CAUSALES ESPECÍFICAS DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMANDITARIA.

 

OFICIO SUPERSOCIEDADES 220-021717 DEL 10 DE FEBRERO DE 2014

REF: CAUSALES ESPECÍFICAS DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMANDITARIA.

Aviso recibo de su comunicación radicada bajo No. 2013-01-548341, mediante la cual formula una serie de interrogantes referidos a la situación de una sociedad en comandita simple en la que no existe claridad sobre su continuidad después de ocurrida la muerte del "socio gestor principal", amén de la ambigüedad de las cláusulas estatuarias que regulan ese evento, como de las dudas que surgen sobre la legalidad de las determinaciones adoptadas por los socios sobrevivientes.

Al respecto se debe precisar que de conformidad con el artículo 28 del nuevo C.C.A. el derecho de petición en la modalidad de formulación de consultas, está dirigido a obtener una opinión de carácter general y abstracto sobre las materias a cargo de las autoridades; esto es que se trata de una labor eminentemente pedagógica que busca ilustrar a los particulares sobre los temas de su competencia, mas no es la instancia para emitir pronunciamiento alguno sobre la conformidad de los contratos, de sus cláusulas o, las decisiones de los órganos sociales, máxime tratándose de sociedades cuyos antecedentes se desconocen y, atendiendo que son los interesados directamente o por la vía judicial, los llamados a resolver las inquietudes en torno a la interpretación de sus propios contratos (Art 27 del Código Civil).

Hecha la anterior aclaración y con el fin de proporcionar una orientación general, viene al caso traer los apartes pertinentes del Oficio 220-025462 del 8 de mayo de 2007 que expresan el criterio de esta Superintendencia en torno a las consecuencias que acarrea la muerte del único socio gestor en una sociedad del tipo mencionado y, la connotación que tiene en ese supuesto la figura del "socio gestor delegado"

Los interrogantes sobre las implicaciones que ocasiona la muerte del socio gestor, los resuelven las reglas contenidas en el artículo 333 de la legislación mercantil, las que claramente establecen que la sociedad en comandita se disolverá por "las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto de los socios gestores y así mismo, cuando desaparezca una de las dos categorías de asociados" (ordinal 3º idem), lo que por remisión al artículo 319 ibidem supone entre otros, que la sociedad en comandita efectivamente se disolverá "por muerte de alguno de los socios gestores, a menos que se hubiere estipulado su continuación con uno o más de los herederos o con los socios superstites".

Por consiguiente que para determinar la continuidad o no de la sociedad en un momento dado, habrá de estarse en primer lugar a lo que sobre el particular se estipulare en el contrato, considerando que en este último caso, será necesario declarar la disolución y, proseguir a la inmediata liquidación de la misma, tal y como lo dispone el artículo 222 del Código citado; pero si por el contrario se ha pactado de manera expresa que la sociedad puede continuar con uno o más de los herederos o con los socios supérstites (Art. 319,

numeral 1º., del Código de Comercio), ésta podrá seguir desarrollando su objeto social, previas las modificaciones a que hubiere lugar.

A ese propósito hay que tener presente que de todas maneras los herederos que por ley o testamento estén llamados a sustituir al socio fallecido, podrán representar las cuotas que estén en la sucesión ilíquida, en la forma que establece la ley, según lo ha expresado este Despacho en varias oportunidades, entre ellas, en sus oficios 100-42480 y 100-59334 del 31 de julio y 7 de noviembre de 1997 respectivamente, en los que entre otros se expresa:

(…)

Pasando ahora a los interrogantes sobre la delegación de las facultades en cabeza de los socios gestores, resulta oportuno traer a colación los apartes del oficio 220-29826 del 21 de junio de 2002, mediante el cual este Despacho se ocupó del tema

"… el ordenamiento jurídico que regula las sociedades en comandita, precisa algunas reglas que son propias de este tipo societario en general - artículos 323 a 336; otras de carácter particular de acuerdo con la modalidad adoptada, es así como la comandita simple se encuentra regulada en los artículos 337 y siguientes y la comandita por acciones en los artículos 343 y siguientes del Estatuto Mercantil. Sin embargo el legislador indicó que en lo no dispuesto en normas comunes o especiales, se aplicará para los socios colectivos o gestores lo previsto respecto de las sociedades en nombre colectivo y para los comanditarios, las reglas propias de los socios de las compañías de responsabilidad limitada, si se trata de sociedades comanditarias simples- (artículo 341 C. Co.), y entratándose de comanditarias por acciones, a los comanditarios se les aplicarán las normas de los accionistas de sociedades anónimas (artículo 352 C. Co.).

Realizada la anterior precisión, debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 326 de la obra citada que consagra expresamente:" La administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva", de donde resulta perfectamente claro que por remisión expresa, la normatividad aplicable a ésta categoría de socios está en las reglas contempladas en el artículo 310 y siguientes del Código de Comercio para las sociedades colectivas, de acuerdo con el cual la administración de la sociedad corresponderá a todos y cada uno de los socios (colectivos).

La última norma citada indica también que cuando la administración se delega en los consocios o extraños, los delegados "…tendrán las mismas facultades conferidas a los socios administradores por la ley por los estatutos…".

Tenemos entonces que un socio colectivo (gestor), en quien reside la administración de la compañía, bien puede delegar la misma en un consocio o en un extraño para que lo reemplace en sus ausencias temporales o definitivas, con la salvedad que el socio colectivo es quien de manera expresa compromete solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales.

Con base en lo expuesto, es jurídicamente viable la delegación que realiza el socio gestor, sin que ello conlleve a que el delegado, adquiera la connotación de asociado de la compañía. " Subraya fuera del texto)

Ante la claridad de la conclusión anterior, en el sentido que el delegado no adquiere por el sólo hecho de la delegación el carácter de socio gestor y atendiendo las demás consideraciones expuestas, se infiere que para determinar la continuidad de la sociedad en la hipótesis planteada, habría que consultar en su integridad el clausulado del contrato, en orden a precisar si fue el propósito de los contratantes que ante la falta del socio gestor fallecido lo sustituyere en tal carácter el "gestor delegado", en cuyo caso se requeriría que en esa condición hubiere comparecido el mismo a otorgar la escritura de constitución de la sociedad respectiva (artículo 337 idem) y desde luego, que reúna las condiciones exigidas por la ley para este tipo de socios (artículo 103 ibidem), sin perjuicio del cumplimiento de las demás formalidades que al efecto establezcan los estatutos y la ley.

Ahora bien, si de lo que se trata es de establecer la ocurrencia de irregularidades al interior de una sociedad que puedan comprometer a los administradores, socios o cualquiera otro órgano, es procedente advertir que uno o más de los asociados representantes de no menos del diez por ciento del capital social o alguno de sus administradores, pueden solicitar a este Despacho por sí o por medio de apoderado, la adopción de cualquiera de las medidas administrativas que contempla el artículo 87 de la Ley 222 de 1995, entre ellas la práctica de investigaciones administrativas, a las que habrá lugar cuando quiera que pretenda verificarse la ocurrencia de hechos lesivos de los estatutos o de la ley, en cuyo caso esta Entidad decretará las medidas pertinentes, según sus facultades.

Igualmente, cuando existan motivos de cualquier índole, como el desacuerdo entre los socios, que impidan la integración y funcionamiento del máximo órgano social y por ende, la adopción de las determinaciones que al mismo le competen, al punto que se imposibilite el normal desarrollo de la actividad de la compañía y la continuidad de la empresa, ésta inevitablemente se verá incursa en alguna de las causales de disolución previstas en el artículo 218 ibídem, circunstancia que deberá examinarse por dicho órgano para establecer él o los supuestos que determinen la disolución del ente societario y su consiguiente liquidación, atendiendo que salvo los casos contemplados en la ley, el reconocimiento de ese hecho para que surta legalmente efectos, supone la decisión válidamente adoptada por el órgano social mencionado.

En ese orden de ideas y, si las circunstancias imposibilitan la constitución de la junta de socios, esta Superintendencia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que le confiere la Ley 446 de 1998, puede dirimir las discrepancias sobre la ocurrencia de causales de disolución de sociedades no sometidas a la vigilancia y control del Estado, o que estándolo, la entidad respectiva no tenga dicha facultad, como disponen los artículos 138, 39 y 140 ibídem, siempre que el tramite sea solicitado por cualquier asociado mediante escrito presentado personalmente por el interesado o su apoderado, junto con los anexos correspondientes.

Así mismo, el artículo 627 del Código de Procedimiento Civil establece que a petición de cualquiera de los socios, procede declarar judicialmente la disolución y decretar la liquidación de una sociedad civil, comercial o de hecho, por las causales previstas en la ley o en el contrato social, cuando tal declaración no corresponda a una autoridad administrativa, procedimiento al que se acude cuando no sea evidente se haya producido la disolución de la sociedad, y por esa razón debe formularse demanda para que se declare aquella y consecuencialmente se proceda a la liquidación. Una vez agotados los pasos establecidos en los artículos 628 a 630 del citado código, el juez competente ordenará la liquidación de la sociedad y se procederá a realizarla bajo los parámetros que para el efecto están contemplados en los artículos 631 y siguientes de la misma obra.

En los anteriores términos se espera haber proporcionado los elementos jurídicos que le permitan resolver sus inquietudes, reiterando que los alcances del presente concepto son los previstos en el artículo 28 del C.C.A.

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