DETERMINACIÓN DE DERECHO DE VOTO CON CRÉDITOS POSTERGADOS (ARTICULO 69 NUMERAL 5)

Oficio SUPERSOCIEDADES 220-023354 Del 05 de Marzo de 2013

 

ASUNTO: DETERMINACIÓN DE DERECHO DE VOTO CON CRÉDITOS POSTERGADOS (ARTICULO 69 NUMERAL 5)

 

Me refiero a su escrito radicado en esta Entidad con el número 2013- 01- 025668, mediante el cual formula una consulta relacionada la determinación de derecho de voto con créditos postergados, que teniendo la carga de presentarse, no lo hicieren dentro de los términos fijados en proceso de insolvencia de que trata la Ley 1116 de 2006, en los siguientes términos:

 

Los créditos extemporáneos, que son declarados postergados en virtud del artículo 69 numeral 5, tienen derecho de voto?

 

Al respecto, me permito manifestarle, de una parte, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, es función de la Superintendencia de Sociedades la de absolver las consultas de carácter general y abstractas que se le formulen sobre temas de derecho estrictamente societario regulado por la legislación mercantil, y no sobre temas contractuales, procedimentales o jurisdiccionales, y de otra, que según Sentencia C-1641 del 29 de noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, no le es dable a la Entidad como autoridad administrativa intervenir en asuntos de los cuales haya de conocer en ejercicio de facultades jurisdiccionales, en relación con los cuales se debe pronunciar como juez en las instancias procesales a que haya lugar.

 

No obstante lo anterior, este Despacho se permite, a título meramente informativo, hacer las siguientes precisiones de orden legal, a la luz de la Ley 1116 de 2006:

 

i) Al tenor de lo previsto en el inciso segundo del artículo 24 ibídem, “Los derechos de votos, y solo para esos efectos, serán calculados, a razón de un voto por cada peso del valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, sin incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital, salvo aquellas provenientes de un acto administrativo en firme, adicionándoles para su actualización la variación en el índice mensual de precios al consumidor certificado por el DANE, durante el período comprendido entre la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha de corte de la calificación y graduación de créditos. En el caso de obligaciones pagadas en varios contados o instalamentos, serán actualizadas en forma separada”. (El llamado es nuestro).

 

ii) Del estudio de la norma antes transcrita, se desprende que la misma comprende los siguientes reglas: a) que los derechos de voto serán calculados, a razón de un voto por cada peso del valor de la acreencia cierta, sea o no exigible; b) que para ese efecto se tiene en cuenta solamente el principal, es decir, que no se reconocen intereses, multas y sanciones, salvo aquellas provenientes de un acto administrativo; c) que las acreencias deben ser actualizadas con el IPC, durante el período comprendido entre la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha de corte de la calificación y graduación de créditos; y d) que las obligaciones que se paguen en varios contados, serán actualizadas en forma separada.

 

iii) Si bien la determinación de derechos de voto y fijación de acreencias, tratándose de un proceso de reorganización empresarial, se debe hacer con base en la relación de acreencias que el empresario presentó con la solicitud de admisión a dicho proceso, no es menos cierto que cuando se trate de un proceso de liquidación judicial, la determinación de los derechos de voto debe hacerse teniendo en cuenta las acreencias presentadas al concurso, es decir, que en uno u otro caso, la determinación de derechos de voto debe hacerse sobre las acreencias ciertas relacionadas por el deudor o las presentadas por los acreedores al liquidador, según el caso.

 

iv) Ahora bien, para efectos de la determinación de derecho de voto, no se pueden tener en cuenta las obligaciones postergadas a que alude el artículo 69 ejusdem, entre los cuales se encuentran: 1) Obligaciones con personas especialmente relacionadas por el deudor; 2) deudas por servicios públicos en el evento allí previsto; 3) créditos de los acreedores que intenten pagarse por su propia cuenta a costa de bienes o derechos del deudor; 4) valores derivados de sanciones pactadas mediante acuerdo de voluntades; 5) Las obligaciones que teniendo la carga de presentarse al trámite de liquidación judicial, no lo hicieron dentro de los términos fijados en la presente ley; 6) el valor de intereses, en el proceso de liquidación judicial; y 7) los demás cuya postergación esté expresamente prevista en la Ley 1116 de 2006, pues si bien éstas tienen el carácter de ciertas, solamente pueden ser atendidas una vez cancelados los demás créditos reconocidos en el proyecto de calificación y graduación de créditos aprobado por el juez concursal, y por ende, no juegan para la determinación de derechos de voto.
 
 

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