REQUISITOS DE VALIDEZ DE PRUEBAS CONTABLES MEDIANTE CERTIFICACIONES DE CONTADORES O REVISORES FISCALES

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Bogotá, D.C., Catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016)

Radicación:             250002327000201000293 01

Número interno:    19615

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

(....)

 

Según el precedente jurisprudencial de la Sala, conforme con el artículo 777 del ET, cuando se trata de presentar pruebas contables, las certificaciones de los contadores o revisores fiscales pueden ser suficientes si la Administración decide no hacer las comprobaciones pertinentes[1].

 

Que, sin embargo, para que esas certificaciones sean válidas como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.

 

Que además de expresar que la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales o que los libros se encuentran registrados en la cámara de comercio, deben informar si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y si reflejan la situación financiera del ente económico[2].

 

Lo anterior, por cuanto del artículo 777 del ET no se deduce la aceptación incondicional de las certificaciones como verdad real de una operación del contribuyente que deba constar en su contabilidad[3].

 

La Sala también ha precisado que las certificaciones deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse. Que no pueden versar sobre simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dan cuenta, pues «en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registradas las afirmaciones vertidas en sus certificaciones»[4].

 

Que, en todo caso, lo anterior no significa que se exija una fórmula sacramental en cuanto a la redacción de la certificación. Que lo que se exige es que sea completo, detallado y coherente, que permita establecer que la contabilidad evidencia la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios, tal como establece el artículo 48 Código de Comercio.

 

La Sala considera que, como alegó el Distrito Capital, la certificación aportada en la vía gubernativa no se plegó al rigor exigido por la jurisprudencia para que tuviera mérito probatorio, pues se limitó a hacer afirmaciones sobre algunas operaciones de la demandante, pero sin ofrecer algún detalle de los registros contables de esas operaciones o la existencia de soportes externos.

 

No sucede lo mismo con la certificación aportada con la demanda, que, además de informar que la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales y que los libros se encuentran registrados en la cámara de comercio, detalla el movimiento de la cuenta 424005 en el 2006, en que fue registrado el valor de la indemnización en discusión.

 

La Sala considera que aunque por sí sola esa certificación referida no sería suficiente para demostrar las reversiones de los registros contables del ingreso en discusión, no puede desconocerse que también fueron aportadas pruebas documentales de las que se desprende que si bien es cierto que la demandante registró un ingreso, la Superintendencia Financiera impartió instrucciones para reversarlo como condición para aprobar los estados financieros del año 2006.

 

En consecuencia, la Sala encuentra acertado que el tribunal haya aceptado los argumentos de defensa de la demandante en relación con este punto de controversia.

 

Así, por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia apelada.

 


[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia del 13 de diciembre de 2011. Radicación: 250002327000200300455-01. (16692).

[2] Sentencias de 14 de junio de 2002, Exp. 12840. C.P. Ligia López Díaz y de 11 de septiembre de 2006, Exp. 14754, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Reiteradas en sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación: 250002327000200600686-01. (16750). MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

[3]. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. CP. William Giraldo Giraldo. Sentencia del 27 de enero de 2011. Radicación: 250002327000200600802 01(17187).

[4] Sentencias de 25 de noviembre de 2004 Exp. 14155 CP. María Inés Ortiz Barbosa y de 30 de noviembre de 2006, Exp. 14846, CP. Héctor Romero Díaz.

 

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