RECONOCIMIENTO DE UNA ACREENCIA Y DESISTIMIENTO DE LA MISMA EN UN PROCESO DE TOMA DE POSESIÓN

 

OFICIO 220-232728 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

 

RECONOCIMIENTO DE UNA ACREENCIA Y DESISTIMIENTO DE LA MISMA EN UN PROCESO DE TOMA DE POSESIÓN DECRETO 4334 DE 2008.

Me refiero a su escrito radicado en esta entidad con el número citado en la referencia, con la cual consulta este a este despacho se sea absuelto los siguientes temas, así:

(…)

"1 El reconocimiento de una acreencia en un proceso de toma de posición decreto 4334 de 2008 implica que la obligación se entiende pagada por el simple reconocimiento de la misma por parte del liquidador ?.

"2 Es posible desistir del derecho de hacer valer una acreencia reconocida en un proceso de toma de posesión? En caso afirmativo en que momento de dicho proceso se puede ejercer dicho derecho."

Este despacho pasará a absolver los interrogantes planteados en el orden propuesto, no sin antes advertir que la función de atender las consultas sobre los temas relacionados con la Inspección Vigilancia y Control de las sociedades comerciales cuya supervisión le fue asignada a este organismo por mandato de la ley, es general y abstracta, de suerte que sus pronunciamientos no tienen la potestad de vincularla como tampoco comprometen su responsabilidad, entre otras cosas por cuanto su contenido de suyo no es de obligatorio cumplimiento o ejecución.

1. Reconocimiento de una acreencia en un proceso de toma de posesión Decreto 4334 de 2008, no implica que la obligación se entiende pagada por el simple reconocimiento de la misma por parte del liquidador.

El propósito fundamental de la actuación procesal de la toma de posesión, es la de devolver las sumas o los montos totales del dinero o efectivo aprehendido o recuperado, como la elaboración del inventario de los bienes distintos a las sumas de dinero, todos afectos a las devoluciones reconocidas o aceptadas, el cual se aprobará por parte de la Superintendencia de Sociedades, en los termino del artículo 4° del Decreto 1910 de 2009.

A la par de la actuación anterior, el decreto de intervención citado, establece también la actuación procesal tendiente al reconocimiento de la obligación a favor de los afectados con la captación masiva de dinero y en contra de la sociedad intervenida, conforme a lo previsto en los artículos 8, 9 y 10 del Decreto 4334 del 2008, en concordancia con lo establecido en los artículos 1 y 8 del Decreto 1910 de 2009.

Es decir, una vez cumplido por parte del interventor el requisito de convocatoria con el cual se insta a quienes se crean con derecho a reclamar las sumas de dinero entregadas a la persona natural o jurídica intervenida, y agotado todo el procedimiento previsto en los literales a), b), c), d) e) y f) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, el citado auxiliar de

la justicia expedirá una providencia que contendrá las solicitudes de devolución aceptadas y las rechazadas.

Una vez en firme la anterior providencia, en la cual se aceptan las solicitudes o reclamaciones con derecho a pago, el interventor con base en ese reconocimiento procede a la devolución de los dineros teniendo en cuenta los criterios fijados por el ordenamiento en comento prescritos en el parágrafo 1° del artículo 10 ibídem., es decir el interventor elabora un plan pagos el cual someterá a consideración previa del despacho correspondiente de esta Superintendencia a efectos de que se le imparta la autorización o aprobación a la ejecución planteada por el interventor.

Luego entonces, por el solo hecho de que se encuentre en firme la providencia que contiene las solicitudes de devolución aceptadas y las rechazadas, dentro de la etapa de la toma de posesión, no se entiende pagada la reclamación aceptada.

Ahora bien, efectuada la devolución total del dinero que hace parte del activo de los intervenidos en los procesos de toma de posesión, conforme a los pagos realizados por parte del agente interventor, procederá a relacionar en la rendición de cuentas, los pagos ejecutados, las devoluciones aceptadas insolutas y los bienes debidamente valorados que hacen parte del inventario y que quedan afectos a dichas devoluciones y previo el trámite respectivo declarará la terminación del proceso de toma de posesión, para dar paso a la apertura del trámite de liquidación judicial como medida de intervención, a efectos de la liquidación pronta y ordenada del patrimonio restante del intervenido mediante la enajenación de los bienes y su aplicación en primera medida, a las devoluciones aceptadas insolutas, hasta concurrencia del valor de las mimas, en los términos del artículo 9 del Decreto 1910 de 2009.

2. EL desistimiento del derecho de hacer valer una acreencia en un proceso de toma de posesión y la etapa procesal para hacerlo efectivo.

Es propio establecer, que las decisiones que se adopten por parte de esta Superintendencia en desarrollo de los procesos de intervención, se profieren en ejercicio de las facultades jurisdiccionales regidas por el Código de Procedimiento Civil.

En este proceso judicial y universal, el Decreto Ley 4334 de 2008 señaló que las decisiones de toma de posesión para devolver, que se adopten en desarrollo del procedimiento de intervención tendrá efectos de "cosa juzgada", "erga omnes", en única instancia, con carácter jurisdiccional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ibídem.

La precisión de la naturaleza del citado procedimiento cautelar, vislumbra desde ya el carácter imperativo, coercitivo y universal de sus mandatos, dado que tal y como se dijo en Sentencia C-145/09 de la Sala Plena de Corte Constitucional: "… fue necesario diseñar un procedimiento "sui generis" que recoge los elementos propios de los procesos concursales, como es el carácter universal de sus decisiones, las cuales deben vincular jurídicamente a todos los interesados, presentes, ausentes y disidentes, para gocen de igualdad de oportunidades en la defensa y promoción de sus intereses; de ahí, que tales

decisiones deban tener efectos generales o "erga omnes" en relación con tales sujetos, y además deban estar revestidas del valor de cosa juzgada, pues por razones de interés general y seguridad jurídica es indispensable que esa clase de causas judiciales sean resueltas en forma definitiva."

Ahora bien, visto el aval constitucional sobre estas materias, y dado que las decisiones proferidas en el procedimiento de toma de posesión, tienen el carácter de "cosa juzgada", con efectos generales "erga onmes", en razón del interés general y de la seguridad jurídica y económica que protegen, tienen que ser definitivas y por tanto se establece un proceso de orden público, perentorio y de obligatorio cumplimiento.

Es así, que tal y como quedó arriba esbozado, el interventor expedirá una providencia que contendrá las solicitudes de devolución aceptadas y las rechazadas, providencia contra la cual es plausible el recurso de reposición, lo que significa que es hasta el término de ejecutoria de la misma que los interesados podrían presentar el desistimiento de las reclamaciones, en razón, a que una vez en firme esta providencia, tienen el carácter de definitiva, de cosa juzgada, con efectos generales "erga onmes", como también de los atributos de ser inmutable, definitiva y coercible, en esta etapa procesal de la toma de posesión .

Tan es así, que el interventor una vez en firme la anterior providencia, debe elaborar un plan pagos de las reclamaciones aceptadas o con derecho a pago, teniendo en cuenta los criterios prescritos en el parágrafo 1° del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, el cual deberá someter a consideración previa del despacho correspondiente de esta Superintendencia a efectos de que se le imparta la autorización o aprobación a la ejecución planteada por el interventor, lo cual se hará a través de providencia, la cual se notificará por estado en virtud del artículo 7 de decreto 1910 de 2009.

En los anteriores términos, se ha dado contestación a su consulta, en los plazos de ley, no sin antes advertirle que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo.

Super - Sociedades: