RESPONSABILIDAD DE ACCIONISTAS Y DEL LIQUIDADOR ANTE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES.

 

OFICIO SUPERSOCIEDADES 220-139458 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2013

 

ASUNTO: RESPONSABILIDAD DE ACCIONISTAS Y DEL LIQUIDADOR ANTE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES.

Me refiero a su escrito radicado en esta superintendencia con el número 2013-03-026073, mediante el cual, en relación con una sociedad por acciones, empresa de servicios públicos, que ha sido liquidada y que a pesar de contar con acreencias litigiosas éstas no fueron provisionadas, consulta "…cómo se llama en el proceso ejecutivo a quien tiene los bienes si precisamente no fue condenado pero se quedó con el 99.98% de dichos bienes ó quién responde?".

R/. Sobre el particular, cabe destacar que según dispone el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, la naturaleza de las sociedades prestadoras de servicios públicos domiciliarios debe corresponder a sociedades por acciones, tal como lo expone en su consulta, por lo cual, para dar respuesta a su consulta procede hacer alusión al alcance de la responsabilidad de los accionistas y de los administradores de una sociedad cuyo capital se encuentre representado en acciones.

Así, en lo que corresponde a la responsabilidad de los accionistas, tal y como se desprende de la norma mercantil que regla sobre el particular (artículo 373), ésta irá hasta el monto de sus aportes, como puede observarse de su tenor literal, al preceptuar:

"La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; (...)" (subrayado fuera de texto), no quedando duda alguna que el tope de responsabilidad de los asociados en una sociedad anónima lo determina el porcentaje de su participación en el capital social.

Así, resulta claro que el único riesgo que asume el asociado es su propio aporte, sin que pueda endilgársele responsabilidad alguna por las obligaciones contraídas por la sociedad, en el entendido claro está, de que una vez constituida legalmente, ésta forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados (Art. 98 ídem), por lo que, una vez agotado el activo social con ocasión del proceso liquidatorio de la compañía, el pago de las acreencias a cargo de la compañía que no hayan podido ser satisfechas, no podrá ser perseguido con base en el patrimonio personal de los accionistas.

Ahora, se tiene que la Ley 222 de 1995, en sus artículos 23 y 24 refiere, en su orden, a los deberes y responsabilidades de los administradores, así bajo la seguridad de que el liquidador clasifica dentro de éstos (Art. 22 ibídem), igualmente resulta exigible a éste que sus actuaciones se ajusten en todo a los términos de la Ley y a los estatutos de la sociedad pues, caso contrario, el liquidador será responsable por los perjuicios que le cause a la sociedad, a los acreedores, a los asociados y a los terceros en general ante la inobservancia o negligencia en el cumplimiento de los deberes asignados, como bien lo establece el artículo 255 del Código de Comercio, al prever, que "Los liquidadores serán

responsables ante los asociados y ante terceros de los perjuicios que se les cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes."

Merece destacar que la responsabilidad de los liquidadores no sólo va hasta la aprobación de la cuenta final de la liquidación, sino que la ley prolonga en cinco años a partir de esta última actuación la posibilidad de que asociados y/o terceros puedan iniciar contra dichos administradores las acciones a que hubiere lugar, como bien lo establece el artículo 256 de la misma codificación al preceptuar:

"Las acciones de los asociados entre sí, por razón de la sociedad y la de los liquidadores contra los asociados, prescribirán en cinco años a partir de la fecha de disolución de la sociedad.

Las acciones de los asociados y de terceros contra los liquidadores prescribirán en cinco años a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta final de la liquidación." (subrayado fuera del texto).

Así las cosas, se reitera, nada se opone a que los mismos asociados o terceros acreedores de la compañía , en el evento que aún no se haya superado el término de los cinco años a que se hizo alusión (artículos 24 de la mencionada Ley 222 y 256 del Código de Comercio), puedan interponer contra dicho administrador las acciones judiciales a que haya lugar.

Para concluir, en el caso expuesto en su consulta, quien con ocasión del proceso liquidatorio de la sociedad haya resultado adjudicatario de los bienes sociales dada la calidad de acreedor de la misma, así como los accionistas de la compañía, no ostentan obligación alguna para con el resto de los acreedores sociales. Únicamente en el evento que el instrumento societario hubiese sido utilizado con el fin específico de defraudar terceros podrá levantarse el velo corporativo y perseguirse el pago de la defraudación, incluso, respecto de los accionistas individualmente considerados. Respecto de quien, o quienes, actuaron como liquidadores sociales, éstos pueden ser sujetos de acciones judiciales (Art. 28 Ley 1429 de 2010) en razón a los perjuicios que su gestión u omisión hubiere irrogado a asociados, a la sociedad o a terceros, quienes cuentan con cinco (5) años, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la cuenta final de la liquidación, para impetrarlas.

En los anteriores términos se ha dado respuesta a su consulta, los cuales tienen el alcance a que alude el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Super - Sociedades: