TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

 

Consejera Ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

 

Bogotá, D. C., ocho (08) de junio de dos mil dieciséis (2016)

Radicación:      250002337000201300041-01 [21681]

Demandante:   LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA (NIT. 830065063-4).

Demandado:    DISTRITO CAPITAL

Asunto: ICA- años gravables 2007 a 2009

CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

 

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandado, la Sala determina si la actora estaba obligada a declarar en el Distrito Capital el impuesto de industria y comercio por los años gravables 2007 a 2009.

 

En consecuencia, precisa si se ajustan al ordenamiento jurídico la sanción por no declarar y la liquidación de aforo de que dan cuenta los actos acusados.

 

Para abordar los puntos en mención, la Sala reitera el criterio expuesto en sentencias de 24 de octubre de 2013 y 28 de agosto de 2014, en las que se analizó un asunto similar entre las mismas partes[1].

 

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, en concordancia con el artículo 32 del Decreto 352 de 2002, el hecho generador del impuesto de industria y comercio es el ejercicio de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en el Distrito Capital.

 

Conforme con el artículo 35 de la Ley 14 de 1983, en concordancia con el artículo 34 del Decreto Distrital 352 de 2002, son actividades comerciales las destinadas  al expendio, compraventa, o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio[2], siempre y cuando no estén consideradas por el mismo Código o por la ley, como actividades industriales o de servicios.

 

Aunque la normativa del impuesto de industria y comercio no determina expresamente dónde se entiende realizada la actividad comercial y, por ende, cuál es el municipio que tiene derecho a obtener el pago del tributo, partiendo de la  definición de la actividad comercial y de los elementos de esta, debe determinarse el lugar de causación del tributo, teniendo en cuenta las pruebas allegadas al proceso, en cada caso[3].

 

En efecto, la Sección Cuarta ha precisado que el lugar donde se realiza la actividad comercial de venta de bienes es aquel donde se concretan los elementos esenciales del contrato, esto es, el precio (y dentro de este, la forma de pago)  y la cosa que se vende, independientemente del lugar donde se hagan los pedidos. Así, en sentencia de 22 de enero de 1999, la Sección afirmó lo siguiente[4]:

 

“De otra parte se encuentran a folios 85 a 133 del cuaderno principal los testimonios recibidos de representantes de algunas droguerías de la ciudad de Medellín, de un visitador médico de la sociedad, del Coordinador de la actora en dicha ciudad, del Jefe de la División Financiera del Hospital San Vicente de Paúl y de la contadora que fue asignada por la Administración municipal para realizar la visita a la oficina de Parke Davis en Medellín y de los cuales se puede concluir que si bien es cierto que los pedidos de compra de los productos elaborados por la sociedad se toman en la ciudad de Medellín, es en la ciudad de Cali donde se efectúa la actividad comercial gravable, pues es allí donde se concretan todos los elementos de la venta, como es el precio, el plazo de pago y el envío de los productos a los clientes en Medellín”. (Subraya la Sala)

 

A su vez, la Sección ha señalado que labores de coordinación, como las de los visitadores médicos, son distintas de la comercialización de los bienes y, por lo mismo, son insuficientes para que se entienda realizado el hecho imponible en un determinado municipio. Al respecto, la Sección sostuvo lo siguiente[5]:

 

“La comercialización de sus productos, no la realiza, a lo menos en la ciudad de Medellín, sino que para la venta de los mismos a clientes en aquélla recibe los pedidos que le envían sus visitadores médicos a la ciudad de Bogotá, en la cual realiza todas las operaciones atientes a su venta, entendiéndose ya comercializado el producto cuando cumple con enviarlo a la ciudad de Medellín sin que por este hecho se pueda afirmar que para efectos del impuesto municipal, la venta haya sido realizada en Medellín.

 

Según se observa, la actividad de los visitadores médicos es de simple coordinación y no de comercialización, lo cual se refuerza por el hecho de que aparece desvirtuada en el proceso, la existencia de sucursales, agencias, almacenes y/o bodegas en Medellín, con manejo independiente de contabilidad que indicaran que efectivamente en esta ciudad se cumplen por parte de la sociedad actora actividades comerciales sujetas al gravamen en mención, cumpliéndose en Medellín, una mera labor de coordinación, insuficiente para entender realizado el hecho imponible del impuesto de industria y comercio en los términos de las normas respectivas”.

 

También ha precisado la jurisprudencia que el destino de las mercancías o el lugar donde se suscribe el contrato de compraventa no son factores determinantes para establecer dónde se ejerce la actividad comercial. Y, que las ventas a través de “vendedores comerciales vinculados a la sociedad en Bogotá” no determinan que la actividad comercial se haya desarrollado en dicha ciudad. Sobre el particular, en sentencia de 8 de marzo de 2002, la Sala señaló que[6]:

 

“Para la Sala las pruebas aducidas por la administración para acreditar que las ventas objeto de adición se realizan en Bogotá,  no son demostrativas de la realización del hecho generador del impuesto de Industria y Comercio en relación con la actividad comercial, porque como lo ha reiterado en anteriores oportunidades, el destino de las mercancías o el sitio donde se suscribe el contrato de compraventa no son determinantes del hecho generador o manifestación externa del hecho imponible, ya que con tal criterio se estaría trasladando el lugar de la causación del gravamen, desconociendo el carácter territorial del impuesto.  Así que, el hecho de que las ventas se hayan realizado a través de los vendedores comerciales vinculados a  la sociedad en Bogotá y que estos tengan que asesorar a sus clientes respecto de precios, forma de pago, descuentos, o devoluciones de mercancías,  no puede aceptarse como demostrativo de la actividad comercial objeto del gravamen.” (Destaca la Sala)

 

El anterior criterio fue reiterado en sentencia de 19 de mayo de 2005, así[7]:

 

“[…] Para la Sala las pruebas aducidas por la entidad fiscal, para acreditar, que por los períodos gravables aforados, la sociedad actora realizó la actividad comercial en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá,  no son demostrativas  del hecho generador del impuesto de Industria y Comercio, en relación con la actividad comercial, porque como lo ha reiterado en anteriores oportunidades, el destino de las mercancías o el sitio donde se suscribe el contrato de compraventa no son determinantes del hecho generador o manifestación externa del hecho imponible.

 

Lo anterior, porque con tal criterio se estaría trasladando el lugar de la causación del gravamen, desconociendo el carácter territorial del impuesto. Así que, el hecho de que las ventas se hayan realizado a través de los “representantes de ventas” vinculados a  la sociedad en Bogotá, y que éstos tengan la facultad de asesorar a sus clientes respecto del  precio y la cosa vendida, no puede aceptarse como demostrativo de la actividad comercial objeto del gravamen. (Destaca la Sala)

 

Así pues, el lugar donde se ejerce la actividad comercial de venta y distribución de bienes es aquel donde se fijan los elementos esenciales del acuerdo y no donde se toman los pedidos, se entregan los productos o se ejercen labores de coordinación y asesoría.

 

Por su parte, el artículo 154 del Decreto 1421 de 1993, que fijó algunas reglas especiales para el impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital, al referirse a la actividad comercial, dispuso que[8]:

 

3. Se entienden percibidos en el Distrito los ingresos originados en actividades comerciales o de servicios cuando no se realizan o prestan a través de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen en él.”.

 

En consecuencia, si el contribuyente demuestra que ejerció la actividad comercial en otro municipio, a través de un establecimiento de comercio registrado en ese municipio y no en el Distrito Capital y por cuyo ejercicio tributó en esa jurisdicción, el Distrito Capital no puede gravarlo por los ingresos que obtuvo fuera de su territorio. 

 

En el caso en estudio se encuentran probados los siguientes hechos:

 

L.G ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA es una sociedad con domicilio en Cota, Cundinamarca. Su objeto social principal es la comercialización, en general, de electrodomésticos, aparatos electrónicos y utensilios relacionados con la industria electrónica, productos, equipos, mercancías, materias primas, servicios, insumos, bienes de producción y tecnología de carácter extranjero y nacional y la importación y exportación, distribución y venta al por mayor y al detal de los artículos ya mencionados[9].

 

El 4 de julio de 2006, la demandante informó en el Registro de Información Tributaria (RIT) de la Dirección Distrital de Impuestos el cese de actividades en el Distrito Capital y la clausura del establecimiento de comercio ubicado en la Avenida 19 No. 136-07 de la misma ciudad[10]. Lo anterior, debido a su traslado al municipio de Cota, Cundinamarca.

 

El mismo día, la actora registró un establecimiento de comercio en el municipio de Cota para el ejercicio de su actividad comercial[11]. La dirección del establecimiento de comercio es la Autopista Medellín Vía Cota Km 2 Parque Empresarial Tecnológico Of 201 Torre A.

 

A pesar de la solicitud de la actora, el Distrito Capital no canceló el registro del establecimiento de comercio en Bogotá. Sin embargo, el solo registro del establecimiento en el RIT, sin  que se ejerza realmente actividad gravada no significa que esta se ejerza, máxime cuando media solicitud justificada de cancelación del registro por el contribuyente.

 

En oficio de 5 de julio de 2006, expedido por el representante legal de la actora[12] se informó a los empleados que se tomó la decisión de trasladar inicialmente el área comercial al municipio de Cota “para poder acogernos a los beneficios brindados” por ese municipio[13].

 

En respuesta a un requerimiento de información 2010EE66542 de 3 de marzo de 2010 de la Dirección Distrital de Impuestos[14], la actora remitió al Distrito Capital el certificado de revisor fiscal en el que constan los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por la actora en los años 2007 a 2009 en los municipios de Cota, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira y Barranquilla[15]. Lo anterior se corrobora con las declaraciones de ICA presentadas por la actora durante dichas vigencias fiscales, tanto en Cota como en  las demás ciudades ya mencionadas[16].

 

La actora declaró en Cota el impuesto de industria y comercio de los años gravables 2007 a 2009[17], que no fueron controvertidas por el demandado.

 

Según el procedimiento que adoptó la actora para vender sus productos, la negociación de la venta se realiza en Cota, pues es allí donde se fijan los precios al mayorista, la forma de pago y las condiciones de la entrega y también donde se confirman el precio, la forma de pago  y la entrega, esto es, donde se acuerdan las condiciones del contrato de venta.[18]

 

Los vendedores que visitan a los clientes en Bogotá no tienen autonomía para negociar[19]. Su función primordial es mostrar los catálogos de los productos y coordinar a los mercaderistas, que también son empleados de la actora, y se encargan de exhibir los productos dentro del almacén de cadena y de asesorar a los clientes de este, una vez los bienes se han comercializado.

 

La forma en que la demandante vende sus productos a los clientes en el Distrito Capital coincide con el procedimiento descrito en el memorando de política de precios, expedido el 2 de enero de 2006 por el Vicepresidente Comercial y dirigido a todos los funcionarios de la actora, cuyo contenido se sintetiza así[20]:

 

La política de precios tiene como propósito dar a conocer a los funcionarios del Departamento Comercial de LG y a todos los que están relacionados con el proceso de venta de los productos, los parámetros establecidos a nivel corporativo  para fijar los precios de venta a los distribuidores y clientes.

 

Son funciones de la vicepresidencia comercial (i) establecer los precios de venta al público de los productos; (ii) emitir las listas de precios y entregarlas a cada uno de los vendedores; (iii) establecer para grupos de clientes el margen estimado sobre el precio de venta al público que ofrecerá a los clientes; (iv) fijar los descuentos y las promociones especiales para productos de baja rotación, el margen de meta sobre el precio de venta al público a través de ofertas comerciales e informar a los clientes las condiciones para otorgar las diferencias en precios.

 

Por su parte, los funcionarios del departamento comercial y vendedores deben visitar periódicamente a los clientes, entregar la lista de precios actualizada e informar sobre las promociones especiales y ofertas comerciales, pero cualquier diferencia que se presente entre el margen o porcentajes de descuentos entre clientes y la actora debe ser discutida entre el cliente y el vicepresidente comercial.

 

Así, los vendedores que se desplazan al Distrito Capital no pueden fijar precios ni conceder descuentos, como lo sostiene el demandado. Su labor es la de coordinar la actividad de comercialización, de acuerdo con los parámetros fijados por la Vicepresidencia Comercial de la demandante, con sede en Cota, y no la de negociar con el cliente las condiciones de la venta.

 

De otra parte, con el fin de verificar cómo se realizan las ventas de la demandante a los almacenes de cadena de Bogotá D.C, la Dirección Distrital de Impuestos remitió a varios clientes de la demandante, los siguientes requerimientos de información:

 

 

 

Requerimientos de información

Entidad

Folio

Respuesta

2010EE389923 de 2 de agosto de 2010

Cafam

270 c.a.2

290 c.a.2

2010EE389921 de 2 de agosto de 2010

Grandes Superficies de Colombia S.A.

272 c.a.2

332 c.a.2

2010EE389922 de 2 de agosto de 2010

Colombiana de Comercio S.A. Corbeta S.A.

274 c.a.2

369 c.a.2

2010EE389930 de 2 de agosto de 2010

Falabella de Colombia S.A.

226 c.a.2

386 c.a.2

2010EE389924 de 2 de agosto de 2010

Makro Supermayorista S.A.

284 c.a.2

N.R.

2010EE389929 de 2 de agosto de 2010

Almacenes Éxito S.A.

281 c.a.2

N.R.

2010EE389933 de 2 de agosto de 2010

Colsubsidio

288 c.a.2

313 c.a.2

 

De las respuestas dadas por los almacenes de cadena Cafam, Grandes Superficies de Colombia S.A., Colombiana de Comercio S.A. Corbeta S.A., Falabella de Colombia S.A. y Colsubsidio, la Sala constata que:

 

i)      Las órdenes de compra de estos clientes son enviadas electrónicamente a la demandante, vía EDI.

ii)    Dichos clientes coinciden en afirmar que la única oficina que conocen de la demandante, es la ubicada la Autopista Medellín, kilómetro 1.8 costado sur Soko Industrial Torre B en Cota, Cundinamarca.

iii)   Las relaciones comerciales de estos clientes con la demandante datan desde antes de 2007.

iv)  La presentación de nuevos productos se hace a través de los asesores comerciales, convenciones de productos anuales (nacionales o internacionales), presentación de los gerentes de producto, presentación del gerente de cuenta o reuniones estratégicas de compañía.

 

Así, algunos de los clientes de la demandante aseguran que los representantes o ejecutivos de ventas tienen como función principal visitar y asesorar a los clientes en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, este no es el único mecanismo de acercamiento con el cliente, pues esto tiene lugar, también, con la realización de convenciones anuales de productos (nacionales o internacionales), presentaciones del producto, bien del gerente de este o del gerente de cuenta, también mediante reuniones estratégicas. Luego, no es acertado ligar la consecución del cliente y posterior cierre del negocio a la asesoría comercial que se pueda prestar en Bogotá, menos aún, cuando el conocimiento del producto puede llegar por otros medios u obtenerse en lugares distintos al Distrito Capital.

 

De acuerdo con las políticas de precios de la actora[21], documento que no fue  controvertido por el demandado, los asesores comerciales no tienen capacidad para fijar las condiciones de venta con el almacén de cadena (cliente). Los precios, descuentos y estrategias promocionales no son fijados por tales ejecutivos sino por la Vicepresidencia Comercial. Su función, entonces, es la de coordinar la venta, no acordarla, pues los aspectos determinantes del contrato, como son el precio y la entrega del bien, se realizan desde Cota, aunque el cliente mayorista se encuentre en Bogotá.

 

Así mismo, la negociación entre el ejecutivo de cuentas y el almacén de cadena se realiza con base en el portafolio y los precios fijados por la Vicepresidencia Comercial de la demandante, que es la única que tiene la facultad para establecer las ofertas mercantiles que aceptan los clientes, al igual que los porcentajes de descuento para la venta, la reducción de precios, los reembolsos, privilegios de devoluciones y fondos de soporte de mercadeo.

 

Conforme con las pruebas que existen en este caso y la jurisprudencia de la Sala, la negociación de los productos de la actora en Bogotá D.C no implica el ejercicio de actividad comercial en esta ciudad, pues, se insiste, las labores que se desarrollan allí son de coordinación y promoción de productos, al igual que asesorías y toma de pedidos de los clientes, para ser solicitados por vía electrónica y despachados desde el municipio de Cota.

 

De otra parte, se reitera que el destino de las mercancías no es factor determinante para establecer el hecho generador del impuesto por el ejercicio de actividad comercial, pues con tal criterio “se estaría trasladando el lugar de la causación del gravamen, desconociendo el carácter territorial del impuesto.  Así que, el hecho de que las ventas se hayan realizado a través de los vendedores comerciales vinculados a  la sociedad en Bogotá y que estos tengan que asesorar a sus clientes respecto de precios, forma de pago, descuentos, o devoluciones de mercancías,  no puede aceptarse como demostrativo de la actividad comercial objeto del gravamen.”[22]

 

Además, como la actora tiene registrado en Cota un establecimiento de comercio y presentó en ese municipio la declaración del impuesto de industria y comercio por los años gravables 2007 a 2009, aspecto que no se controvierte por el demandado, no puede este gravar en su jurisdicción tales ingresos, como lo prevé el artículo 154 numeral 3 del Decreto 1421 de 1993. De ahí, que tampoco le asiste razón a la apelante cuando sostiene que la actora reúne todos los presupuestos establecidos en la ley para que se presuma que durante los años 2007 a 2009, ejerció actividades comerciales en el Distritito Capital, de conformidad con el artículo 13 del Código de Comercio.

 

Respecto a la afirmación de la demandada acerca de que la sentencia apelada no contiene un análisis en conjunto de las pruebas practicadas y allegadas al proceso y que la valoración de estas fue parcializada, encuentra la Sala que la sentencia de primera instancia[23], además del estudio de los documentos allegados por la demandante, tuvo en cuenta los antecedentes administrativos y las respuestas a los requerimientos de información realizados por la demandada. En consecuencia, hizo una valoración completa de las pruebas y con base en estas concluyó que, por los periodos en discusión, la demandante no ejerció en Bogotá actividad gravada con ICA.

 

Acerca de la afirmación del apelante en el sentido de que debe modificarse el criterio jurisprudencial aquí reiterado porque finalmente la actora utiliza en su beneficio la infraestructura de Bogotá sin pagar el ICA que le corresponde, la Sala reiterar que de acuerdo con las normas que rigen este impuesto y las pruebas existentes, en este caso, la actora ejerció la actividad comercial en el municipio de Cota, no en el Distrito Capital, motivo por el cual no hay razón para entender que la actividad se ejerció en Bogotá, que es lo que pretende la demandante.

 

En consideración a que el artículo 188 del CPACA dispone que salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se debe hacer conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, la Sala se pronuncia sobre tal aspecto, en los siguientes términos:

 

De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso (actual régimen procedimental colombiano) las reglas para la determinación de la condena en costas, son las siguientes:

 

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.” (Subraya la Sala)

 

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 3 del artículo 365 del C.G.P. Sin embargo, como lo ha precisado la Sala, esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” [24].

 

En esas condiciones, se advierte que, una vez revisado el expediente, no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas o agencias en derecho a cargo del apelante. Por lo que, en esta instancia no se condena en costas. Por la misma razón, debe mantenerse la decisión de primera instancia, de negar la condena en costas.

 

Las razones que anteceden son suficientes para confirmar la sentencia apelada y no condenar en costas en esta instancia.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

F A L L A

 

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

 

No se condena en costas al demandado.

 


[1]    Expedientes 19094 M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y 19256, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez

[2]    La expresión “y las demás definidas  como tales por el Código de Comercio” del artículo 35 de la Ley 14 de 1983, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-121 de 2006.  

[3]    CONSEJO DE ESTADO, Sección Cuarta, sentencia de 29 de septiembre de 2011, Exp. 18413, C.P. Martha Teresa Briceño Valencia.

[4]    Expediente 9165, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo

[5]    Sentencia de 3 de mayo de 1991, expediente 3180 C.P. Guillermo Chahín Lizcano

[6] Expediente 12300, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

[7] Exp. 14852, C.P. María Inés Ortiz Barbosa

[8]    Esta norma es idéntica al artículo 37 inciso 2 del Decreto Distrital 352 de 2002.

[9]    Folios 32 a 34 c.ppal.1

[10]   Folios 43 y 44 c.ppal.1

[11]   Folio 47 c.ppal.1

[12]   Folio 208 c.a.2

[13]   La Sala entiende que se refiere al incentivo tributario previsto en el Acuerdo 09 de 25 de octubre de 2005, que modifica, a su vez, el Acuerdo 08 de 2004, norma que creó un incentivo tributario para las empresas industriales, comerciales y de servicios que se establezcan en Cota.  El Acuerdo 09 de 2005 creó una exención en el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros por el término de cinco años (www.cota.cundinamarca.gov.co)

[14]   Folio 221 a 223 c.a.2

[15]   Folios 352 a 392 c.a.1

[16]   Folios 9 a 19 c.a.1.

[17]   Folios 35 a 41 c.ppal 1

[18]   Folio 82 c.ppal.1

[19]   Folio 211 c.a.2

[20]   Folios 209 a 210 c.a.2

[21] Folios 209 a 210 c.a.2

[22]   Sentencias de 8 de marzo de 2002, exp 12300 y de 19 de mayo de 2005, exp 14582.

[23]   Folios 578 a 584 c.ppal.1

[24]   Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

 

 

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