DESDE LA PRECEPTIVA SOCIETARIA NO SE PUEDE EJERCER SIMULTÁNEAMENTE EL CARGO DE REVISOR FISCAL Y AUDITOR DE UNA SOCIEDAD.

 

OFICIO SUPERSOCIEDADES 220-163225 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

 

REF.: RADICACIÓN 2013- 01- 427680

DESDE LA PRECEPTIVA SOCIETARIA NO SE PUEDE EJERCER SIMULTÁNEAMENTE EL CARGO DE REVISOR FISCAL Y AUDITOR DE UNA SOCIEDAD. SE PRECISA LA COMPETENCIA DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES PÚBLICOS.

Aviso recibo del escrito en referencia, a través del cual solicita concepto acerca de la posible violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Ley 43 de 1990, en consecuencia del Estatuto de Contratación y demás normas concordantes, teniendo en cuenta que el artículo 25 de la Ley 1450 de 2011, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010- 2014 señala: "Las comisiones de administración de los patrimonios autónomos del Fonpet se pagarán con cargo a los rendimientos financieros de los recursos. También se pagarán con cargo a dichos rendimientos los gastos relacionados con la auditoría especializada que deberá contratarse para la supervisión de la gestión de los administradores. Todos los gastos administrativos que hoy se financian con cargo al fondo, no podrán superar un 8% de los rendimientos que generen estos recursos.

(….)". (Destacado nuestro).

Pone de presente que en desarrollo de la auditoria especializada que se adelanta al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP, para la vigencia 2012, la auditoría de que trata el artículo antes transcrito se efectúa por una firma que ejerce la revisoría fiscal simultáneamente en una de las administradoras a supervisar, situación que explica con el siguiente ejemplo: "la firma A es una administradora de recursos de la seguridad social, contratada por la firma B para dicha administración, la firma C es a su vez Revisor Fiscal de la firma A y es contratada simultáneamente por la firma B, para la auditoria especializada de la gestión de la firma A."

Finaliza el escrito solicitando la anterior información "en el término de 5 días hábiles a partir del recibo de la presente comunicación".

Del examen al escrito allegado, esta Superintendencia observa que el concepto solicitado escapa a la competencia asignada por la Constitución y la ley a esta Entidad que en materia administrativa se circunscribe al ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, en los términos y con los alcances señalados en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995, estadios en los que esta Entidad está facultada, entre otros aspectos, para supervisar la gestión y actuaciones que adelanta el revisor fiscal, cuando por ley o vía estatuaria tal órgano se contempla en el contrato de sociedad, con el fin de verificar que las mismas se ajusten a las funciones que legal y estatutariamente le han sido conferidas a quien ejerce el cargo (Art. 207 del Código de Comercio). Dicho en otras palabras, las atribuciones conferidas en inspección, vigilancia y control le permiten a la Entidad, de ser necesario, verificar el cumplimiento de

los deberes y funciones que corresponden al revisor fiscal; los requisitos para su designación y las prohibiciones, restricciones y/o incompatibilidades para desempeñar el cargo (Entre otra normativa, Arts. 205 y 215 del Código Cit. concordante con las previstas en los artículos 50 y 51 de la Ley 43 de 1990).

Es a la luz de la anterior preceptiva, referida a grosso modo, que esta Entidad en ejercicio de la facultad para resolver consultas en relación con las materias a su cargo (Art. 25 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), ha proferido un sin número de pronunciamientos relacionados con la revisoría fiscal, entre ellos ha expresado la imposibilidad para que un auditor externo y/o interno de una empresa al tiempo se desempeñe como como revisor fiscal en la misma, conclusión a la que ha llegado luego del análisis de las inhabilidades previstas en el Ordenamiento Mercantil para el ejercicio de tal cargo como así lo contempla el artículo 205, particularmente cuando en el numeral 3º del mismo señala que no podrá ser revisor fiscal "Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier cargo.

Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo". (Destacados fuera de texto).

Del análisis a la normatividad prevista en el Código de Comercio junto con las normas que regulan el ejercicio de la actividad contable, la Entidad ha destacado, entre otros asuntos, las diferencias entre la revisoría fiscal y la auditoria, pues difieren en la forma y la facultad para su designación, pues mientras el revisor fiscal es un cargo de carácter obligatorio, siempre que la ley o los estatutos así lo prevean, su designación corresponde privativamente a la asamblea general de accionistas o junta de socios, de acuerdo con las mayorías previstas en la ley o en los estatutos para tal efecto, la auditoria es opcional bien por parte de la administración de la sociedad o por voluntad del máximo órgano social; en cuanto a las labores o funciones, el revisor fiscal está sujeto a las señaladas en el Código de Comercio y/o a los estatutos de la sociedad, al paso que la auditoria se estará a los términos del contrato; en cuanto a la dependencia, el revisor fiscal depende exclusivamente del órgano social que lo designa y fija los honorarios, a ella debe presentar los informes y las aclaraciones que le fueren solicitadas, sumado a que es un colaborador en su gestión fiscalizadora de las Entidades del Estado; mientras que la auditoria es un asunto que sólo interesa a la administración de la sociedad que lo contrata, es quien determina los alcances, términos y condiciones del trabajo asignado, luego dependerá exclusivamente de la misma.

Viene también al caso traer a colación apartes de la Circular Externa No. 033 de 14 de octubre de 1999 expedida por la Junta Central de Contadores que con relación a algunas restricciones en el ejercicio de la disciplina contable conceptuó:

"Como es bien sabido, los servicios que involucren la disciplina contable, pueden ser ofrecidos por personas naturales en forma directa, o por personas jurídicas que contemplen dentro de su objeto social tal posibilidad, y que, en los términos previstos por la Resolución 042 de 1999, emanada de la Junta Central de Contadores, en concordancia

con la Ley 43 de 1990 y el Decreto Reglamentario 1510 de 1998, se encuentren inscritas ante la Junta Central de Contadores.

Acerca de la posibilidad de que estos entes en forma simultánea, y a través de distintas personas naturales a ellas vinculadas, presten servicios de revisoría fiscal y otros propios de la disciplina contable, tales como contabilidad por outsourcing, auditoria y asesoría tributaria, en forma reiterada la Junta Central de Contadores se ha pronunciado en contra de dicha práctica, por una parte, en consideración de la necesidad de proteger el principio de independencia que garantiza la objetividad e integridad que debe observar el contador público para el cabal cumplimiento de sus funciones, y, en especial, para garantizar que la labor de fiscalización ejercida por el revisor fiscal se encuentre libre de cualquier conflicto de intereses que comprometa la imparcialidad de quien está llamado a dar fe pública de las operaciones y actuaciones del ente a vigilar, y por otra, en salvaguarda del régimen de inhabilidades e incompatibilidades que se encuentra expreso en el Código de Comercio, en la Ley 43 de 1990 y en los estatutos particulares de cada entidad.

La independencia supone una actitud mental que permite al contador público actuar con libertad respecto a su juicio profesional, para lo cual debe encontrarse libre de cualquier predisposición que limite su imparcialidad en la consideración objetiva de los hechos, así como en la formulación de sus conclusiones. Por su parte, la objetividad implica el mantenimiento de una postura imparcial en todas las funciones del contador público, de quien se exige total independencia en sus relaciones con la entidad o persona objeto de fiscalización.

Conforme a lo señalado, se considera necesario resaltar lo expresado en otro acápite, donde se determinó que las personas jurídicas que prestan servicios relacionados con la ciencia contable actúan a través de personas naturales, predicándose, entonces, la condición de revisor fiscal tanto de la persona jurídica como de la persona natural designada para desarrollar las funciones propias de este cargo.

En este orden de ideas, y con apoyo en lo preceptuado en el artículo 48 de la Ley 43 de 1990 y el ordinal 3o. del artículo 205 del Código de Comercio, las personas jurídicas contratadas para la prestación de servicios de revisoría fiscal no podrán desempeñar en la misma sociedad o ente económico otro cargo, ni prestar otros servicios profesionales durante el respectivo período, prohibición cuya trasgresión dará lugar a que la firma elegida para desarrollar la función de fiscalización responda disciplinariamente ante la Junta Central de Contadores, en presencia de una la presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

En igual sentido, y en acatamiento de lo ordenado por el artículo 51 de la Ley 43 de 1990, cuando una persona jurídica haya prestado servicios contables de auditoria, contabilidad por outsourcing o asesoría tributaria, entre otros, deberá rehusarse a aceptar la designación como revisor fiscal en la misma empresa, sus subsidiarias y/o filiales, por lo menos durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de cesación de sus funciones.

No se debe olvidar, además, que cuando un profesional de la Contaduría Pública actúa como delegado de la persona jurídica elegida como revisor fiscal, no lo hace a título personal sino en nombre y representación de quien lo contrató, de tal manera que se desconocería la restricción contenida en la Ley Mercantil y en el Código Disciplinario de la profesión contable, al permitir a la misma persona jurídica -actuando a través de su delegado-, asumir de manera simultánea otras funciones en la misma empresa, o, sin dejar transcurrir los plazos previstos en la ley". (Destacados fuera de efecto).

De la anterior argumentación se desprende que está prohibido a las personas naturales y/o jurídicas ejercer simultáneamente el cargo de revisor fiscal y auditor de una misma sociedad, sin embargo considera esta Entidad que la inquietud planteada podría ser competencia de la Junta Central de Contadores, teniendo en cuenta que en sentencia proferida el 6 de diciembre de 2001, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P. Olga Inés Navarrete, al examinar la legalidad de la Circular 033 Cit., se refiere a la facultad que ostenta la Junta Central de Contadores para impartir instrucciones relacionadas con los requisitos, obligaciones y algunas restricciones al ejercicio del cargo de revisor fiscal, cuando es ejercido por persona natural o persona jurídica.

Entre otras consideraciones para denegar la solicitud de nulidad de la mencionada circular, en la sentencia se expresa: "(....) Lo que hace la Circular 033, es precisar e ilustrar que las personas jurídicas que prestan servicios de contaduría pública también están sujetas a las restricciones que tanto el Código de Comercio como la Ley 43 de 1990 consagran para los Contadores Públicos como personas naturales. Tal propósito de la norma reglamentaria no escapa a las funciones de inspección y vigilancia colocadas en cabeza de la Junta Central de Contadores, pues mediante el acto acusado no se ha expedido la prohibición para el ejercicio de la profesión a las personas jurídica, sino tan solo se ha hecho claridad sobre el tema..."

Y se agrega que la Circular demandada "... no está estableciendo prohibiciones o restricciones para el ejercicio de la revisoría fiscal por parte de las personas jurídicas, sólo está precisando que el régimen de inhabilidades y prohibiciones que se aplica a la persona natural del Contador Público, también es aplicable a las personas jurídicas a través de las cuales se ejerce tal profesión...." (Negrilla fuera de texto)

Por último, en el escrito allegado se concede a la Entidad un término "de 5 días hábiles a partir del recibo de la presente comunicación" para responder la inquietud cuando de acuerdo con el artículo 14, numeral 2º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las Autoridades Administrativas como esta Superintendencia cuentan con 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del escrito para dar respuesta a las consultas que le son formuladas, por lo que para futuras ocasiones se le solicita el fundamento legal si se trata de norma especial.

En los anteriores términos se ha dado respuesta a su escrito, no sin antes manifestarle que los efectos son contemplados en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para mayor información e ilustración sobre temas societarios, se sugiere consultar la página de Internet de la Entidad (www.supersociedades.gov.co) o examinar los libros de Doctrinas y Conceptos Jurídicos y Contables publicados por la Entidad.

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