DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE UNA SOCIEDAD

 

OFICIO SUPERSOCIEDADES 220-111154 DEL 17 DE JULIO DE 2014

Ref: EFECTOS DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE UNA SOCIEDAD

Me refiero a su comunicación radicada con el número 2014-01-311608, mediante la cual expone una serie de hechos que dicen de la situación de varias sociedades que al efecto señala, así como las consideraciones que explican el interés que en su calidad de asesor jurídico le asiste, para luego formular una consulta que plantea distintos interrogantes relacionados todos con la disolución y posterior trámite de liquidación voluntaria de las sociedades comerciales.

A ese respecto y teniendo en cuenta que el propósito de los conceptos que la Entidad emite en atención al derecho de petición en la modalidad de consulta, es proporcionar una opinión general sobre las materia a su cargo, que como tal no tiene carácter vinculante, ni apunta a resolver situaciones de carácter particular en los términos del Artículo 28 del C.C.A., resulta oportuno para los fines de su solicitud traer a continuación las consideración jurídicas que sustentan la doctrina de esta Superintendencia en torno al tema.

a.- Como es sabido la sociedad comercial se disolverá por ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en los estatutos o en el artículo 218 del Código de Comercio, entre las cuales se encuentra el vencimiento del término de duración.

b.- Por su parte, el artículo 222 ibídem, prevé que "Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se hubieren opuesto".

De la norma antes transcrita, se desprende que la sociedad presenta dos aspectos delimitados en la ley. El primero, comprende desde su constitución hasta el momento en el cual llega el estado de disolución y, corresponde a la llamada vida activa del ente jurídico, caracterizada entre otras cosas, por el ejercicio del objeto social, la presencia de un patrimonio de especulación y la consiguiente búsqueda de utilidades, circunstancia esta última que constituye uno de los elementos esenciales de la compañía.

El segundo, empieza con la disolución de la sociedad, prosigue con la liquidación de su patrimonio y culmina con la extinción de la misma. Aunque la disolución no supone por sí misma la extinción inmediata de la sociedad como persona jurídica, su advenimiento trae consigo importantes cambios en la estructura y finalidad del ente moral, de suerte que a partir de ese momento no es posible continuar ejerciendo el objeto social para el cual fue creado, lo cual implica que carece de capacidad para iniciar nuevas operaciones en desarrollo del mismo y que la conserva solamente para los actos que la inmediata liquidación requiere v. gr. venta de bienes, cancelación de hipotecas, pago a acreedores,

etc., cualquier acto que no tienda a ese fin, con excepción de los expresamente autorizados por la ley, hace responsables a las personas allí señaladas.

c.- El procedimiento que los artículos 225 y siguientes del Código de Comercio prevén para liquidar las sociedades mercantiles, es de orden público y de obligatorio cumplimiento aunque valga precisar, no está sujeto a un término perentorio, presupuesto que implica agotar todas sus etapas hasta llegar a la culminación del proceso, trámite durante el cual, el liquidador como administrador, debe obrar conforme a los parámetros de diligencia del buen hombre de negocios y necesariamente responde por las gestiones realizadas en los términos previstos por el artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995.

Como ya se ha dicho, al tenor de lo dispuesto en numeral 1 del artículo 238 ejusdem, los liquidadores deben proceder a continuar y concluir las operaciones

sociales pendientes al tiempo de la disolución, atendiendo que tales operaciones no suspenden el proceso liquidatario, pues éste continúa en cuanto a la enajenación de activos y el pago de las obligaciones a cargo de la sociedad deudora, las que han de concluirse antes de que se inscriban los documentos respectivos en el registro mercantil.

De lo expuesto se concluye entre otros, que solo con la inscripción en el registro mercantil del acta contentiva de la cuenta final de liquidación (no antes) la sociedad se extingue del mundo jurídico y por ende, todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren; esto es que a partir de ahí desaparece del tráfico mercantil como tal y en consecuencia, no puede ejercer derechos ni asumir obligaciones, máxime que su matrícula ha de cancelarse (Artículo 247 y 248 del Código de Comercio en concordancia con el Artículo 42 de la ley 1429 de 2010). Es importante advertir que las cámaras tienen circunscripción regional y no nacional.

En este orden de ideas, es cuando se surta la inscripción en el registro mercantil de los documentos correspondientes a la cuenta final de liquidación, que la sociedad para todos los efectos desaparece como sujeto de derecho y con ella, los órganos a través de los cuales actúa, lo que a su turno implica que el liquidador ostentará hasta entonces el carácter de representante legal y en tal virtud estará llamado a responder y actuar en nombre de la misma.

Ahora bien, en cuanto a las facultades de esta Superintendencia cabe señalar que de conformidad con el artículo 84 numeral 5º de la Ley 222 de 1995, ella tiene competencia para decretar la disolución y ordenar la liquidación de las sociedades sometidas a su vigilancia cuando se cumplan los presupuestos previstos por la ley y los estatutos; en cuanto a aquellas que no se encuentren vigiladas, deberán adelantar privadamente su proceso de liquidación voluntaria, sin que exista ninguna obligación de informar a la Superintendencia de Sociedades sobre esta circunstancia.

En los anteriores términos, su solicitud se ha tramitado con los alcances del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, no sin antes advertir que para ampliar su información

podrá consultar la WEB de la Entidad donde encontrará entre otros la normatividad, las Circulares Externas y los conceptos que la misma emite sobre los temas societarios.

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