NULIDAD DE SOCIEDAD COMERCIAL EN COMANDITA POR ACCIONES

Oficio SUPERSOCIEDADES 220-019758 Del 19 de Febrero de 2013

 

ASUNTO. Nulidad de sociedad comercial- en comandita por acciones.

 

Me refiero a su comunicación radicada con el número 2013-01-016906, mediante la cual, formula las siguientes consultas:

 

1. Una vez decretada la nulidad absoluta por vía judicial de una sociedad en comandita por acciones, cuál es el procedimiento para liquidar la misma, quién debe ser el liquidador y quién lo designa, el Juez o la Supersociedades por intermedio de alguna de sus dependencias.

 

2. Entiendo que decretada la nulidad de una sociedad comercial, esta debe desaparecer de la vida jurídica, pero, cuál es la forma de proteger los intereses de acreedores y demás personas interesadas, qué mecanismo ha dispuesto la ley o a Superintendencia para esto.

 

3. Si no fuera la Supersociedades la encargada de liquidar, puede esta ejercer alguna función de acompañamiento o intervención en el procedimiento que la ley disponga para el desaparecimiento de la vida jurídica de este tipo de sociedad.

 

4. Si la orden judicial que decreta a nulidad de la sociedad comerciar, significa la disolución de la misma, de qué manera se garantiza la correcta responsabilidad de las personas (Jurídicas o naturales) que la conforman.

 

Al respecto, me permito informarle que de acuerdo con el artículo 647 del Código de Procedimiento Civil, podrá pedirse simultáneamente la declaración de nulidad y la liquidación de una sociedad, cualquiera que fuere la naturaleza de esta. Por su parte el artículo 648 dispone que “la demanda y su trámite su sujetarán a lo dispuesto en el capítulo 1 del presente título;….”, en tal virtud, tanto la disolución como la liquidación, se sujeta a las normas previstas en los artículos 645 y646 del Código de Procedimiento Civil.

 

Ahora bien, si su inquietud está referida a la alusión prevista en el artículo 646 ibídem relacionada con “una sociedad no sujeta a liquidación administrativa”, cabe observar que este trámite, no corresponde al de la liquidación voluntaria propio del desarrollo y finalización de la empresa social, sino circunscrito a la facultad de liquidación derivada del ejercicio de las funciones de toma de posesión, para los casos expresamente previstos por la ley, con carácter excepcional, por razones de orden público.

 

 

Conforme a lo expresado, es claro que no le corresponde a la Superintendencia intervenir en el referido trámite de liquidación, puesto que la función está íntegramente asignada al juez.

 

Adicionalmente, le informo que a partir del 1° de enero de 2014, entrarán en vigencia los artículos 524 y siguientes del Código General del Proceso contenido en la ley 1564 del 12 de julio de 2012, que contempla el mecanismos de liquidación por vía judicial de una sociedad a la que se le ha decretado la nulidad absoluta del contrato.

 

En este sentido, el artículo 529 dispone que el juez en la sentencia que decreta la nulidad debe designar el liquidador de la lista de auxiliares de la justicia y debe proceder a ordenar su inscripción en el registro mercantil. Por su parte el ordinal quinto del referido artículo 529 señala que el liquidador está obligado a prestar caución para el manejo de los bienes sociales, de acuerdo con el monto que para el efecto, le debe fijar el juez.

 

El procedimiento se surte mediante el cumplimiento de unas etapas, las que contemplan mecanismos de protección a los acreedores, a quienes podrá satisfacerse el pago de sus acreencias, de acuerdo con las reglas de prelación de créditos elaborada por el liquidador, con base en un inventario de activos y pasivos, estado de cuenta que deberá ser puesto en conocimiento de los acreedores en la respectiva audiencia, diligencia dentro de la cual los acreedores podrán presentar las objeciones que estimen pertinentes, solicitar las aclaraciones o complementación que requieran, las que se debatirán en la etapa probatoria subsiguiente, agotada la cual se procederá por parte de liquidador a pagar las acreencias con estricta sujeción a la prelación legal.

 

De lo dicho se advierte que dentro de ninguna de las etapas del procedimiento, existe ingerencia de la Superintendencia de Sociedades.

 

En los anteriores términos se han respondido sus inquietudes, no sin antes manifestarle que el presente oficio tiene los alcances del artículo 25 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.
 
 

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