SUPRESIÓN BENEFICIOS TRIBUTARIOS INGRESOS LABORALES PERSONAL DIPLOMÁTICO (**)

DIAN Nº 061101
JUNIO 23 DE 2008

Señor Embajador
CARLOS HOLMES TRUJILLO
EMBAJADA DE COLOMBIA ANTE EL REINO DE BÉLGICA Y
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
96A AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, B-1 050.
BRUSELAS, BÉLGICA

Ref: Consulta radicada bajo el número 046108 de 13/05/2008

Asunto: Efectos de la derogatoria del Art.33 E.T. en Reforma Tributaria 2006.

Procedente de la Presidencia de la República, se encuentra en este despacho su inquietud referida al impacto de la supresión del articulo 33 del Estatuto Tributario, mediante el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, sobre los ingresos laborales de los funcionarios miembros del servicio exterior colombiano, en especial por eliminación de equivalencias de sueldos en planta externa y planta interna para efectos impositivos.

Conforme con la ilustración general que provee su escrito, tal medida ha incrementado el pago de impuesto de renta y por ende disminuido ostensiblemente el ingreso del personal diplomático en el servicio exterior, situación que en su criterio ha generado un trato fiscal inequitativo respecto a los demás funcionarios públicos del mismo nivel en Colombia, que riñe con el principio de igualdad de las cargas tributarias que rigen para todos los ciudadanos de nuestro país. Adicional a lo anterior menciona que existe diferencia prestacional en materia laboral por cuanto el personal diplomático no recibe prima de servicios, de vacaciones, ni bonificación por servicios prestados, sin contar con que el costo de vida ha aumentado, entre otras cosas por la devaluación del dólar estadounidense, y los niveles salariales en el exterior no se reajustan desde 1994.

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo a nuestra competencia nos permitimos hacer las siguientes observaciones en referencia a los aspectos tributarios sobre la situación planteada:

Los fundamentos de su escrito fueron tratados y debatidos por la Honorable Corte Constitucional a instancia de la demanda de inconstitucionalidad D-6770, decidida mediante Sentencia C-952 de 2007 MP. Dr. Jaime Araujo Rentería; en tal oportunidad esa Honorable Corporación declaró exequible la derogatoria del artículo 33 del Estatuto Tributario, entre otras, por las siguientes consideraciones:

-La Corte Constitucional señaló:

Esta norma era una de las tantas normas de equivalencia que se aplicaban a los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores frente a los funcionarios de la planta interna del mismo Ministerio, teniendo en cuenta que los primeros percibían su salario encontrándose en el servicio exterior, bajo unas condiciones particulares y especiales, dada la naturaleza de su cargo y de su misión. Estas normas se encontraban orientadas a determinar un salario ficticio de los funcionarios consulares y diplomáticos que no coincidía con la remuneración real que percibían éstos en el exterior, para efectos de determinar la liquidación y cotización en materias de seguridad social, pensión y prestaciones sociales, así como en el presente caso, para determinar la base gravable para efectos tributarios, en este caso para el impuesto sobre la renta, en cuanto se hacía equivaler el salario de los funcionarios de la planta externa al de los cargos en la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Frente a estas normas de equivalencia esta Corporación ha tenido ya la ocasión de pronunciarse en otras oportunidades, declarando su evidente inconstitucionalidad, por cuanto anulan el principio de realidad y el de igualdad.../”

- Consideró la Corte aplicable en el presente caso, la misma línea jurisprudencial de varias sentencias anteriores -C-292 del 2001, C-173 del 2004 y la C-535 del 2005- en las cuales se estableció la prevalencia de la realidad sobre la ficción respecto de los ingresos reales de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores. En tales providencias declaró inconstitucionales las normas de equivalencias, como base para la determinación y liquidación de sus prestaciones sociales, dada la disparidad entre los ingresos reales percibidos por los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores y los cargos equivalentes de la planta interna del mismo, pues estos últimos son inferiores a los de planta externa.

Precisó:

Por tanto, evidencia la Sala que en esta materia la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara y precisa al exigir que las cotizaciones para pensión para los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores debe hacerse con base en sus ingresos reales o teniendo como base el salario efectivamente devengado, por cuanto lo contrario constituye una vulneración del principio de primacía de la realidad y una discriminación frente a los demás funcionarios públicos a quienes sí se les liquida su pensión de acuerdo con lo realmente percibido, de conformidad con los artículos 13,48 y 53 de la Constitución Nacional y la Ley 100 de 1993.

“/..., de la misma manera encuentra la Corte, en esta oportunidad que la liquidación de los impuestos de los funcionarios de la planta externa del Ministerio del Exterior, calculada a partir de una base gravable ficticia que no corresponde a la remuneración real, es violatorio tanto del deber constitucional de tributar, y ello con base en el salario real, como del principio de igualdad frente al resto de funcionarios públicos que tienen que pagar el impuesto sobre la renta con base en el salario realmente devengado.../”

-En cuanto al principio de igualdad y equidad en materia tributaria adujo la Corte entre otras razones:

Considera por tanto la Corte que el aparte demandado de la norma derogatoria de dicha equivalencia no es violatoria del principio de igualdad, por cuanto la base gravable para el impuesto de renta para la generalidad de trabajadores de los sectores público y privado es calculada de conformidad con el salario real causado, mientras que el tratamiento recibido por quienes hacen parte del servicio exterior era sustancialmente diferente, sin que existiera una justificación constitucionalmente razonable que amparara tal distinción.

Por tanto, se insiste en que la derogatoria acusada en vez de vulnerar el principio de igualdad lo que hace es restablecerlo por cuanto busca darle igual tratamiento a todos los funcionarios públicos del Estado colombiano y dentro del grupo especifico al cual está destinada la derogatoria a los funcionarios consulares y diplomáticos que hacen parte de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes perciben remuneraciones en moneda extranjera, frente a los cuales, por lo demás, no se percibe una condición social de debilidad o vulnerabilidad manifiesta, que amerite un trato diferencial en materia tributaria, sino que por el contrario esta Corte encuentra que se encuentran en una situación laboral que les permite asumir la carga tributaria que se les exige sin que ésta constituya una media desproporcionada o desmedida.”

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional relativa al principio de equidad en materia tributaria encuentra la Corte que la derogatoria del artículo 33 del Estatuto Tributario se encuentra conforme con el principio de equidad en el tributo —Art. 363 CN-, por cuanto se restablece la imposición de la tributación con base en el salario realmente devengado por el servicio consular y diplomático en el exterior, en igualdad de condiciones con el resto de funcionarios, lo cual representa, en este caso concreto una mayor obligación de tributación en virtud del mayor salario devengado por estos funcionarios, lo cual encuentra la Corte que no riñe con el principio de equidad sino que por el contrario lo materializa, ya que el principio de equidad exige proporcionalidad entre lo realmente percibido en renta y lo tributado, lo cual se traduce en que aquellos que registren mayores ingresos y tengan mayor capacidad de pago se encuentran obligados a una mayor tributación (Cursivas fuera de texto).

Así, por las razones expuestas y dado que la supresión de beneficios tributarios de determinados ingresos laborales, en este caso del personal diplomático, se origina en el acatamiento de las prescripciones que hiciera el legislador en la Ley 1111 de 2006 y que fueron ratificadas en la sentencia C-952 de 2007, su efecto es erga omnes.

En consecuencia, en lo que compete a esta dependencia, y toda vez que en el momento este Despacho no tiene conocimiento que exista iniciativa legislativa en orden a cambiar o revertir la medida adoptada con la reforma tributaria de 2006 respecto a la situación particular expuesta en su escrito, el único medio para modificarla radica en una ley que esté soportada en motivaciones superiores a la línea jurisprudencial acogida por la Corte Constitucional.

Atentamente,

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VARGAS
Jefe Oficina Jurídica

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