PAGO DE OBLIGACIONES DENTRO DE UN PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA- LEY 222 DE 1995

 

OFICIO 220-143254 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2013

 

ASUNTO: PAGO DE OBLIGACIONES DENTRO DE UN PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA- LEY 222 DE 1995

Me refiero a su escrito, radicado en esta Entidad con el número 2013- 01- 376430, mediante el cual formula una consulta sobre la solución de las obligaciones dentro de un proceso de liquidación obligatoria, en los siguientes términos:

Si ante la evidencia de existir recursos suficientes para pagar los gastos de administración y la totalidad de la acreencias calificadas y graduadas, es procedente reconocer intereses corrientes a partir de la fecha de apertura del proceso concursal, o por el contrario, el pago debe hacerse en la forma prevista en el artículo 1627 del Código Civil, o dar continuidad a las sanciones determinadas en los fallos judiciales que se hayan podido acreditar (sanciones moratorias diarias, etc.), e intereses corrientes a quienes no tengan en su favor una orden judicial?

Al respecto, me permito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, es función de la Superintendencia de Sociedades la de absolver las consultas de carácter general y abstractas que se le formulen sobre temas de derecho estrictamente societario regulado por la legislación mercantil, y no sobre temas contractuales, procedimentales o jurisdiccionales, y que dicho sea de paso no asesora sobre hechos particulares como resulta ser el caso planteado.

No obstante lo anterior, este Despacho se permite, a título meramente informativo hacer las siguientes precisiones de orden legal, a la luz de la Ley 222 de 1995, cuyo Título II a pesar de haber sido derogado expresamente por la Ley 1116 de 2006, se aplica a la negociación de acuerdos de reestructuración, los concordatos y liquidaciones obligatorias de personas naturales y jurídicas iniciados durante la vigencia de dicha ley.

i) El artículo 158 de la Ley 222 de 1995, preceptúa que "A partir de la providencia de apertura del trámite liquidatario y hasta el vigésimo día siguiente al vencimiento del término de fijación del edicto, los acreedores deberán hacerse parte personalmente o por medio de apoderado, presentando prueba siquiera sumaria de la existencia de sus créditos…" (El llamado es nuestro).

Del estudio de la norma antes transcrita, se desprende que todos los acreedores del deudor, sin excepción alguna, deben hacerse parte en el proceso, aportando prueba siquiera sumaria de la existencia, naturaleza, clase y cuantía de los créditos a su favor.

ii) Tal previsión, tiene por objeto que los acreedores obtengan la satisfacción de sus créditos, previa calificación y graduación de los mismos, con los recursos provenientes de la realización de los activos de propiedad de la sociedad concursada (artículo 198 ibídem), ya sea en forma directa por el liquidador o través de la venta en pública subasta (artículo 67 de la Ley 550 de 1999), lo cual significa que el pago total de las obligaciones a su cargo, dependerá de la suficiencia de los fondos obtenidos, pues de ser escasos podrían quedar algunas obligaciones insolutas total o parcialmente.

iii) Ahora bien, el artículo 1627 del Código Civil, preceptúa que "El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes…" (Subraya el Despacho).

Del texto de la mencionada disposición se colige, que el pago de las obligaciones debe hacerse en la forma y términos estipulados en el documento contentivo de la misma, llámese contrato, título valor, factura comercial, etc.

iv) Sin embargo, tratándose de un proceso liquidatario, el pago de las obligaciones a cargo del deudor concursado, queda sujeto a las resultas del proceso, es decir, que la solución de las mismas se hará de acuerdo con las disponibilidades económicas de aquél, atendiendo lo dispuesto en la graduación y calificación de créditos y con la prelación legal que le corresponda.

En efecto, el artículo 198 de la Ley 222 ya mencionada, señala que ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos y en firme los avalúos practicados, el liquidador procederá a pagar, con el dinero disponible, atendiendo lo dispuesto en la graduación.

No obstante, previa autorización de la junta asesora y respetando la prelación y los privilegios de ley, podrá cancelar obligaciones mediante daciones en pago.

v) Para tal efecto, según doctrina reiterada de este Organismo, en el auto de calificación se tiene en cuenta solamente el capital, y respecto de las sumas accesorias cuyo reconocimiento se solicita (intereses, costas, gastos, agencias en derecho, sanciones de orden legal o convencional, indexación, honorarios, etc.), se indica que no se liquidan para efectos de dicha providencia, pero el liquidador deberá cancelarlos después de que se haya satisfecho el principal, únicamente los causados hasta la fecha de apertura del proceso, lo que significa que los accesorios se honrarían siempre y cuando existan los recursos necesarios para ello y conforme al documento contentivo de la obligación.

vi) En resumen se tiene, que para efectos de la satisfacción de los créditos reconocidos y admitidos dentro de un proceso de liquidación obligatoria, las partes deberán estarse en un todo a lo dispuesto en la providencia de calificación y graduación de créditos, así como en el plan de pagos debidamente aprobado por la junta asesora del liquidador, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 198 op. cit.

vii) En cambio los gastos de administración surgidos durante el trámite liquidatario, se pagarán inmediatamente y a medida que se vayan causando, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 ejusdem, es decir, que tales acreencias tienen preferencia para su pago sobre aquellas acreencias objeto del proceso.

viii) Finalmente, es de observar que el hecho de que en una sentencia judicial se hubiera condenado a la sociedad concursada al pago de intereses, costas, sanciones de orden legal, etc., no significa que dicho tratamiento se le debe dar a los acreedores que no tengan una sentencia judicial a su favor, por cuanto, de una parte, la ley no previó dicha

circunstancia, y de otra, que las sentencias no producen efectos erga omnes sino interpartes.

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