PAGO DE OBLIGACIONES DENTRO DE UN PROCESO DE INSOLVENCIA

 

OFICIO SUPERSOCIEDADES 220-228286 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013

ASUNTO: PAGO DE OBLIGACIONES DENTRO DE UN PROCESO DE INSOLVENCIA

Me refiero a su escrito, radicado en esta Entidad con el número 2013- 01- 456494, mediante el cual, previa las consideraciones allí expuestas, formula una consulta sobre la solución de las obligaciones dentro de un proceso de insolvencia, en los siguientes términos:

1. Los Acreedores que entran a hacer parte del proceso de insolvencia que se le adelanta al Deudor, pueden procurar de manera paralela cobrar sus acreencias al Tercero?

2. Si finalizado el proceso de insolvencia, los acreedores no logran recuperar la totalidad de la deuda por insuficiencia de activos del deudor, se entiende que ya ha habido cosa juzgada? O podrían esos Acreedores intentar recaudar el total de su deuda cobrando al Tercero?

3. Si la ley no ha previsto la solidaridad del Tercero en estos casos, sería procedente que los Acreedores intentaran cobrarle las acreencias debidas por el Deudor? Debe pagarlas el Tercero?

Al respecto, me permito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es función de la Superintendencia de Sociedades la de absolver las consultas de carácter general y abstractas que se le formulen sobre temas de derecho estrictamente societario regulado por la legislación mercantil, y no sobre temas contractuales, procedimentales o jurisdiccionales, y que dicho sea de paso no asesora sobre hechos particulares como resulta ser el caso planteado.

No obstante lo anterior, este Despacho se permite, a título meramente informativo hacer las siguientes precisiones de orden legal, a la luz de la Ley 1116 de 2006, mediante la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia:

i) De acuerdo con lo previsto en el artículo 1º ibídem, "El régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor.

El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su restructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.

El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, Buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor…". (El llamado es nuestro).

ii) Del estudio de la norma antes transcrita, se desprende que el legislador estableció varios mecanismos no solo para perseguir la salvación de los negocios del deudor, ya se trate de sociedades comerciales, personas naturales comerciantes, que aunque afrontan dificultades económicas tienen perspectivas de salir de la crisis financiera en que se encuentra, sino para permitirle a aquél a través de un acuerdo, celebrar un convenio de pagos con sus acreedores, en el cual se estipulara la forma y términos en que se atenderán sus respectivas obligaciones, lo que de no ser posible incuestionablemente conlleva a la liquidación judicial, si se trata de un deudor persona jurídica o persona natural comerciante.

iii) En el caso de un proceso de reorganización, tal previsión, tiene por objeto que los acreedores obtengan la satisfacción de sus créditos, previa calificación y graduación de los mismos y la celebración de un acuerdo de pagos con sus acreedores, lo cual se hará con los recursos provenientes del desarrollo del objeto social, y en la forma y términos allí consignados.

Una vez celebrado el acuerdo en los términos de la susodicha ley, será de obligatorio cumplimiento para el empresario o deudores respectivos y para todos los acreedores internos y externos, incluyendo quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los efectos legales previsto en el artículo 40 ejusdem, entre los cuales se encuentra, el que las estipulaciones del acuerdo deberán tener carácter general, en forma que no quede excluido ningún crédito reconocido o admitido, y respectarán para efectos de pago, la prelación, los privilegios y preferencias establecidas en la ley.

Ahora bien, al tenor de lo preceptuado en el artículo 39 de la Ley 1429 de 2010, "Vencido el término para presentar el acuerdo sin que este hubiere sido presentado o no confirmado el mismo, el juez proferirá auto en que se adoptarán, entre otras, las siguientes decisiones:

(…)

3. Se ordenará la actualización de los gastos causados durante el proceso de reorganización. Del inventario valorado y de los gastos actualizados se correrá traslado por el término de tres (3) días para formular objeciones. De presentarse objeciones, se aplicará el procedimiento previsto para el proceso de reorganización. Resueltas las objeciones o en caso de no presentarse, se iniciará el término de treinta (30) días para la presentación del acuerdo de adjudicación.

En el acuerdo de adjudicación se pactará la forma como serán adjudicados los bienes del deudor, pagando primero las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de insolvencia y luego las contenidas en la calificación y graduación aprobada. En todo caso, deberán seguirse las reglas de adjudicación señaladas en esta ley.

El acuerdo de adjudicación debe ser aprobado por las mayorías y en la forma prevista en la presente ley para la aprobación del acuerdo de reorganización, respetando en todo caso las prelaciones de ley y, en especial, las relativas a los pasivos pensionales. Para el

efecto, el deudor acreditará el estado actual de los gastos de administración y los necesarios para la ejecución del acuerdo y la forma de pago, respetándoles su prelación.

Si el acuerdo de adjudicación no es presentado ante el Juez del concurso en el plazo previsto en la presente norma, se entenderá que los acreedores aceptan que la Superintendencia o el juez adjudiquen los bienes del deudor, conforme a las reglas de adjudicación de bienes previstas en la presente ley". (subraya el Despacho).

iv) Tratándose de un proceso de liquidación judicial, el pago de los créditos a cargo del deudor concursado, se hará con los dineros obtenidos en la venta de activos y con los bienes no enajenados, para cuyo efecto el liquidador deberá, dentro del término establecido en el inciso segundo del artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, presentar al juez del concurso el acuerdo de adjudicación al que haya llegado con sus acreedores, el cual debe ser elaborado siguiendo las reglas señaladas en el artículo 58 ejusdem y confirmado por el juez.

De no aprobarse el citado acuerdo, el juez concursal dictará la providencia de adjudicación de los referidos bienes.

v) Sin embargo, puede suceder que dentro del referido proceso los recursos provenientes de la realización de los activos de propiedad de la sociedad concursada o los bienes objeto de adjudicación no alcancen para pagar la totalidad de las obligaciones a cargo del deudor concursado, quedando algunas obligaciones insolutas total o parcialmente, en cuyo caso se entiende que hay cosa juzgada frente al deudor concursado por sustracción de materia.

vi) Finalmente, es de advertir que simultáneamente con el proceso de insolvencia en cualquiera de sus dos modalidades: reorganización o liquidación judicial, los acreedores pueden perseguir vía ejecutiva el cobro de las obligaciones solidarias a su favor, y en el evento de obtenerse allí el pago de las mismas, deberá informarse al juez concursal dicha circunstancia para los efectos del acuerdo de reorganización o de adjudicación, según el caso.

Igual circunstancia, se predica una vez terminado el respectivo proceso de insolvencia.

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