TRAMITE DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA- ACTOS RELACIONADOS CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

 

OFICIO SUPERSOCIEDADES 220-166750 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013

 

ASUNTO: TRAMITE DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA- ACTOS RELACIONADOS CON LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Me refiero a su comunicación radicada con el número 2013-01-396520, mediante la cual consulta si una sociedad disuelta y en estado de liquidación puede suscribir una hipoteca sobre activos?.

Al respecto me permito informarle que con fundamento en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo –Contencioso Administrativo, profiere los conceptos de carácter general y en abstracto a que haya lugar con motivo de las consultas que le son formuladas sobre las materias de su competencia, mas no le es dable mediante esta instancia emitir pronunciamientos de ninguna índole sobre situaciones particulares y concretas, ni menos sobre la legalidad o ilegalidad de las decisiones de los órganos sociales o los actos realizados al interior de sociedades, pues la facultad de absolver consultas no incluye la de asesoramiento.

Sin perjuicio de consideraciones particulares del proceso liquidatorio, a las que a continuación se hará referencia, es del caso observar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 222 del Código de Comercio, una vez disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la Ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto.

Sobre el tema de la liquidación privada de sociedades, se ha ocupado la entidad en múltiples ocasiones, para efectos de resolver la inquietud propuesta, en principio es del caso precisar que el tema objeto de análisis fue resuelto por el legislador en el capítulo X artículos 225 al 259, del Código de Comercio, modificado por la Ley 1429 de 2010.

De las referidas disposiciones se infiere que aunque el proceso es de naturaleza privada, está regulado por normas de carácter imperativo que son de obligatorio cumplimiento, dentro de las cuales el legislador no se ha limitado a conferir determinadas facultades al liquidador, sino que le ha impuesto una serie de verdaderas obligaciones de las que los socios no pueden exonerarlo, porque están enderezadas no solo a la protección de los asociados mismos, sino también a la protección de los terceros que hayan contratado con la sociedad o que tengan, situaciones jurídicas creadas con ella.

Ahora bien, dentro de las diferentes etapas procesales, posiblemente una de las más importantes, es la elaboración del inventario del patrimonio social, documento base dentro del proceso pues contiene información muy valiosa como el monto de los activos a liquidar y el total de las obligaciones contraídas por el ente jurídico, dicho documento ha de elaborarse en forma pormenorizada, indicando el acreedor, monto adeudado, cuantía,

clase de crédito etc..., así como el orden de pagos, de acuerdo a la categoría que le asigna la misma ley -artículos 2495 al 2509 del Código Civil-.

Otra etapa del proceso, no menos importante, es la cancelación del pasivo externo, que como ya se advirtió, debe sujetarse a lo consagrado en el Código Civil para el efecto (art. 242 de la Legislación Mercantil). Al respecto, la Superintendencia, mediante Oficio EL -41980 de 1988, ha manifestado que "....el liquidador ha de observar las disposiciones sobre prelación de créditos en el momento de cancelar el pasivo externo a cargo de su representada (...). Así el liquidador no puede preferir a su arbitrio a ningún acreedor.(...). Reconocidos los créditos e integrados los órdenes, una vez se realicen los activos, el liquidador debe proceder a finiquitar las obligaciones a cargo de la sociedad,...."

En resumen, es función del liquidador proteger no solo el patrimonio de la sociedad en liquidación, prenda general de los acreedores, sino los intereses de los acreedores, sin distinción alguna y en igualdad de condiciones, mediante la realización de los activos para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones, para finalizar con la distribución y entrega del remanente, si lo hubiere, entre los asociados, momento en el cual se entiende culminado el proceso liquidatorio y en consecuencia cesan las obligaciones y funciones del liquidador.

Así pues, la realización de los bienes sociales es una de las funciones del liquidador, así lo confirma el artículo 238 ibídem, cuando establece: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los liquidadores procederán:….5) A vender los bienes sociales, cualquiera que sean estos, con excepción de aquellos que por razón del contrato social o de disposición expresa de los asociados deban ser distribuidos en especie."

Conforme a la disposición transcrita, es claro que es deber del liquidador vender todos los bienes sociales para efectuar del pasivo externo, cubierto este monto, si aún quedan bienes, estos podrán ser distribuidos en especie entre los asociados cuando así se hubiere dispuesto en el contrato, en todo caso, resulta extraño al proceso de liquidación voluntaria de una sociedad, la posibilidad planteada, que se concreta en suscribir un contrato de hipoteca sobre activos sociales, pues éstos como se observó, éstos están destinados a ser vendidos y no a constituirse en garantía de obligaciones sociales; toda vez que el propósito de la liquidación, se reitera, es liquidar los bienes para pagar el pasivo externo y cumplida esta exigencia, el remanente distribuirlo entre los socios en proporción a su aporte, en dinero o en especie, según que se hubiere acordado en el contrato, dentro de la cuenta final de liquidación. (Artículo 247 del Código de Comercio).

En los anteriores términos se ha atendido su inquietud, no sin antes manifestarle que el presente oficio tiene los alcances del artículo 28 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.

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