PROCEDENCIA DE LA ACCION DE RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA *

 

Oficio SUPERSOCIEDADES 220-126341 Del 10 de Septiembre de 2013

 

Ref: Procedencia de la acción social de responsabilidad en la sociedad de responsabilidad limitada.

 

Aviso recibo de su solicitud vía E-mail, mediante la cual consulta qué efectos tendría la decisión respectiva, tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada de dos socios, cada uno con el 50% de las cuotas en que se divide el capital, cuando al estar reunidos ambos en asamblea, uno propone instaurar la acción social de responsabilidad contra el otro socio que es el representante legal y, en esas condiciones el socio que propone la acción vota que sí, mientras que el otro socio gerente, vota que no.

En el entendido que la procedencia de la acción social de responsabilidad como es sabido, se halla supeditada a la verificación estricta de los requisitos de carácter excepcional que establece de manera expresa el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, es pertinente desde ya anticipar que en las circunstancias descritas, no sería ajustada a derecho la determinación en tal sentido adoptada, toda vez que de conformidad con las reglas legales aludidas, para ese fin es preciso entre otros, que la decisión del máximo órgano social se apruebe con el voto favorable de la mitad más una de las cuotas, acciones o partes de interés representadas en la reunión, abstracción hecha de que se incluya o no el voto del socio - administrador en contra del cual la acción haya de adelantarse, pues la regla según se ha visto, supone que la mayoría decisoria se contabilice en cada caso, en consideración exclusiva a la cantidad de partes alícuotas que estén representadas, no a la calidad de su, o sus titulares.

En esa medida, la decisión de instaurar la acción no podría producir efectos, por cuanto su aprobación en las condiciones señaladas no habría contado con el voto favorable de la mayoría exigida para el efecto.

El tema del marco jurídico en el que se encuentra regulada la acción legal referida ha sido abordado por esta Superintendencia, en diversas oportunidades, entre ellas en el oficio 220-5931 del 30 de enero de 2000, cuya parte pertinente viene al caso transcribir para ilustrar sobre los argumentos que sirven de sustento a la aseveración anterior.

"1 CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE LA APLICACIÓN DE LA ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD

La acción social de responsabilidad se enmarca en el derecho de acción entendido como el "...derecho público subjetivo que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión mediante un proceso"; dicha pretensión es de condena y consiste en la declaración por parte del juez de la responsabilidad patrimonial de los administradores para obtener la reparación de los perjuicios que por dolo o culpa el o los administradores ocasionen a la sociedad. Los requisitos de procedibilidad de dicha acción están establecidos en el artículo 25 de la Ley 222 de 1995. En este caso, el sujeto activo de la acción es la sociedad y el sujeto pasivo es el o los administradores que hayan ocasionado el perjuicio.

Este artículo contiene un régimen excepcional en materia de órgano competente para convocar, en asuntos objeto de decisión en reuniones extraordinarias, en materia de mayorías decisorias e inclusive en cuanto se refiere a representación judicial de la sociedad.

En efecto, en cuanto a convocatoria es bien conocido que únicamente pueden llamar a reuniones los administradores, el revisor fiscal y la entidad que ejerza inspección y vigilancia sobre la sociedad; sin embargo, el artículo en mención señala que los socios que representen no menos del 20 % de las cuotas en que se divida el capital social podrán convocar directamente para efectos de decidir sobre el inicio de una acción del tipo que nos ocupa. Desde luego, la convocatoria debe ajustarse a lo establecido en los estatutos sociales o en su defecto en la ley en cuanto a medio y a antelación, so pena de hacer ineficaces las decisiones en una reunión citada por un medio diferente o con una antelación menor a la exigida.

Así mismo, aún tratándose de una reunión extraordinaria podrá tomarse la decisión de iniciar la acción contra los administradores, sin que el punto se haya incluido en el orden del día, pese a la estipulación del artículo 425 del ordenamiento mercantil aplicable por remisión a las sociedades de responsabilidad limitada.

La mencionada acción social de responsabilidad posibilita a un administrador, al revisor fiscal o cualquier socio en "interés de la sociedad" para acudir a la jurisdicción con la finalidad de lograr hacer responsables a los administradores por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la compañía. Para ello se exige que medie una decisión del máximo órgano social en tal sentido, tomada con el voto favorable de la mitad más una de las cuotas, acciones o partes de interés representadas en la reunión.

Si transcurren tres meses de adoptada la decisión y no se ha entablado directamente por la sociedad la acción contra los correspondientes administradores, entonces la mencionada norma reviste a los administradores, al revisor fiscal, a los asociados y aún a los acreedores de la compañía, en los eventos señalados, para que en interés de la sociedad se legitimen en la causa y, en representación de la compañía, puedan ser sujetos activos de la citada acción. Tal circunstancia, únicamente puede ser admisible en los términos del artículo de que se ocupa este escrito, pues la regla es que quien tiene la representación judicial de la compañía es el representante legal (artículo 164 y 442 C.Co)

Este régimen excepcional cobija también al número de asociados requeridos para tomar esta decisión. Porque si bien el artículo 359 es el régimen general por el cual se señala que la mayoría decisoria en el caso de sociedades de responsabilidad limitada, debe conformarse con un número plural de socios, la del artículo 25 de la Ley 222 de 1995 no contempla este requisito adicional y en tal medida, en criterio de esta oficina, la voluntad de uno solo de los socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas representadas en la reunión bastará para que la sociedad deba iniciar la acción social de responsabilidad.

Así que son dos las consecuencias de la decisión del máximo órgano social de adelantar contra el administrador una acción social de responsabilidad, la primera, abre la puerta para acudir ante la jurisdicción y la segunda, impone la remoción del administrador contra el cual se adelantará la acción. Es oportuno precisar que de conformidad con la disposición inocada, la decisión de iniciar la acción social de responsabilidad "implicará la remoción de los administradores", luego es claro que no se requiere adoptar dos decisiones diferentes: la de iniciar la acción y la de la remoción, sino que acordada con el lleno de los requisitos pertinentes, la primera, per se, se genera la segunda, obviamente respecto del administrador contra el cual se hubiere aprobado la iniciación de la acción referida.

Ahora bien, esta acción no está limitada temporalmente, así que siempre que los socios consideren que los administradores han ocasionado algún perjuicio a la sociedad, el administrador será removido y cualquier administrador, el revisor fiscal o cualquiera de los socios en interés de la sociedad, si el representante legal no la ha adelantado dentro de los tres meses siguientes a la decisión, podrán acudir ante la jurisdicción para que se condene al resarcimiento de los perjuicios.

2. SIENDO NORMAS DE ORDEN PUBLICO SE PREGUNTA SI SON O NO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

El ordenamiento jurídico en su totalidad es de obligatorio cumplimiento, distinto es que por ministerio de la ley, los interesados puedan pactar condiciones diferentes a los parámetros señalados en la norma vr. gr. inciso final del artículo 359, del 388, artículo 368.

Ahora si de lo que se trata es de señalar que el régimen excepcional antes mencionado no admite regulaciones diferentes mínimas o máximas, debe asentirse en la proposición, en la medida en que la ley señaló el marco de su funcionamiento sin dar juego a la voluntad privada.

3. LA CONVOCATORIA A LA JUNTA DE SOCIOS QUE PRETENDA REMOVER AL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN HACERLA LOS SOCIOS TITULARES DEL MAS DEL 20% DE LAS CUOTAS EN QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO ELCAPITAL SOCIAL O ADOPTARLA EN REUNION QUE NO ESTÉ CONTEMPLADO EL TEMA.

Tal como quedó dicho, además de los órganos competentes para llamar a reunión, para estos efectos puede convocar un número (nótese que no habla de pluralidad) de socios que represente un porcentaje mínimo equivalente al 20 % de las cuotas en que se encuentre dividido el capital social. Igualmente como en el punto primero se expuso, la decisión correspondiente puede ser tomada en cualquier reunión del máximo órgano social, incluso en una extraordinaria convocada sin indicar ese punto en el orden del día."

(…)

En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida con los alcances previstos en el Artículo 28 del C.C.A.

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