ALGUNAS MEDIDAS ADOPTADAS RESPECTO DE LOS BIENES ADJUDICADOS DENTRO DE UN PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL

Oficio SUPERSOCIEDADES 220-181905 Del 19 de DICIEMBRE DE 2012

 

ASUNTO: ALGUNAS MEDIDAS ADOPTADAS RESPECTO DE LOS BIENES ADJUDICADOS DENTRO DE UN PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL

 

Me refiero a su escrito radicado en esta Entidad con el número 2012- 01- 319964, mediante el cual, previa las consideraciones allí expuestas, formula una consulta relacionada con algunas medidas adoptadas en relación con los bienes adjudicados dentro de un proceso de liquidación judicial, en los siguientes términos:

 

1. Cuál es el alcance y responsabilidad de los accionistas (adjudicatarios) TU INMOBILIARIA Y CABAQUIN por su actuar arbitrario de contratar unilateralmente un vigilante en el inmueble y no permitir el retiro de los bienes muebles adjudicados a la Cámara de Comercio.

 

2. Cuál es la responsabilidad y obligación de la Cámara de Comercio y demás adjudicatarios respecto al vigilante contratado sin autorización por los otros adjudicatarios TU INMOBILIARIA Y CABAQUIN. Estaríamos obligados a pagar proporcionalmente según la cuota parte?

 

3. Qué acción tiene la Cámara contra los adjudicatarios que por medio del vigilante por ellos contratados impiden el ingreso de la Cámara de Comercio y el retiro de los bienes que le fueron adjudicados.

 

4. Está obligada la Cámara de Comercio de Armenia a pagar valores que eventualmente lleguen a exigir otros adjudicatarios por los bienes que no ha podido retirar del inmueble por la arbitrariedad del vigilante actual contratado por sólo dos de los adjudicatarios?

 

 

5. Qué procedimiento debemos seguir para la administración y cuidado del bien inmueble que quedó en común y proindiviso en virtud de la liquidación de Cenexpo S.A.?

 

Al respecto, este Despacho se permite hacer las siguientes precisiones de orden legal, a la luz de la Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones:

 

i) El artículo 59 de la Ley 1116 de 2006, preceptúa que “Dentro de los (5) días siguientes a la ejecutoria de la providencia de adjudicación de bienes, el acreedor destinatario que opte por no aceptar la adjudicación deberá informarlo al liquidador.

 

Vencido este término, el liquidador, de manera inmediata, deberá informar al juez del concurso cuáles acreedores no aceptaron recibir los bienes, evento en el cual se entenderá que estos renuncian al pago de su acreencia dentro del proceso de liquidación judicial y, en consecuencia, el juez procederá a adjudicar los bienes a los acreedores restantes, respetando el orden de prelación.

 

Los bienes no recibidos se destinarán al pago de los acreedores que acepten la adjudicación hasta concurrencia del monto de sus créditos reconocidos y calificados.

 

Los bienes remanentes serán adjudicados a los socios o accionistas de una sociedad a prorrata de sus aportes, para el caso de las personas jurídicas o al deudor en el caso de las personas naturales comerciantes o propietarias de una empresa. Los bienes no recibidos por los socios o accionistas o por la persona natural comerciante o que desarrolle actividades empresariales, serán adjudicados a una entidad pública de beneficencia del domicilio del deudor o, en su defecto, del lugar más cercano. Los bienes no recibidos por aquellas dentro de los diez (10) días siguientes a su adjudicación serán considerados vacantes o mostrencos según su naturaleza y recibirán el tratamiento legal respectivo.

 

El liquidador una vez ejecutadas las órdenes incluidas en el auto de adjudicación de bienes, respetando los plazos señalados en el artículo anterior, deberá presentar al juez del proceso de liquidación judicial una rendición de cuentas finales de su gestión, donde incluirá una relación pormenorizada de los pagos efectuados, acompañada de las pruebas pertinentes.

 

No obstante, previa autorización del juez del concurso, y respectando la prelación y los privilegios de ley, al igual que las reglas de la adjudicación previstas en esta ley, el liquidador podrá solicitar al juez autorización para la cancelación anticipada de obligaciones a cargo del deudor y a favor de acreedores cuyo crédito haya quedado en firme”. (El llamado es nuestro).

 

ii) Del estudio de la norma antes transcrita, se desprende que la misma regula la actuación procesal de la adjudicación de bienes tanto para acreedores como para los socios o accionistas, advirtiendo, de una parte, que el acreedor que no esté interesado en aceptar la adjudicación de los bienes que se hubiera realizado a su favor, deberá informarlo a liquidador dentro del término allí previsto, evento en el cual se entiende que renuncia al pago de su acreencia dentro del proceso de liquidación judicial, y así deberá informarlo al juez del concurso, quien procederá adjudicar los bienes a los acreedores restantes, respetando el orden de prelación, y de otra, que los bienes no recibidos por los asociados, serán adjudicados a una entidad pública de beneficencia, la cual deberá recibirlos dentro de los diez (10) días siguientes a su adjudicación, so pena de que tales bienes sean considerados vacantes o mostrencos de acuerdo a su naturaleza.

 

iii) Ahora bien, una vez culminado el trámite de adjudicación, el liquidador procederá a la entrega.

 

La adjudicación en el proceso de insolvencia, constituye no solamente un mecanismo de pago sino también, la forma de adquirir la propiedad o el dominio de los bienes.

 

Tratándose de bienes sujetos a registro, la providencia de adjudicación será el título y el registro el modo. Para bienes no sujetos a registro, el título será la providencia de adjudicación y la tradición en los términos de la disposición transcrita opera por ministerio de la ley, es decir, no se requiere de la entrega para adquirir la propiedad, por lo que basta para ello la ejecutoria de la providencia de adjudicación.

 

En razón de lo anterior una vez ejecutoriada y registrada la providencia de adjudicación la entidad en liquidación deja de ser dueña de los bienes adjudicados.

 

iv) Luego, la entrega de los bienes debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a la adjudicación, pero como antes se anoto no es mecanismo de perfeccionamiento del derecho de propiedad (artículo 58 Ley 1116 de 2006).

 

De no presentarse los acreedores a la entrega de los bienes por parte del liquidador, lo hacen bajo su responsabilidad y no le corresponde al mencionado auxiliar de la justicia seguir con la custodia de los referidos bienes. De la misma forma los costos y gastos que generen esos bienes a partir de la ejecutoria de la providencia de adjudicación son por cuenta de su nuevo propietario (Parágrafo del artículo 58 Ley 1116).

 

Los mencionados bienes no podrán ser entregados a propietarios distintos de los estipulados en la providencia de adjudicación, si han sido entregados en común y pro indiviso bastará que su entrega se realice a alguno de sus propietarios.

 

Si no concurriera a la entrega ninguno de los propietarios, el liquidador informará y dará cuenta de ello al juez del concurso para que quede constancia en el expediente.

 

Las consecuencias legales de la no comparecencia también serán de cuenta del adjudicatario.

 

v) A partir de que se perfeccione la entrega de los bienes los adjudicatarios deberán adoptar de común acuerdo las medidas tendientes a la protección de los mimos, tales como nombrar un vigilante, salvo que aquellos decidan directamente mantener la custodia de los mismos, cuya responsabilidad recae en uno u otros.

 

Ahora bien, en el evento de que uno o algunos de los socios adjudicatarios decidan a su arbitrio contratar unilateralmente un vigilante para custodiar los susodichos bienes, aquellos deberán responder ante los que no participaron en la decisión, por los perjuicios que le llegaren a causar con tal determinación, para lo cual se deberán adelantar las acciones judiciales pertinentes.

 

El hecho de que la decisión de nombrar un vigilante hubiera sido adoptada por alguno o algunos de los adjudicatarios para la custodia de los bienes adjudicados, ello no exonera a los demás adjudicatarios del pago del valor correspondiente, según la cuota parte. Sin embargo, los adjudicatarios deberán estarse en un todo a los términos y condiciones estipulados en el contrato de vigilancia, o en su defecto, demandar la nulidad o ilegalidad del mismo, según el caso.

 

Hasta tanto se decrete la nulidad o ilegalidad del contrato de vigilancia, el mismo producirá plenos efectos no solo para los contratantes sino también respecto de los demás adjudicatarios, quienes tienen derecho de inspeccionar directamente o por conducto de un tercero el estado en que se encuentran los bienes adjudicados a su favor y retirarlos cuando lo consideren necesario, previa cancelación de los gastos de custodia, lo que de no ser permitido da lugar para que los respectivos titulares inicien ante la justicia ordinaria un proceso de restitución de bienes, con las consecuencias jurídicas y económicas que ello comporta por la indebida retención de bienes.

 

En los anteriores términos se da respuesta a su consulta, no sin antes advertir que la misma tendrá el alcance del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo
 
 

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