PRESENTACION DE CREDITOS DENTRO DE UN PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA- LEY 222 DE 1995

 

OFICIO  SUPERSOCIEDADES 220-140068 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2013

 

ASUNTO: PRESENTACION DE CREDITOS DENTRO DE UN PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA- LEY 222 DE 1995

Me refiero a su escrito radicado con el número 2013 -01- 368226, mediante el cual, previa las consideraciones allí expuestas, formula a esta Entidad una consulta sobre algunos aspectos relacionados con las reclamaciones laborales cuando está en curso un proceso de liquidación obligatoria, en los siguientes términos:

1. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de que los créditos laborales de un trabajador, radicados en una empresa en proceso de liquidación obligatoria, hayan sido graduados y calificados como extemporáneos por el liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades?.

2. Si se procede a demandar esos créditos ante la justicia ordinaria, ¿Qué consecuencia implica para el proceso y las pretensiones de la demanda el hecho de que los créditos fueron calificados como extemporáneos por el señor liquidador?

3. En una liquidación obligatoria, ¿se debe admitir como un crédito de naturaleza laboral la indemnización por pérdida de capacidad laboral por enfermedad laboral (profesional) que no fue reconocida por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) por mora del empleador?

4. Puede un liquidador, negarse a recibir un crédito que pretende radicar un trabajador de la empresa en liquidación, con el argumento a que dicho crédito no es de naturaleza laboral.

5. ¿Cómo se dirime un conflicto que surja en un proceso de liquidación obligatoria en los eventos en que el liquidador no acepte un crédito como de origen laboral?

Al respecto, me permito manifestarle, de una parte, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es función de la Superintendencia de Sociedades la de absolver las consultas de carácter general y abstractas que se le formulen sobre temas de derecho estrictamente societario regulado por la legislación mercantil, y no sobre temas contractuales, procedimentales o jurisdiccionales, y de otra, que según Sentencia C-1641 del 29 de noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, no le es dable a la Entidad como autoridad administrativa intervenir en asuntos de los cuales haya de conocer en ejercicio de facultades jurisdiccionales, en relación con los cuales se debe pronunciar como juez en las instancias procesales a que haya lugar.

No obstante lo anterior, este Despacho se permite, a título simplemente de informativo, hacer las siguientes precisiones de orden legal, a la luz de la Ley 222 de 1995, cuyo Título II a pesar de haber sido derogado expresamente por la Ley 1116 de 2006, se sigue aplicando para las negociaciones de acuerdos de reestructuración, los concordatos y

liquidaciones obligatorias de personas naturales y jurídicas iniciados durante la vigencia de la primera de las leyes citadas:

i) El artículo 158 de la Ley 222 de 1995 dispone que: "A partir de la providencia de apertura del trámite liquidatario y hasta el vigésimo día siguiente al vencimiento del término de fijación del edicto, los acreedores deberán hacerse parte personalmente o por medio de apoderado, presentando prueba siquiera sumaria de la existencia de sus créditos". (El llamado es nuestro)

ii) Del estudio de la norma antes transcrita, se desprende que todos los acreedores, sin excepción alguna, deben hacerse parte en el aludido trámite concursal, dentro del término allí señalado, aportando prueba siquiera sumaria de la existencia, naturaleza, prelación y cuantía de su crédito.

En ese orden de ideas, las sumas adeudadas a los acreedores, por obligaciones causadas antes del inicio de la liquidación obligatoria, debían presentarse al proceso concursal para hacer valer su crédito, ya sea personalmente o por conducto de su apoderado especial, ante esta Superintendencia dentro del término perentorio establecido para el efecto, vencido el cual la presentación de los créditos tendrían el carácter de extemporáneos, y por lo mismo no se calificaban ni graduaban y para hacer efectivos sus créditos sólo podrán perseguir los bienes que le queden al deudor una vez pagados los créditos reconocidos dentro del proceso.

En otras palabras, los créditos que no se hicieron parte dentro del proceso o fueron rechazados deben esperar la cancelación de todas las acreencias afectas a la masa concursal, para posteriormente perseguir los bienes de la sociedad deudora, una vez el proceso haya terminado, es decir, cuando se haya efectuado la cancelación del pasivo de la sociedad, se ordene el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere, y archivado el expediente por el juez del concurso.

iii) Ahora bien, el deber de presentación al concurso en los términos anotados habrá de entenderse no como una obligación en estricto sentido sino como una carga procesal de cuyo accionar dependerá que sus créditos sean allí reconocidos, calificados, graduados y cancelados, so pena de asumir las consecuencias jurídicas de tal omisión, esto es, la imposibilidad de perseguir su cobro por cualquier otra vía jurídico-procesal mientras se cumple la finalidad del trámite, pues, una vez admitido o convocado el deudor al proceso concursal, por virtud de su preferencia y del fuero de atracción, no podrán promoverse ejecuciones singulares y particulares contra el deudor, y las ya iniciadas deberán incorporarse al trámite liquidatario.

iv) Sin embargo, es de advertirse que una vez inscrita en el registro mercantil la providencia a través de la cual la Superintendencia de Sociedades declara terminado el proceso de liquidación obligatoria, la sociedad desaparece del mundo jurídico, y por ende, todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren, desaparecen del tráfico mercantil como tales en consecuencia no pueden de ninguna manera seguir

actuando ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones, máxime que la matrícula de aquella se encuentra cancelada.

Por lo cual una vez ocurrido el registro del auto que declare terminada la liquidación, no existe persona jurídica a nombre de quien actuar, por consiguiente, la calidad de representante o liquidador también perece o termina, en consecuencia mal haría la persona pretender demanda a una sociedad inexistente.

v) Dentro del trámite del proceso de liquidación obligatoria, a diferencia de lo previsto en el numeral 5 del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, los créditos deben ser presentados al juez del concurso y no al liquidador, es decir, se presenta un cambio notable respecto de las reglas existentes en los procesos concursales, las cuales exigían que el crédito fuera presentado sólo al juez que conociera del proceso, quien calificará y graduará los créditos presentados, de acuerdo con la prelación y preferencias establecidos en la ley, así como también decidirá las objeciones que se presenten contra los mismos.

Luego, el liquidador de una sociedad en liquidación obligatoria, no está facultado para recibir los créditos a cargo de ésta, ni mucho menos determinar la categoría o naturaleza de determinado crédito, toda vez que, se reitera, ello es función privativa del juez del concurso.

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