SUSPENSION DE PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVO Y PENAL CONTRA UNA SOCIEDAD EN LIQUIDACION JUDICIAL- LEY 1116 de 2006

Oficio SUPERSOCIEDADES 220-177443 Del 04 de Diciembre de 2012

 

ASUNTO: SUSPENSION DE PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVO Y PENAL CONTRA UNA SOCIEDAD EN LIQUIDACION JUDICIAL- LEY 1116 de 2006

 

Me refiero a su escrito radicado en esta Entidad con el número 2012- 01- 308351, mediante el cual formula una consulta relacionada con la suspensión de procesos de jurisdicción coactiva y penal de una sociedad en liquidación judicial, en los siguientes términos:

 

Al iniciar el proceso de liquidación bajo los parámetros de la Ley 1116, las acreencias que se adeudan a la DIAN por concepto de IVA y retención, se suspende el proceso coactivo y el proceso penal?

 

Al respecto, me permito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 del Código Contencioso Administrativo, es función de la Superintendencia de Sociedades la de absolver las consultas de carácter general y abstractas que se le formulen sobre temas de derecho estrictamente societario regulado por la legislación mercantil, y no sobre temas contractuales, jurisdiccionales o procedimentales, y que dicho sea de paso no asesora sobre hechos particulares como resulta ser el caso planteado.

 

No obstante lo anterior, este Despacho se permite, a título meramente informativo hacer las siguientes precisiones de orden legal, a la luz de la Ley 1116 de 2006, por la cual se expide el régimen de insolvencia en la República de Colombia:

 

a.- Al tenor de lo previsto en el artículo 48 ibídem, “La providencia de apertura del proceso de liquidación judicial dispondrá:

 

(…)

 

8. Oficiar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia”. (El llamado es nuestro).

 

La citada regla tiene su desarrollo en el principio de universalidad subjetiva, en el sentido de que todas obligaciones a cargo del deudor, sin excepción alguna, deben hacerse valer dentro del proceso, por consiguiente, sus titulares pierden el derecho de ejecución individual o separada. En tal virtud el juez que conoce del proceso de liquidación oficiará a los jueces que conocen de procesos ejecución o a los que están ejecutando una sentencia para que los remita e incorporarlos en el expediente respectivo.

 

b.- Por su parte, el artículo 50 ejusdem, que trata de los efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial, preceptúa que “La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:

 

(…)

 

12. La remisión al Juez del concurso de todos los procesos de ejecución que estén siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la audiencia de decisión de objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Con tal fin, el liquidador oficiará a los jueces de conocimiento respectivos. La continuación de los mismos por fuera de la actuación aquí descrita será nula, cuya declaratoria corresponderá al Juez del concurso.

 

Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial, estarán sujetos a la suerte de este y deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos.

 

Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales”. (Subraya el Despacho).

 

c.- Del estudio de la norma antes transcrita, se desprende que al proceso de liquidación judicial únicamente se incorporan todos los procesos de ejecución que se sigan contra el deudor concursado, para lo cual el liquidador deberá oficiar a los jueces que puedan conocer de tales procesos ejecutivos para su respectiva remisión, y la actuación que se surta en contravención a lo prescrito en la segunda de las disposiciones citadas será nula, cuya declaratoria le corresponde al juez concursal.

 

d.- Ahora bien, no pagar las retenciones en la fuente que se practiquen o el IVA que se recaude, conlleva una responsabilidad penal sancionable con privación de la libertad.

 

El agente retenedor o autoretenedor que no consigne las retenciones en la fuente que practique, o el responsable del régimen común que no pague el IVA que cobre o recaude, se expone a las sanciones expuestas en el artículo 402 del código penal.

 

En efecto, el artículo 402 del Código Penal, preceptúa que el agente retenedor o recaudador o autoretenedor que no consigne las sumas retenidas o auto retenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 UVT.

 

En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas.

 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones.

 

Parágrafo. El agente retenedor o autoretenedor, responsable del impuesto a las ventas o el recaudador de tasas o contribuciones públicas, que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, según el caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y normas legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de investigación, o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiera iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar”. (El llamado por fuera del texto original).

 

Muchos contribuyentes ignoran la gran responsabilidad que acarrea el no pagar las retenciones y el IVA, o aun conociendo la gravedad del asunto, simplemente lo ignoran.

 

Por suerte la administración de impuestos está obligada a enviar una notificación persuasiva al contribuyente o responsable, para que este pague los valores adeudados antes de iniciar el procedimiento de trámite a las autoridades competentes que se encarguen del asunto penal, lo cual brinda oportunidad de evitar una investigación y sanción penal.

 

Sin embargo, puede suceder que al momento de iniciarse el proceso de liquidación judicial exista un proceso de responsabilidad penal contra la sociedad concursada, en cuyo caso el proceso continúa hasta su culminación, ya que ello no constituye prejudicialidad, es decir, que el proceso concursal no estará condicionado a las resultas de aquél, tal como se desprende del artículo 7º de la Ley 1116 aplicable a la liquidación judicial por analogía, cuyo texto es del siguiente tenor:

 

“El inicio, impulsión y finalización del proceso de insolvencia y de los asuntos sometidos a él, no dependerán ni estarán condicionados o supeditados a la decisión que haya de adoptarse en otro proceso, cualquiera que sea su naturaleza. De la misma manera la decisión del proceso de insolvencia tampoco constituirá prejudicialidad”. (Se resalta).
 
 

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