LIQUIDACIÓN PRIVADA O VOLUNTARIA.

 

OFICIO SUPERSOCIEDADES 220-110808 DEL 16 DE JULIO DE 2014

ASUNTO: LIQUIDACIÓN PRIVADA O VOLUNTARIA.

Me refiero a su comunicación radicada con el número 2014- 01-291791, mediante el cual formula a esta Entidad una consulta sobre un proceso de liquidación voluntaria, en los siguientes términos:

1. En la liquidación privada de una sociedad que no posee recursos, quien está obligado a responder por el pago de los gastos de administración que el proceso requiere, entre ellos los honorarios del liquidador?

2. En consideración a lo enunciado en el numeral anterior y en caso de renuencia por parte de los socios a cancelar los honorarios del liquidador y los demás gastos de administración, que tipo de reclamación debería adelantarse y ante quien por este tipo de acreedores?

3. Si los socios previamente, vendieron los bienes de propiedad de la sociedad, y no colocaron estos recursos a disposición de la sociedad, que tipo de responsabilidad les cabria? Que acciones debería adelantar el liquidador en estos casos?

4. Si se presentan desacuerdos en los bienes y acreencias que deben incluirse en el inventario de patrimonio liquidable, entre los socios y el liquidador, como deben subsanarse dichas discrepancias? La Superintendencia de Sociedades es competente para resolver en estos casos?

Sobre el particular, este Despacho se permite hacer las siguientes precisiones jurídicas:

a) Como es sabido, la liquidación privada o voluntaria tiene por objeto la realización de los bienes del deudor, a excepción de aquellos que por razón del contrato social o de disposición expresa de los asociados deban ser distribuidos en especie), para atender en forma ordenada y con la prelación legal el pago de las obligaciones a su cargo (numeral 5º del artículo 238 del Código de Comercio).

De lo antes expuesto, se desprende es función del liquidador la realización de los activos sociales para pagar las obligaciones de la sociedad de acuerdo con la prelación de créditos establecida en la Ley.

Ahora bien, dentro de la liquidación privada puede suceder que los activos sociales sean insuficientes para atender la totalidad del pasivo externo, se corre el riesgo de que determinadas obligaciones queden insolutas, sin que sea posible que los liquidadores, tratándose de empresas anónimas, recauden de los accionistas el faltante, como sucede en el caso de la sociedades por cuotas o partes de interés, toda vez que en las sociedades anónimas, por mandato del artículo 252 del Código de Comercio, no habrá acción de terceros contra los socios por las obligaciones sociales. Estas acciones solo podrán ejercitarse contra los liquidadores y únicamente hasta concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos.

En los casos de insuficiencia de los activos sociales, el proceso liquidatario necesariamente debe agotarse, dejándose constancia en un acta, documento que al tenor de lo dispuesto por el artículo 248 ejusdem, deberá ser aprobado por la asamblea o junta de socios junto con las cuentas de los liquidadores, decisiones que podrán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los asociados que concurran, cualquiera que sea el valor de las partes de interés, cuotas o acciones que representen en la sociedad.

En las sociedades de responsabilidad limitada, por regla general la responsabilidad de los socios se limita al monto de los aportes, pero sí vía estatutaria se ha convenido una responsabilidad superior, frente a la insuficiencia de activos para el pago del pasivo externo a cargo de la deudora, corresponderá al liquidador exigir las prestaciones complementarias a que hubiere lugar, luego es improcedente que los terceros adelanten acciones contra los asociados por obligaciones adquiridas por la sociedad en desarrollo de su actividad social, acción que corresponderá al liquidador en ejercicio de las funciones que el cargo impone (Num. 3º, Art. 238 C. de Co.).

Sin embargo, frente a obligaciones laborales y tributarias, cada uno de los ordenamientos consagra de manera expresa que las mismas deben ser asumidas por los asociados en forma solidaria, cuando quiera que la compañía no pueda satisfacerlas.

Es así como el artículo 794 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 30 de la Ley 863 del 2003, respecto a la responsabilidad de los socios en las sociedades de responsabilidad limitada frente a los impuestos del ente societario establece: "En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, responderán solidariamente por los impuestos, actualización e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes o participaciones en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período gravable" (lo resaltado no es del texto).

De manera similar lo consagra el Código Sustantivo del Trabajo, respecto a las obligaciones laborales, cuando en el artículo 36 expresa "Son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión".

En consecuencia, cuando los bienes de la liquidación sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos, incluidos los gastos de administración del proceso, los socios serán responsables del pago del faltante del pasivo externo, en proporción a los derechos que cada uno tenga en la sociedad, para lo cual el liquidador o el acreedor podrán iniciar el respectivo proceso.

b) Al tenor de lo previsto en el artículo 243 ibídem, cuando se trate de sociedades por cuotas o partes de interés y sean insuficientes los activos sociales para atender al pago del pasivo externo de la sociedad, los liquidadores deberán recaudar de los socios el

faltante, si la responsabilidad de los mismos es ilimitada, o la parte faltante que quepa dentro de los límites de la responsabilidad de los asociados, en caso contrario.

Para los efectos de este artículo los liquidadores tendrán acción ejecutiva contra los asociados y bastará como título ejecutivo la declaración jurada de los liquidadores. Los asociados podrán, no obstante, proponer como excepción la suficiencia de los activos sociales o el hecho de no haberse destinado estos al pago del pasivo externo de la sociedad por parte de los liquidadores.

c) En el evento de que los socios hayan vendido previamente los bienes de propiedad de la sociedad y no hayan puesto los recursos obtenidos en dicha operación a disposición de la misma, se harán acreedores a las sanciones de responsabilidad a que haya lugar.

Para tal efecto, la Superintendencia de Sociedades, en uso de funciones jurisdiccionales, conocerá de las acciones de responsabilidad contra socios y liquidadores según las normas legales vigentes.

Dichas acciones se adelantarán en única instancia a través del procedimiento verbal sumario regulado en el Código de Procedimiento Civil.

d) En caso de que se presenten discrepancias o desacuerdos entre los socios y el liquidador, respecto de los bienes y acreencias que deban incluirse en el inventario del patrimonio liquidable, las mismas podrán ser objeto de conciliación para cuyo efecto podrán acudir ante la Superintendencia de Sociedades.

Finalmente, se observa que los liquidadores serán responsables ante los asociados y ante terceros de los perjuicios que se les cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes. (Art.255 op. cit).

Las acciones de los asociados entre sí, por razón de la sociedad y la de los liquidadores contra los asociados, prescribirán en cinco años a partir de la fecha de disolución de la sociedad.

Las acciones de los asociados y de terceros contra los liquidadores prescribirán en cinco años a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta final de la liquidación (artículo 256 del Estatuto Mercantil).

En los anteriores términos se da respuesta a su consulta, no sin antes advertir que la misma tendrá el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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