TRAMITES LITIGIOSOS ADELANTADOS CONTRA SOCIEDAD EN PROCESO DE REORGANIZACION

Oficio SUPERSOCIEDADES 220- 181914 Del 19 de Diciembre de 2012

 

ASUNTO: Trámites litigiosos adelantados contra una sociedad en proceso de reorganización de naturaleza diversa a los procesos de ejecución.

 

Me refiero a su Oficio 2012EE0081791, radicado en esta superintendencia con el número 2012-01-403693, mediante el cual, luego de exponer que con ocasión del incumplimiento contractual por parte la sociedad AVANCE DIGITAL S.A. respecto de un contrato suscrito con esa Contraloría, esta última, con base en cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato le inició a la citada compañía un procedimiento administrativo sancionatorio contractual, el cual se encuentra suspendido en razón de la admisión de que fuera objeto tal sociedad a un proceso de reorganización en los términos de la Ley 1116 de 2006, consulta si en razón al inicio del aludido proceso concursal le asiste competencia a ese organismo de control para continuar con el trámite sancionatorio aludido que, a la postre, de continuar bajo su conocimiento, daría lugar, ya sea a la compensación de las sumas adeudadas al contratista, al cobro de la garantía o a cualquier otro medio de pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva, o por el contrario, debe incorporarse al proceso de insolvencia.

 

R/. Sobre el particular, le informo que a pesar de la característica de universalidad de los procesos de insolvencia de que trata la Ley 1116 de 2006, únicamente los procesos de ejecución que se vengan adelantando contra una sociedad previamente al inicio de un proceso de reorganización que se lleven respecto de ésta, resultan objeto del proceso de insolvencia, lo cual implica que deben incorporarse al proceso de reorganización (Art. 20 Ley 1116 de 2006).

 

Los procesos judiciales o trámites administrativos adelantados en contra de una sociedad con anterioridad al inicio de un proceso de reorganización suyo que no sean de ejecución, es decir, que hasta ahora persigan la declaración de la certeza de una obligación, como lo es el trámite sancionatorio a que se refiere en su consulta, no hace parte del proceso de reorganización por lo que deben continuar su desarrollo ante la autoridad judicial o administrativa que ha venido conociendo de los mismos.

 

No obstante, este tipo de créditos derivados de un litigio pendiente de fallo declarativo, denominado crédito litigioso por la Ley 1116 de 2006, queda sujeto a los términos previsto en el acuerdo de reorganización para que en el evento que el fallo determine la existencia del mismo, sean atendidos en condiciones iguales a los de su misma clase y prelación legal, En el entretanto, así lo obliga la ley, el deudor constituirá una provisión contable para atender su pago.

 

Lo anterior se colige claramente de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 25 ídem, que reza:

 

“ARTÍCULO 25. CRÉDITOS. Los créditos a cargo del deudor deben ser relacionados precisando quiénes son los acreedores titulares y su lugar de notificación, discriminando cuál es la cuantía del capital y cuáles son las tasas de interés, expresadas en términos efectivos anuales, correspondientes a todas las acreencias causadas u originadas con anterioridad a la fecha de inicio del proceso.

 

Los créditos litigiosos y las acreencias condicionales, quedarán sujetos a los términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma clase y prelación legal, así como a las resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el entretanto, el deudor constituirá una provisión contable para atender su pago…”

 

Lo anterior no puede confundirse con lo dispuesto en el artículo 20 ibídem, que expresamente impide la admisión de nuevos procesos de ejecución instaurados con posterioridad al inicio del proceso de reorganización con ocasión de obligaciones que deben hacerse parte en el proceso, esto es, las causadas con anterioridad a la admisión del proceso de insolvencia, así como la continuación de aquellos que con esta misma motivación fueron iniciados antes de dicho proceso de insolvencia. Dicho artículo dispone:

 

“ARTÍCULO 20. NUEVOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y PROCESOS DE EJECUCIÓN EN CURSO. A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos de calificación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea e l caso, quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada.

 

El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las actuaciones surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendrá recurso alguno.”

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el tipo de trámite que actualmente se adelanta al interior de esa Contraloría en contra de la mencionada sociedad no se trata de un proceso de ejecución, sino uno a través del cual se persigue declarar una obligación del reconocimiento de una cláusula penal por incumplimiento contractual, considera esta oficina que no resulta ser de aquellos que deban ser incorporados al proceso de reorganización de la sociedad implicada, por lo que ese organismo de control continúa siendo la autoridad competente para adelantarlo.

 

En los anteriores términos se ha dado respuesta a su consulta, los cuales tienen el alcance a que alude el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo.
 
 

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