DESCONOCIMIENTO DE COSTOS Y DEDUCCIONES - SANCIONES POR NO INFORMAR

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

 

Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

 

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016)

 

Radicación:            08001 23 31 000 2005 03764 01

No. Interno:             19786

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

Esta Sala ha sostenido[1] que el artículo 651 del E.T. tipifica la sanción por no informar como un mecanismo represor para los contribuyentes obligados a suministrar información tributaria y para aquéllos a los que la Administración les ha solicitado informaciones o pruebas. Dicha sanción es imponible en cualquiera de tres eventos autónomos, a saber:

 

-       Cuando no suministren la información y/o pruebas dentro del plazo en que deben hacerlo.

-       Cuando entreguen la información con errores.

-       Cuando suministran información distinta de la que se les pide.

 

En concordancia con la misma norma, la cuantificación de la sanción se rige por los siguientes límites:

 

1. Hasta el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

 

2. Hasta el 0.5% de los ingresos netos cuando no sea posible establecer la base para tasarla, o la información no tuviere cuantía. Si no existieren ingresos, hasta el 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

 

El legislador también previó que la sanción podía reducirse al 10% de su valor, cuando la omisión que la genera fuere subsanada antes de notificarse el acto sancionatorio, o al 20%, si la enmienda se realiza dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de aquél.

 

En consonancia con el aparte subrayado de la norma, si la información requerida por la Administración se refiere a los costos y deducciones declaradas y esta no es suministrada, la sanción consiste en el desconocimiento de dichos rubros.

 

Revisada la totalidad del expediente, no aparece ninguna prueba de que la contribuyente hubiere suministrado la información solicitada por la DIAN, ni si quiera cuando se notificó de la liquidación oficial. Tampoco se aportó con la demanda. La demandante se limitó a presentar un certificado del revisor fiscal con el que pretende demostrar la veracidad de los costos y deducciones desconocidos por la Administración. Sin embargo, en este punto es importante resaltar que el único eximente de la sanción o que, al menos, permite la graduación de la misma, es el suministro de la información requerida, de la que, como se dijo, no aparece prueba de que hubiere sido aportada.

 

En esas circunstancias, la Sala considera que la demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados y, por lo tanto, no ha lugar a anular los actos administrativos demandados.



[1] Ibídem.

 

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