AGOTAMIENTO DE RECURSOS EN LA ACTUACION ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016)

No. Interno: 19967

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

(....) 

 

Del agotamiento de los recursos en la actuación administrativa

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 135 del C.C.A.[1], cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo unilateral y definitivo de carácter particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios.

 

El agotamiento de los recursos de la actuación administrativa, se constituye, pues, en un requisito previo para acudir a la administración de justicia en procura de resolver una diferencia con la administración.

 

De otra parte, el artículo 720 del Estatuto Tributario prevé que contra las liquidaciones oficiales, las resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos en relación con los impuestos, expedidos por la Dirección de Impuestos Nacionales, procede el recurso de reconsideración. No obstante, la norma prevé una excepción: en caso de que se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique la liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración.

 

Acudir ante la administración para que esta revise su actuación antes de que sea llevada a juicio es un privilegio que le permite reconsiderar su decisión, modificarla o revocarla, antes de ser llevada ante la jurisdicción, pero también constituye una garantía al derecho de defensa del administrado, pues puede expresar su inconformidad con el acto ante la administración que lo creó.

 

Al respecto, la Sala en sentencia del 21 de junio de 2002[2], dijo:

 

“Destaca la Sala que la necesidad de cumplir con los presupuestos procesales de la acción y de la demanda obedece al principio de seguridad jurídica y a la necesidad de establecer reglas estrictas para juzgar la validez de las actuaciones de la autoridades dentro de las cuales se encuentran los medios de impugnación en sede administrativa, que cuando son obligatorios por tratarse de recursos de alzada, como lo es el de reconsideración, implica el debido agotamiento de la vía gubernativa que se hace efectivo con la interposición en debida forma que incluye la presentación dentro de la oportunidad legal, amén de las demás condiciones señaladas en las normas pertinentes, como requisito previo establecido en el citado artículo 135 del C. C. A. para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. La razón de la exigencia legal del señalado agotamiento deviene del principio llamado de la decisión previa que permite antes de acudir al medio judicial, que la administración revise sus propios actos y otorga a los administrados una garantía sobre sus derechos al presentar motivos de inconformidad para que sea enmendada la actuación si es del caso, antes de que conozca de ella quien tiene la competencia para juzgarla”.

 

Una vez se han decidido los recursos de la actuación administrativa y esta ha sido despachada desfavorablemente para el peticionario, este queda en libertad para acudir ante la jurisdicción a demandar la nulidad del acto, pero deberá impetrar las mismas pretensiones, con fundamento en los mismas razones de hecho y de derecho que presentó ante la administración, no obstante, estos argumentos pueden ser mejorados en sede jurisdiccional.

 

La Sala se ha pronunciado al respecto en varias ocasiones, en los siguientes términos:

 

“El agotamiento de la vía gubernativa es un presupuesto procesal de la acción,   que se encuentra consagrado en el artículo 135 del Código Contencioso  Administrativo tal y como fue modificado por el artículo 22 del Decreto 2304 de 1989, en los siguientes términos:

 

 “La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo”.

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 63 ibídem, consagra como hipótesis haber decidido los recursos en la vía gubernativa, lo cual implica la existencia de una discusión previa que el peticionario ha planteado a la Administración contra el acto administrativo de carácter particular y concreto y cuya decisión por esa vía no ha satisfecho las pretensiones del contribuyente.[3].

 

En el presente asunto se tiene que Liliana Villamizar Ramírez solicitó la nulidad de la Resolución Sanción Proveedor Ficticio No. 900027 del 3 de febrero de 2012. En la demanda, la contribuyente no indicó que hubiera presentado el recurso de reconsideración contra la resolución sanción, ni tampoco aparece en el expediente prueba de que dicho recurso hubiere sido agotado, pese a que el acto administrativo que demanda le concedió el término de dos meses para interponerlo, en los términos de los artículos 720 y 722 del E.T.

 

En esas circunstancias, como la demandante no probó haber agotado la vía gubernativa para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Sala se inhibirá de estudiar de fondo la controversia, pues la actora no le permitió a la Administración revisar su actuación con el objeto de modificarla o replantearla, si así lo hubiera considerado.

 


[1] Actual artículo 161 del CPACA.

[2] Expediente: 2500023270001999039001 (12382), demandante: HELECSAN LTDA, MP María Inés Ortiz Barbosa.

[3] Sentencia del 26 de septiembre de 2007, expediente 25000-23-24-000-2001-00082-01 (14847), magistrado ponente Juan Ángel Palacio Hincapié.

 

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