REGLAS SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOCIO INDUSTRIAL

 

OFICIO SUPERSOCIEDADES 220-219524 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2013

REF: REGLAS SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOCIO INDUSTRIAL.

Aviso recibo de su comunicación radicada con el No. 2013-01-432899, mediante la cual describe la situación de hecho que se verifica al interior de una sociedad anónima cuyos estatutos estipulan que una determinada persona tiene derecho como socio industrial que es de la misma a percibir un porcentaje de utilidades determinado en cada ejercicio, persona que al momento de ser designada como tal, tenía la calidad de representante legal que a la fecha no ostenta y, durante muchos años, percibió simultáneamente salario como contraprestación por su actividad y, también el porcentaje de las utilidades previsto en los estatutos.

A renglón seguido y, sobre la base de que los estatutos sociales nada establecen al respecto, formula una serie de preguntas relacionadas todas con la situación de facto referida, como son i) si el aporte en ese caso corresponde al "Aporte de Industria" en la modalidad de "Sin Estimación Anticipada de su Valor" toda vez que la retribución es un porcentaje de las utilidades y no de acciones ii) quién y cómo se define el alcance de las obligaciones y las condiciones del servicio personal del socio si los estatutos no lo indican iii) qué obligaciones tiene el socio si ya no es representante legal ni ejerce ningún cargo en la sociedad iv) cuál es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento y fijar las condiciones del servicio, etc.

En primer lugar es preciso advertir que en atención al derecho de petición en la modalidad de consulta, este Despacho profiere los conceptos jurídicos a que haya lugar sobre los temas relacionados con la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales cuya supervisión le fue asignada y, en esa medida, expresa una opinión o punto de vista de carácter general sobre las materias a su cargo, según los términos del artículo 28 del C.C.A., mas no emite ningún pronunciamiento referido en particular a los alcances de los contratos, los actos o las decisiones de los órganos sociales o de administración de sociedades cuyos antecedentes desconoce.

Es así que frente a sus interrogantes la Entidad no puede emitir siquiera una opinión abstracta relativa a la situación que se plantea, pues la simple referencia aislada a unos hechos que se dicen derivados de unas cláusulas contractuales, no permite dimensionar en todo su contexto la intención real de las partes en torno al tema materia de discusión, ni menos bajo qué circunstancias han tenido ocurrencia los mismos.

Según el principio general de hermenéutica, es sabido que materia de interpretación de los contratos aplican las reglas consagradas en el Libro 4º. Titulo XIII del Código Civil, para el caso, la contenida en el artículo 1622, de acuerdo con el cual " Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándole a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad…", atendiendo que de no haber acuerdo entre las partes, la interpretación habrá de hacerse por vía judicial.

A su turno, en lo que atañe particularmente a las condiciones que regulan la figura del aporte de industria y por ende, el ámbito de los derechos y las obligaciones que surjan de

la relación del socio industrial con la sociedad, es necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Comercio, que en lo pertinente establece:

" ARTÍCULO 137. APORTES DE INDUSTRIA. Podrá ser objeto de aportación la industria o trabajo personal de un asociado, sin que tal aporte forme parte del capital social.

"…los derechos inicialmente estipulados en su favor no podrán modificarse, desconocerse ni abolirse sin su consentimiento expreso, salvo decisión en contrario proferida judicial o arbitralmente…"

En este orden de ideas, hay que tener presente que tratándose de hechos materia conflictos de naturaleza societaria, de los que esta Superintendencia en ejercicio de facultades jurisdiccionales haya de conocer, deben atenderse los requisitos, términos y condiciones en que procede la intervención de la Entidad, frente a los cuales viene al caso efectuar una somera ilustración, no sin antes señalar que en la página web Link "Procedimientos Mercatiles" podrá ampliar su información.

En efecto por virtud de la ley Superintendencia de Sociedades, a través de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles, ejerce facultades jurisdiccionales de naturaleza societaria sobre las materias que le fueron atribuidas en los artículos 133, 136 y 138 de la Ley 446 de 1998; artículos 28, 29 y 43 de la Ley 1429 de 2010 y artículo 24, numeral 5º, literales a), b), c), d) y e) del Código General del Proceso. En este sentido, todos los procesos jurisdiccionales deben iniciarse con una demanda, la cual debe reunir los requisitos establecidos en los artículos 75, 77, 82 y demás normas aplicables del Código de Procedimiento Civil, los cuales incluyen la presentación de la misma por conducto de abogado inscrito.

Adicionalmente, y en ejercicio de estas facultades, la Superintendencia de Sociedades se pronuncia a través de autos o sentencias, tal como lo dispone el artículo 302 del ordenamiento procesal ya citado. Ahora bien, salvo algunas excepciones específicamente contempladas en la ley, la notificación de los autos se hace por medio de anotaciones en el estado que elabora el secretario de la Delegatura y que se fija en la cartelera que se encuentra ubicada en el primer piso de la Superintendencia de Sociedades, en la oficina de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá, D. C.

En consecuencia, si la intención es iniciar alguna de las acciones que esta Superintendencia es competente para conocer en sede jurisdiccional, en materia de conflictos de naturaleza societaria, se deberá interponer la respectiva demanda, para cuyo efecto es indispensable, por mandato expreso del artículo 63 del Código de Procedimiento Civil, actuar a través de abogado inscrito.

Por lo demás, sobre el tema de los aportes industria en sus dos modalidades y el tratamiento del que los aportantes son objeto en el marco de la legislación mercantil, este Despacho de tiempo atrás ha expresado su criterio, a través entre otros del Oficio 220-33397 de 1998 que Ud cita, así como en los oficios 220-60202 del 17 de septiembre de  2003, 220-06369 del 7 de febrero y 220-028410 del 6 de junio ambos de 2007, los que podrá igualmente consultar en la P.Web, en el link "normatividad"- conceptos jurídicos.

En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida con sujeción al artículo 28 del C.C.A.

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