PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL

 

OFICIO SUPERSOCIEDADES 220-197232 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013

 

ASUNTO: ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON UN PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL

Me refiero a su escrito, recibido vía correo electrónico, radicado en esta Entidad con el número 2013- 01- 417284, mediante el cual, previa las consideraciones allí expuestas, formula una consulta relacionada con algunos aspectos de una persona natural comerciante, en los siguientes términos:

• Si existe doble pago de una acreencia cómo se cobra el excedente?

• Si el liquidador no pagó dos veces, sino que se destinó para otros gastos y él lo reporta de esa manera, cual es la entidad a evaluar la gestión realizada?

• Que herramientas brinda la superintendencia de sociedades para subsanar los errores cometidos por el Intendente regional y los liquidadores?

• Como se pueden revocar los pagos si la liquidación ya fue terminada?

• Cuales eran los deberes del liquidador, y que acciones se le puede reconvenir por sus omisiones?

Al respecto, me permito manifestarle, de una parte, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es función de la Superintendencia de Sociedades la de absolver las consultas de carácter general y abstractas que se le formulen sobre temas de derecho estrictamente societario regulado por la legislación mercantil, y no sobre temas contractuales, procedimentales o jurisdiccionales, y de otra, que según Sentencia C-1641 del 29 de noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, no le es dable a la Entidad como autoridad administrativa intervenir en asuntos de los cuales haya de conocer en ejercicio de facultades jurisdiccionales, en relación con los cuales se debe pronunciar como juez en las instancias procesales a que haya lugar.

No obstante lo anterior, este Despacho se permite, a título meramente informativo, hacer las siguientes precisiones jurídicas, a la luz de la Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta que la consulta planteada se refiere a un proceso de liquidación judicial.

i) Como es sabido, el proceso de liquidación judicial de que trata el artículo 1º ibídem, tiene por objeto la liquidación pronta y ordenada buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor.

Del estudio de la norma antes transcrita, se colige que el proceso de liquidación judicial tiene por objeto la realización de los activos de deudor el pago en forma ordenada de las obligaciones a su cargo y con el producto pagar las obligaciones a cargo del mismo, esto último conforme a la prelación legal establecida en el artículo 2495 y siguientes del

Código Civil. Su carácter es, por tanto, universal, en cuanto comprende todos los deudores y acreedores de aquellas, así como todos los bienes y obligaciones del deudor concursado.

ii) Tal previsión, tiene por objeto que los acreedores obtengan la satisfacción de sus créditos, previa calificación y graduación de los mismos, con los recursos provenientes de la realización de los activos de propiedad de la sociedad concursada, lo cual significa que el pago total de las obligaciones a su cargo, dependerá de la suficiencia de los fondos obtenidos, pues de ser escasos podrían quedar algunas obligaciones insolutas total o parcialmente.

iii) Ahora bien, en el evento de que se haya pagado doblemente una obligación, el liquidador deberá procurar el cobro del valor pagado de demás, toda vez que dentro de las funciones deferidas por la ley al mencionado auxiliar de la justicia, se encuentra la de recaudar los dineros adeudados al deudor concursado.

iv) Sin embargo, respecto al pago de las acreencias adeudas, hay que distinguir aquellas causadas antes de la fecha de inicio del proceso liquidatario y las originadas con posterioridad a dicha fecha, las primeras, quedan sujetas a las resultas del proceso, es decir, que su pago se hará una vez se encuentre en firme el auto de calificación de créditos y con la prelación y preferencia que les corresponda; las segundas, tienen el carácter de gastos de administración, y en tal virtud deben pagarse de preferencia sobre aquellas objeto de calificación y graduación de créditos, esto es, una vez se causen y se hagan exigibles.

v) De otra parte, es de anotar que contra los proyectos de calificación y determinación de derechos de voto, se pueden formular objeciones, las cuales serán tramitadas en los mismos términos previstos en la presente ley para el acuerdo de reorganización (inciso tercero del artículo 53 ejusdem).

vi) Es necesario advertir, que al tenor de lo previsto en el artículo 63 de la Ley 222 ya citada, el proceso de liquidación judicial terminará:

1. Ejecutoriada la providencia de adjudicación.

2. Por la celebración de un acuerdo de reorganización.

Cumplido lo anterior, dispondrá el archivo del expediente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que proceda contra el deudor, los administradores, socios y el liquidador, y ordenará la inscripción de la providencia en el registro mercantil o en el que corresponda. La anotación indicada extinguirá la persona jurídica de la deudora.

vii) De otro lado, se observa que el liquidador sin lugar a duda es uno de los principales protagonistas del proceso concursal, persona en la cual recaen diversas calidades como son la de administrador (artículo 22 de la Ley 222 de 1995) representante legal de la sociedad deudora (inciso 1o del artículo 166 ibídem), auxiliar de la justicia (artículo 8º C.P.C.) y es quien en adelante tendrá la tarea de procurar la pronta realización del objeto

de dicho trámite, contando para ello con el otorgamiento de las facultades consagradas en la ley 1116 de 2006.

No sobra advertir, además, que el cargo del liquidador, conforme lo consagra el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil, es un OFICIO PÚBLICO que debe ser desempeñado por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 82 de la Ley 1116 tantas veces citada, cuando la prenda común de los acreedores sea desmejorada con ocasión de conductas, dolosas o culposas de los socios, administradores, revisores fiscales, y empleados, los mismos serán responsables civilmente del pago del faltante del pasivo externo.

No estarán sujetos a dicha responsabilidad los socios que no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o que hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de funciones, violación de la ley o de los estatutos, será presumida la culpa del interviniente. Igualmente, serán tenidas por no escritas las cláusulas contractuales que tiendan a absolver a los socios, administradores, revisores fiscales, y empleados de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.

Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúa como su representante legal.

La demanda deberá promoverse por cualquier acreedor de la deudora y será tramitada por el proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil, ante el juez del concurso, según sea el caso en uso de facultades jurisdiccionales y en trámite independiente al de la insolvencia, el cual no será suspendido.

La responsabilidad aquí establecida será exigible sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y sin consideración al tipo societario.

viii) Finalmente, es de anotar que cuando después de terminado el proceso de liquidación judicial, aparezcan nuevos bienes del deudor, o cuando el juez del proceso dejó de adjudicar bienes inventariados, habrá lugar a una adjudicación adicional, para lo cual deberá seguirse el procedimiento señalado en el artículo 64 ibídem.

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