio la suma de $838.645.003 y sobre esta suma que incluye capital y los intereses, se calcularía los intereses respectivos.

Pues bien, del Certificado del Administrador al que se hizo referencia, se observa que por concepto de impuesto la demandante adeuda, en principio, la suma de $343.481.727, sumas que están soportadas en las declaraciones privadas del tributo presentadas por la demandante y que sirven de fundamento para adelantar el procedimiento de cobro.

 

Ahora bien, como lo señaló el a quo, el artículo 826 E.T.N.[10] prevé que el funcionario competente «para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. (…)», no obstante lo anterior, debe precisarse que los intereses liquidados a la fecha de expedición del mandamiento de pago son un cálculo de lo adeudado a la fecha pero no implica que sean los únicos causados, pues estos se calcularán al momento en que se realice el pago, cuya fecha es incierta.

 

En ese contexto, la Sala observa que la obligación objeto de cobro en la actuación administrativa demandada debió ser claramente determinada para especificar la suma que corresponde al impuesto de industria y comercio por los años 2003 a 2009 y discriminar lo que corresponde a intereses, pues los intereses respecto de cada vigencia se calculan de manera independiente[11] y no sobre el valor total de la deuda a la fecha en que se certificó por la Administración, razón por la cual, en este sentido se adicionará el restablecimiento del derecho ordenado en la sentencia apelada, como se indicará más adelante.

 

En cuanto a la forma en que deben ser liquidados los intereses, pues en el recurso de apelación la demandante sostiene que resulta más favorable que los intereses sean liquidados de acuerdo con la modificación introducida al artículo 635 E.T.N. por la Ley 1607 de 2012[12], la Sala advierte que en el contexto de lo que hasta aquí se ha expuesto, aunque los intereses de mora hacen parte de la suma que debe pagar el contribuyente, su liquidación debe hacerse al momento en que se realiza el pago y, por tanto, la cifra adeudada por este concepto no puede estar incluida en el mandamiento de pago, en esas condiciones, no resulta procedente definir en esta providencia cuál es la normativa aplicable para la liquidación de los intereses.

 

En relación con la alegada imputación defectuosa de los pagos realizados por la demandante, la Sala advierte que, según consta en los antecedentes administrativos, la actora realizó varios pagos en las siguientes fechas: 31 de julio de 2003, 11 de agosto de 2004, 24 de septiembre de 2004, 25 de noviembre de 2008 y 1º de diciembre de 2008, por un total de $34.642.314[13], respecto de los cuales la Subsecretaria de Rentas del ente demandado en la explicación del certificado de deuda contenida en el Oficio SRH 10146[14], precisa que «fueron aplicados a la vigencia más antigua (2003), imputándose en el siguiente orden: intereses, impuestos y sanciones»[15].

 

En esas condiciones, como lo señaló el Ministerio Público, teniendo en cuenta que los pagos cuya imputación discute el demandante fueron aplicados a la vigencia del 2003, cuyo cobro fue declarado prescrito por el Tribunal, no resulta procedente el análisis sobre la prelación aplicada por el ente municipal, además de lo dispuesto en el artículo 819 E.T.N.[16]

 

En suma, de acuerdo con lo decidido por el a quo y que no fue objeto de apelación y las consideraciones antes expuestas, la suma objeto de cobro a la demandante corresponde a las declaraciones del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, así:

 

Vigencia[17]

Industria y Comercio

Avisos y Tableros

Retenciones

2004

54.921.622

8.238.243

307.198

2005

48.785.000

7.318.000

0

2006

52.362.000

7.854.000

41.000

2007

60.596.000

9.089.000

51.000

2008

59.673.000

8.951.000

26.000

TOTAL

276.337.622

41.450.243

425.198

 

 

Por lo antes expuesto, la Sala confirmará los numerales primero, segundo y tercero de la decisión apelada en cuanto anuló parcialmente los actos demandados y declaró prescritas las obligaciones fiscales correspondientes al impuesto de industria y comercio del 2003, pero adicionará el restablecimiento del derecho para precisar que el valor adeudado por la demandante y objeto de cobro en los actos acusados corresponde al impuesto de industria y comercio de las vigencias 2004 a 2008, por un valor total de $317.362.667, sin perjuicio de los intereses a que haya lugar.

 


[1] Sentencia del 27 de septiembre de 2007, Exp. 16060, M.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.

[2] «Por medio del cual se adecua el régimen procedimental en materia tributaria para el Municipio de Medellín».

[3] E.T.N. Art. 828. Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo: 

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 

3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional. 

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas. 

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales.  (Hoy UAE Dirección de Impuestos y aduanas nacionales).

PAR. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, bastará con la certificación del Administrador de Impuestos o su delegado, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales. 

Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario competente.

[4] Sentencia del 27 de septiembre de 2007, Exp. 16060, M.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.

[5] Fl. 102

[6] Fl. 11

[7] Este Certificado no fue aportado al proceso. En todo caso, la información de la Certificación coincide con un cuadro aportado dentro de los antecedentes administrativos en que se totalizan los mismos valores y que hace parte de la explicación del cálculo de los intereses. (fl. 129)

[8] Resultado que se obtiene de sumar los valores liquidados por impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sanciones y restar los abonos y retenciones.

[9] Fl. 8

[10] En igual sentido lo consagra el artículo 189 del Decreto 924 de 2009.

[11] E.T.N. Art. 634. Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago.

Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados por la Administración de Impuestos en las liquidaciones oficiales, causarán intereses de mora, a partir del vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al que se refiera la liquidación oficial.

 

[12] E.T.N. Art. 635. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo.

Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley generarán intereses de mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital que no Incorporen los Intereses de mora generados antes de la entrada en vigencia de la presente ley. 

PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales”.

[13] Fl. 130.

[14] Oficio del 7 de julio de 2010, suscrito por la Subsecretaria de Rentas y dirigido a la Líder de la Unidad de Cobro Coactivo – Subsecretaría de Tesorería.

[15] Fl. 130

[16] E.T.N. Art. 819. El pago de la obligación prescrita, no se puede compensar, ni devolver. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la prescripción.

[17] Se excluye el año 2003 cuya obligación de pago fue declarada prescrita en primera instancia.

 

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